Sí, ahora el error de Pedro Sánchez se apellida Montero. Pero no Irene, que ese es un error ya cronificado. El 'nuevo' dislate también se apellida Montero, pero se llama María Jesús. Ahora empiezan a verse los perversos efectos de designar 'número dos' del partido a quien ejerce nada menos que la labor de ministra de Hacienda en el Gobierno. Cargos, como acabaremos viendo, incompatibles, cuando también comprobamos que la política fiscal se convierte en un arma electoral para esa maquinaria de intentar ganar elecciones que es el 'aparato' del PSOE.
Lo menos que puede decirse de las medidas fiscales anunciadas esta semana por la titular de Hacienda es que llaman a la confusión -no hay más que ver cómo titulan y analizan el tema los periódicos de diversas tendencias- e inducen a pensar en una cierta inseguridad jurídica. Y no solo para 'los ricos', sean estos cuantos sean, porque tampoco existe una precisión cuantitativa ni sobre su número ni acerca de qué cantidades manejamos para considerar 'ricos' a los contribuyentes; también para esas difusas 'clases medias' a las que continuamente se invoca como presuntas beneficiarias de la acción gubernamental.
Para colmo, se ha producido una auténtica revuelta fiscal en determinadas autonomías regidas por los socialistas, disconformes con los primeros planes del Gobierno central en materia impositiva y dispuestas a reducir impuestos con las elecciones autonómicas y municipales de mayo a la vista. Tanta ha sido la disconformidad autonómica, con una 'rebelión' iniciada por el presidente de la Generalitat valenciana, que el propio Ejecutivo ha tenido que hacer retoques de consideración a sus propios proyectos iniciales. Es una carrera 'a la baja' hacia las urnas -no solo en el PSOE, claro- y sálvese quien pueda.
Y es aquí donde la bicefalia se convierte en una acción imposible: una ministra de Hacienda no puede simultanear su función en este Departamento con la captación de votos, simplemente porque son tareas incompatibles, a menos que se quiera admitir que la política fiscal de un país tiene como destino exclusivo la práctica del más descarado electoralismo. Y casi estoy a punto de decir lo mismo de la ministra de Educación, otro pilar de un sistema de bienestar, a la que también se ha derivado al pluriempleo de tener que ser portavoz del partido, con lo que ello implica de 'guerra' contra el adversario.
Fiscalidad y Educación son, entiendo, cosas muy serias en la tarea de gobernar un Estado y no pueden simultanearse, como se intenta hacer desde que el pasado mes de julio se remodeló la cúpula dirigente del PSOE, con dedicaciones ajenas a estas materias, que son clave en la ordenación de un país. O se da muy poca importancia a la planificación impositiva y a la educativa en España o se está, nuevamente, minimizando la labor del partido que sustenta al Gobierno, destinando a este partido a ser meramente un engranaje para ganar elecciones y no para movilizar a la sociedad con proyectos que la mejoren.
La falta de sentido del Estado se acaba pagando siempre en las urnas. La demagogia fiscal -'ricos' contra 'pobres'-, también. La dispersión de la financiación territorial -ya hemos dicho que las autonomías van por libre cada día más en este terreno- acaba siendo letal para la cohesión de un país.
Aquí, o alguien está tomando decisiones pensando apenas en las urnas de 2023 o está cometiendo errores de bulto como estadista. O ambas cosas, claro. Y está feo señalar.