La Comisión Europea ha vuelto a señalar los dos problemas endémicos de la economía española y, con ello, los escasos avances en la corrección de algunos de los principales desequilibrios del país en los últimos años. La institución comunitaria advierte de los elevados niveles de paro y de deuda, tanto pública como privada. El cuadro de alertas se completa con una llamada de atención sobre las dudas para la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones tras la cuestionada reforma del Ejecutivo; un parche para aplazar unos pocos años una reforma impopular y de mayor calado.
La guerra de Ucrania y el alza de los precios de los insumos que comenzó en los meses previos al conflicto han aconsejado mantener en suspenso las reglas de sostenibilidad al menos hasta el próximo año para mantener las economías europeas en la senda de crecimiento. En el caso español, cualquier avance se ve entorpecido por el pago de los intereses de la deuda pública, que llega al 118% del PIB, y por los riesgos asociados a la acusada morosidad del sector privado que, como ocurrió en la crisis de 2008-2012, puede terminar estrangulando a los sectores productivos. Además, la situación se agravará significativamente cuando el Banco Central Europeo, tal y como ha anunciado, limite sus programas de compra de deuda pública, lo que encarecerá el precio del dinero a los gobiernos, las empresas y los particulares y detraerá fondos para la inversión y el consumo. En este contexto es muy previsible que la tasa de paro, que aún no se ha recuperado de la recesión de aquellos años, vuelva a crecer.
Un elevado nivel de deuda como el español es inasumible en cualquier escenario, pero lo es más si está sostenido en un crecimiento desproporcionado del gasto público corriente, muchas veces improductivo. Las tesis que mantiene un sector del Gobierno de que los Presupuestos Generales del Estado lo pueden todo se da de bruces con la realidad de que cualquier gasto debe ser financiado y, generalmente, suelen soportarlo los pequeños y medianos empresarios y las clases medias. El populismo suele ser un lujo caro para cualquier país y hay ejemplos de sobra en el planeta de sus consecuencias en los ciudadanos.
Cualquier avance en la construcción de una economía sana y con un crecimiento sostenido, capaz de soportar el Estado de Bienestar, debe reducir de forma significativa estos desequilibrios señalados - deuda y paro - y ello sólo será posible en un contexto de planificación a largo plazo, seguridad jurídica y de responsabilidad fiscal, premisas que colisionan contra las tendencias más populistas del Ejecutivo. Como en cualquier empresa, un verdadero programa de reformas estructurales que reduzca los gastos de funcionamiento y ponga el acento en la competitividad es la mejor garantía para mantener los servicios públicos, los derechos sociales y, muy especialmente, el mayor instrumento de solidaridad intergeneracional que son las pensiones.