A mediados del próximo mes de marzo se cumplirá un año del sorprendente giro de España en política exterior en relación a su tradicional postura sobre el Sáhara. Con el fin de cerrar la larga y tensa crisis que se abrió con Marruecos tras permitir la entrada del líder del Polisario, Brahim Gali, para ser intervenido quirúrgicamente en un hospital de Logroño, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, certificó su apoyo a las tesis marroquíes para que el Sáhara, la antigua colonia española, se convierta en una provincia autónoma bajo tutela y control de Rabat. El líder socialista, daba así carpetazo a la vieja aspiración de los saharauis de celebrar un referéndum de autodeterminación. 

«España considera la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del conflicto», rezaba la carta que el presidente dirigió al monarca alauita, Mohamed VI. Un posicionamiento que suponía un volantazo radical a la postura histórica de Madrid, alineada con la resolución de Naciones Unidas en la búsqueda de una solución pactada al contencioso, evitando apoyar de forma explícita tanto a Marruecos como al Frente Polisario, las dos partes enfrentadas por la soberanía de este territorio -antigua colonia española- de 266.000 kilómetros cuadrados. Se ponía así fin a 46 años de neutralidad.

Argumentó el Gobierno que este cambio serviría para dar más estabilidad a las relaciones entre ambos países y aumentaría también la cooperación en la lucha contra la emigración ilegal y las mafias. Sin embargo, el respaldo a las tesis de Marruecos sobre el Sáhara chocó de frente con la postura de Argelia, enemigo acérrimo de Rabat y principal proveedor de gas a España. Argel ya se refirió en marzo a esta cuestión como «una segunda traición», en alusión al acuerdo firmado de noviembre de 1975, pocos días antes de la muerte de Franco, por el que España cedía la antigua colonia a Marruecos y Mauritania. «Teníamos relaciones muy sólidas con el Estado español, pero su Jefe del Gobierno lo ha roto todo», acusó el presidente del país magrebí, Abdelmayid Tebune, antes de añadir que el cambio de postura es «ética e históricamente inadmisible».

El Ejecutivo socialista, en cualquier caso, persiste en su política de mano tendida al país alauita. Días atrás, sin ir más lejos, Pedro Sánchez y 11 de sus ministros acudieron a una nueva Reunión de Alto Nivel (RAN) con el Gobierno de Mohamed VI para seguir estrechando vínculos. Curiosamente, aunque el PSOE anunció a bombo y platillo este encuentro, los resultados fueron de escaso calado y el plantón dado por el monarca magrebí se interpretó, de forma general, como un gesto de desaire hacia España.

En trazo grueso, el balance del sorprendente cambio de posición de Pedro Sánchez se traduce en menos inmigración (Rabat, que siempre maneja a su antojo este elemento sensible, ejerce ahora una mayor vigilancia fronteriza) y un aumento de las relaciones comerciales con el país norteafricano. Pero ha tenido también efectos muy negativos, pues la ruptura con Argelia es prácticamente total. 

Lo que es innegable, es que el giro sobre el Sáhara ha desequilibrado la relación comercial con el Magreb. En 2020, España exportó bienes y servicios a Argelia por un valor superior a los 2.900 millones de euros de los que casi 2.400 correspondieron a productos industriales y tecnológicos. Argelia solo compró más a Francia e Italia dentro de la Unión Europea. Por su parte, las importaciones españolas desde Argelia supusieron algo más de 3.850 millones. De ellos, más de 3.600 fueron compras de combustibles y sobre todo gas natural, tanto por gasoducto como con metaneros.

Así las cosas, un movimiento comercial de más de 6.700 millones de euros ha quedado bloqueado en su casi totalidad tras la enemistad con Argel. Las ventas se han desplomado en más del 90 por ciento.

10.000 millones con Rabat

Los expertos afirman que, por el contrario, las exportaciones a Marruecos están lanzadas. Después de la pandemia, el comercio con el vecino norteafricano se ha recuperado con bastante rapidez. Las exportaciones españolas a su territorio superaron los 10.000 millones de euros en 2022 (10.839), lo que representa un aumento de 12,7 por ciento respecto al año anterior y del 28,2 en comparación con 2019. También las importaciones procedentes de allí han crecido: de 6.962 millones en 2019 a 8.096 millones en 2022, lo que marca un alza del 16 por ciento.

La inmigración cae un 23%

La entente cordial que ahora visibilizan Madrid y Rabat se traduce también un recorte importante de la inmigración ilegal.

Desde comienzos del año pasado y hasta mitad de diciembre llegaron casi 30.000 irregulares: es la cifra más baja desde 2017 y supone una caída del 23 por ciento respecto a 202. En los años más duros de conflicto diplomático, Marruecos siempre utilizó a los extranjeros aguardando ansiosos en la frontera como un arma de presión política.

 El recorte obedece al mayor control que está ejerciendo Marruecos en su costa atlántica tras la reconciliación con España, pero también a las barreras que Mauritania, Senegal, Gambia o Argelia imponen a los emigrantes. La mayor cooperación del país alauita y de Madrid en la lucha contra las mafias es, según las autoridades españolas y marroquíes, otro de los factores que ha influido.

La apuesta del Gabinete socialista para relanzar las relaciones con Rabat es total pero también muy arriesgada. Incluso en clave interna porque fue muy criticada tanto por la oposición como por parte de sus socios de coalición y también de sus aliados. Luces y sombras, en definitiva, de lo que fue un paso exprés del odio al amor.