Con un modelo que caducó en 2014, y encarando la fase final de la crisis sanitaria, los presidentes de los gobiernos autonómicos han vuelto a centrar su interés en un asunto para el que la política española encuentra difícil encaje, la financiación autonómica. 

Hace unos días,  el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, abrió la espita sobre la necesidad de debatir la reforma de un obsoleto modelo de financiación autonómica con el objetivo de consolidar la «igualdad real» de todos los españoles en cuanto al acceso a los servicios públicos básicos, una reflexión que encontró el aplauso del gallego y popular, Alberto Núñez Feijóo.

Esta alianza entre barones de diferentes partidos ha subido esta semana varios escalones con una nueva reunión entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), y su homólogo valenciano, Ximo Puig (PSPV-PSOE), que llevan manteniendo contactos estrechos desde el verano, un encuentro que ha revuelto el ambiente.

Los presidentes de ambas autonomías han plasmado en un documento sus principales reivindicaciones, que se concretan en más recursos del Estado, un fondo de compensación hasta que haya nuevo modelo y que se imponga el criterio de «población ajustada»

Detrás de todos estos movimiento subyace una cuestión complicada, que divide a las comunidades, independientemente de su color, entre las que consideran que la financiación se debe fijar en función de la población o las que entienden que  se deben primar criterios como el envejecimiento y el reto demográfico.

El consejero riojano de Hacienda, Celso González, coincide en que es necesaria la reforma de un «anticuado» sistema de financiación autonómica para cubrir las necesidades de todas las comunidades, aunque él mismo reconoce su complejidad . «Cada uno tiene sus propias razones para decir que su comunidad autónoma está peor tratada», explica el consejero, que detalla que si se toma como base la demografía «recibirían mejor tratamiento aquellas comunidades que cuentan con más habitantes»  en detrimento de territorios con menor población y más dispersa, como es el caso de La Rioja, donde hay 174 municipios, de los que 78 tienen menos de 100 habitantes.

 A este respecto, el responsable de las arcas públicas, afirma que el objetivo que hay que  perseguir y lograr con la financiación autonómica es que «absolutamente todos los españoles estén tratados de la misma manera en relación con el servicio que reciben» y es, en este aspecto, donde está la clave de las diferencias, «el coste efectivo no es el mismo para una población de 100 que 10.000 habitantes».

González resalta que es un asunto que «tenemos todos claro», la necesidad de combatir la despoblación y que todos los ciudadanos, «cualquiera que sea el lugar donde residan», tengan, «con el mismo nivel»,  los servicios públicos cubiertos.

Hasta el último rincón. En este contexto, el Gobierno de La Rioja defiende que se garantice «el coste efectivo» del servicio público  que se preste a los ciudadanos, independientemente del lugar donde se encuentren. El titular riojano de Hacienda asegura que están en contacto con todas las comunidades para sacar adelante un nuevo sistema de financiación autonómica y, aunque reconoce que para que cualquier negociación depare un resultado fructífero han de ceder todas las partes, defiende que su criterio, que debe ser compartido por el resto de territorios, es que los servicios lleguen «al último rincón» de España.

Hace tres años, en septiembre de 2018, seis comunidades, La Rioja, Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, ya firmaron una declaración conjunta en la que requerían una reforma del sistema de financiación que garantice niveles similares de servicios públicos en todas las comunidades autónoma, un compromiso que sigue vigente.

«Las comunidades autónomas que estamos en esa situación, en la que la población está muy dispersa seguimos defendiendo el mismo criterio, el que ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha», explica González que constata que las regiones más pobladas apuestan por la financiación conforme al número de habitantes.

«Esperamos que el acuerdo sea el más justo para todas», confía el consejero, que no espera tensiones en el seno del Partido Socialista, con presidentes autonómico con posturas divergentes.

En este orden de cosas, el Gobierno de España se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, realizó ayer en el Congreso «un llamamiento al consenso y el espíritu de diálogo». Reiteró que en noviembre presentará un primer informe para la reforma, en el que se analizarán los criterios de población ajustada y su definición.

Al respecto, y según informa Efe, señaló  que se tendrá que definir cómo se debe computar el envejecimiento, cuánto pesa la población infantil respecto a los recursos educativos, o qué tipo de elementos hay que tener en cuenta para el criterio de población ajustada refleje la realidad y las necesidades a las que el sistema de financiación debe dar respuesta.