El Grupo Municipal del PP de Logroño ha pedido este miércoles que se reabra la Oficina Municipal de Vivienda "ante la confirmación de despido improcedente" de tres de sus extrabajadores, quienes recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) y este les ha dado la razón.
Así lo ha afirmado el portavoz de este grupo municipal, Conrado Escobar, en una rueda informativa, en la que, junto a la diputada popular Celia Sanz, ha analizado la confirmación, por parte del TSJR, de la sentencia que previamente se había dictado de que el despido de estos exempleados "había sido improcedente".
Sanz ha concretado que, cuando el actual Gobierno local decidió cerrar la Oficina Municipal de Vivienda, tres de los cuatro trabajadores que tenía recurrieron su despido al Juzgado de lo Social que "condenó al Ayuntamiento a readmitirles o a pagarles la indemnización que les corresponde".
Esta sentencia, ha proseguido, fue recurrida por el Consistorio logroñés, "pero ahora el TSJR ha confirmado esta sentencia y la improcedencia de ese despido", a la que suma una condena a pagar los honorarios de los letrados de los extrabajadores.
Ha estimado que si el Ayuntamiento de Logroño opta por la indemnización, esta será de entre 270.000 y 300.000 euros en total, a lo que se suman los honorarios de los abogados, de unos 1.200 euros aproximadamente por trabajador que ha recurrido, es decir, un total de unos 3.600 euros, según sus datos.
Escobar ha explicado que esta sentencia, que ha calificado de "varapalo judicial", comporta "unos costes económicos que, quizá, sean lo menos relevante, lo más preocupante es que es un retroceso muy considerable en política de vivienda".
"Constatada la necesidad de que ese servicio se mantenga, la primera petición que hacemos es reabrir esa Oficina Municipal de Vivienda", ha subrayado, a la que se suman que el Consistorio establezca ayudas directas al alquiler, el aval municipal para la primera vivienda y recupere las ayudas para las Inspecciones Técnicas e Edificios (ITE).
Ha demandado al Ejecutivo municipal que explique "qué va a hacer en adelante" tras la confirmación de esta sentencia, que es el resultado de que, "en su momento, renunció a desarrollar su propia política de vivienda y cerró un recurso que venía funcionando con satisfacción de quienes acudían".
Por su parte, Sanz ha incidido en que la repercusión económica de esta sentencia recaerá en las arcas municipales y esa decisión "desafortunada" del cierre de esa oficina tendrá un doble coste para Logroño porque ha privado a la ciudad de un servicio "esencial".
"Las decisiones se deben tomar valorando las consecuencias y los efectos colaterales", ha precidado, por lo que el Grupo Popular ha criticado que "la gestión del Gobierno local no está siendo la más adecuada porque se toman decisiones sin valorar las consecuencias económicas que pueden tener para Logroño".