La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha defendido este martes la Ley de la Cadena Alimentaria como "un instrumento útil para lograr unas retribuciones más justas" para los agricultores y ganaderos. Andreu ha intervenido en la clausura de la Jornada sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, organizada por el Gobierno de La Rioja en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Bodega Institucional de La Grajera, ha detallado el Ejecutivo regional en una nota. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, ha inaugurado esta jornada, en la que también han participado el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández. La presidenta riojana ha recalcado que el cumplimiento de esta Ley "beneficia a todos y, por tanto, es una labor colectiva cumplirla y es necesario que todos los actores interesados asuman el cambio positivo que supone esta norma y hagan esfuerzos por darla a conocer y, sobre todo, por aplicarla en todos los eslabones de la cadena alimentaria". La responsable del Ejecutivo regional ha recordado que, con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de esta norma aprobada en diciembre de 2021, el Gobierno regional pondrá en marcha una mesa de trabajo sobre responsabilidad social del sector agroalimentario y promoverá la adhesión de los integrantes de la cadena alimentaria a un manifiesto de precios dignos. En este sentido, ha recordado que el Gobierno de La Rioja fue pionero en España con la creación del Observatorio de Precios con análisis de los costes de producción y la información publicada por este organismo servirá de base, además, para elaborar los planes anuales de control que, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, van a facilitar que los precios que se paguen cubran los costes de producción. Andreu ha calificado la Ley de la Cadena Alimentaria como "una de las reformas clave de la legislatura a nivel nacional" y ha subrayado que pretende dar respuesta "a una reclamación histórica de los productores y de las organizaciones agrarias a la que se ha sumado, recientemente, gran parte de la sociedad". Con esta nueva legislación se abre "un nuevo horizonte en el sector agroalimentario", ha subrayado. "Disponemos ahora de un marco protector y garantista que podemos y debemos utilizar para defender los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. El sector debe evolucionar para cuidar y valorar su eslabón más necesario", ha concluido. Por su parte, durante la inauguración, Hita ha destacado la contribución de esta jornada divulgativa y la presencia de ambos representantes del Ministerio de Agricultura "para difundir el espíritu y contenido de una Ley que, sin duda, supone un cambio de cultura en la cadena agroalimentaria en favor del equilibrio, la transparencia y la creación de valor en todos sus eslabones, en especial, y esa es su piedra angular, para el sector primario". La Ley de la Cadena Alimentaria del Gobierno de España establece la prohibición de la venta a pérdidas; la transparencia en la formación de precios, con los costes de producción como base de los contratos, así como una mayor transparencia en la contratación, con una obligatoriedad de las relaciones contractuales mediante el registro de contratos, que será operativo desde el 1 de enero de 2023. En su puesta en marcha y actualización colaborarán el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas. La nueva Ley de la Cadena Alimentaria amplía también el ámbito de aplicación, en el escenario geográfico y de operadores, intensifica la lucha contra las operaciones comerciales desleales y se refuerzan los mecanismos de gestión y control. Miranda ha asegurado que la aplicación y cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria "es un ejercicio colectivo que depende del concurso de todos" y ha destacado que España "siempre ha ido por delante de la regulación de las prácticas comerciales desleales y en el impulso la Ley de la Cadena" en el contexto de la Unión Europea. En este sentido, ha mencionado que esta segunda generación de la Ley de la Cadena Alimentaria –una vez modificada la Ley de la Cadena de 2013 y traspuesta la Directiva del Parlamento Europeo sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos- es "notablemente más ambiciosa". El secretario general de Agricultura ha enfatizado que "la pieza clave de la ley es el contrato escrito. El primer elemento de control es el contrato y es lo que da estabilidad a la relación entre las partes, que quedan regladas. El contrato es un vehículo de ordenación de la oferta". Por su parte, la directora general de AICA ha hecho hincapié en el establecimiento en la Ley de la Cadena Alimentaria "de la obligatoriedad de los contratos por escrito que se amplían a todas las relaciones comerciales, independientemente del tamaño de ambas partes". La excepción a esta obligatoriedad serán los contratos menores a 1.000 euros, mientras que la ausencia de contrato por escrito o la no incorporación en el contrato alimentario del precio será considerada infracción grave y sancionable. Hernández ha recordado que no existe un modelo de contrato alimentario, sino que su contenido viene recogido en el propio articulado de la Ley de la Cadena Alimentaria; asimismo, ha informado de que los contratos alimentarios deben formalizarse siempre antes de la entrega de los productos, firmarse y registrarse con todas las modificaciones que se sucedan en el tiempo en un registro digital que será operativo desde el 1 enero de 2023.