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Patrimonio aborda cómo eliminar la inscripción de La Redonda

R. Muro
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El Consejo debatirá entre quitar, sacar los sillares o imprimir masilla en las letras. La arqueóloga Álvarez Clavijo afirma que «el tiempo acabará borrándola»

Una de las inscripciones franquistas de La Redonda - Foto: Ingrid

El Consejo de Ptrimonio de La Rioja aborda este jueves, una vez más, y entre otros puntos del orden del día, la eliminación de las inscripciones franquistas de la Concatedral de La Redonda, de la iglesia de Santiago y de la de Palacio, situadas las tres en pleno casco antiguo de la capital riojana. El tema viene de lejos y el principal caballo de batalla reside actualmente en la técnica a usar para dar respuesta a la Ley de Memoria Democrática que obliga a retirar cualquier símbolo relacionado con la dictadira de Francisco Franco y después de que la Diócesis aceptara retirar los símbolos de los templos.

Sobre la mesa se pondrán tres posibles soluciones, si bien, ninguna de ellas satisface por completo a alguno de los miembros del Consejo ya que, en mayor o menor medida, resultarían lesivas tanto para el patrimonio eclesiástico como para la imagen de los templos. Así, se baraja la posibilidad de quitar directamente las inscripciones, opción que se presenta «impsible» a juicio de la arqueológa y miembro del Consejo en representación del Instituto de Estudios Riojanos (IER), Teresa Álvarez Clavijo. Otra de las opciones pasaría por «extraer los sillares y colocar unos nuevos lo más parecidos posible». Opción que tampoco termina de convencer puesto que modificaría la construcción original.

Y por último, la posibilidad de «rellenar las propias inscripciones con una masilla». Ésta última se presenta como la menos agresiva para el patrimonio si bien, «este tipo de masa tiende a ennegrecer de forma que con el tiempo la inscripción se ve más que antes», detalla Álvarez Clavijo.

Todo ello a la espera que el servicio de arqueólogos de la Comunidad autónoma traslade al seno del Consejo de Patrimonio alguna otra opción alternativa a las que se plantean hasta el momento. 

Con todo, y en opinión de Álvarez Clavijo, «la solución idónea sería dejarlas como están, ya que con el tiempo se van borrando y terminarán por no leerse». De hecho, según su propio testimonio «actualmente se ve menos que hace años».

Normativa sin soluciones. En cualquier caso, la norma aprobada en octubre del pasado año en su última y renovada versión, exige la retirada de cualquier símbolo asociado a una de las etapas más dolorosas de la historia de España. Sin embargo, el articulado de la Ley no llega con soluciones técnicas bajo el brazo. «No es lo mismo -detalla la arqueóloga que representa al IER en el Consejo de Patrimonio de La Rioja- retirar una escultura o una placa que está atornillada, que una inscripción en la fachada de una iglesia. Hay sitios en los que resulta una misión imposible», asevera. A su juicio es más urgente «solucionar las humedades de la torre de La Redonda que eliminar la inscripción».

Ahora bien, Álvarez Clavijo no manifiesta nada en contra de la Ley de Memoria Democrática pero «borrar las inscripciones, no consigue borrar la historia», argumenta al tiempo que insiste en las dificultades que genera la eliminación de este tipo de leyendas en las fachadas de los templos. También considera la arqueóloga que «es importante 

Así las cosas, el Consejo de Patrimonio de La Rioja se reúne de forma telemática este jueves con las soluciones técnicas menos agresivas para la retirada de tales inscripciones de La redonda, Santiago y Palacio. Los 18 miembros del órgano dependiente del Gobierno regional, según avanza Álvarez Clavijo, deberán votar por la solución que cada integrante considere más oportuna, y sobre todo, menos agresiva para el patrimonio. Pudiera darse un contexto de unanimidad o, por el contrario, optar por la decisión que elija la mayoría. 

El primero de los supuestos se presenta complicado ya que hay voces que abogan directamente porque el tiempo haga su trabajo y termine por borrar las inscripciones, que no la historia.

La masilla de la discordia 

La opción de impregnar de masilla de un tono lo más parecido posible a la fachada de La Redonda se presenta, a priori, como la opción menos agresiva para eliminar la inscripción franquista. Ahora bien, tal y como señala Teresa Álvarez Clavijo, los resultados que arroja esta técnica en la iglesia parroquial de Santa María de Fuenmayor «no son los esperados. De hecho, con las humedades esta masilla tiende a ennegrecerse y lo que se consigue es que las inscripciones se vean más». Una realidad que queda patente en la fachada de la parroquia de Fuenmayor.

Es una de las aproximadamente treinta iglesias en las que ya se ha actuado para eliminar inscripciones vinculadas a la etapa franquista, según los datos facilitados por la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Por delante, quedan aún otras diez iglesias repartidas a lo largo y ancho de la Comunidad autónoma en las que actuar para eliminar este tipo de inscripciones, sin contabilizar los tres templos de Logroño. Se trata de las iglesias situadas en Briñas, en la catedral de Calahorra, El Redal, Galilea, Sajazarra, San Asensio, Sojuela, Tirgo y Zarratón, teniendo en cuenta que en Fuenmayor ya se ha actuado con unos resultados no satisfactorios para los objetivos de Ley de la Memoria Democrática.

A todo ello habría que sumar otros elementos tales como placas que aún quedan expuestos a los ojos públicos en calles y plazas. En este sentido, los ayuntamientos se enfrentan con el problema de las placas o vestigios franquistas en fachadas de propiedades privadas. 

cartas a los vecinos. En diferentes municipios de España, los ayuntamientos han enviado cartas a las comunidades de propietarios en las que instan a retirar este tipo de placas de los edificios. En principio, los consistorios cuentan con la colaboración de los propios vecinos, a los que la Ley obliga también a retirar este tipo de simbología. 

Solo en el ámbito de la Comunidad autónoma, se estima que puede haber más de cuatrocientos símbolos, entre placas e inscripciones y en espacios públicos pero también privados. En algunos ayuntamientos, sobre todo en aquéllos de menos tamaño, se preguntan qué más pueden hacer más allá de informar a los particulares de sus obligaciones con la Ley de Memoria Democrática.