El plazo se ha terminado para un colectivo que teme que la falta de regulación autonómica ponga en peligro su actividad de vehículos de transporte con conductor (VTC), como los de Uber o Cabify. Una situación que puede provocar que desde este 1 de octubre alrededor de 6.500 titulares de licencias de este tipo se vean obligados a dejar de operar trayectos urbanos.

Así, del período transitorio de cuatro años que el Gobierno concedió a las comunidades autónomas para que regularan la actividad de los VTC, únicamente Cataluña, Madrid y Andalucía, que lo ha hecho esta semana in extremis,  han aprobado leyes autonómicas claras que permitirán al sector seguir operando en trayectos urbanos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha defendido en los últimos días que las autonomías han contado con «tiempo suficiente» para aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de servicios de VTC en sus territorios, incluyendo posibles prórrogas.

Sin embargo, el sector está en alerta y viene reclamando una ampliación de este plazo, al considerar que no ha sido suficiente para compensar o amortizar la inversión efectuada por los propietarios de las licencias debido a la paralización de la actividad por el estado de alarma en la pandemia y las sucesivas restricciones a la movilidad, y la imposibilidad de obtener ingresos.

En este sentido, Cabify, una de las compañías más grandes del sector, ha llevado el conflicto a la calle en los últimos días con una campaña que interpela directamente a la ministra del ramo, Raquel Sánchez, haciendo público el número de viajes que se han contratado desde y hasta la sede del ministerio a través de su plataforma.

Como respuesta, el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana ha dicho que estudiaría la posibilidad de tomar «las medidas que se estimen convenientes» contra Cabify, y ha vuelto a recordar que «carece» de competencias reguladoras en este ámbito tras el real decreto que se aprobó en 2018 bajo el mandato del anterior ministro, José Luis Ábalos, cuando la llamada guerra del taxi estaba en pleno auge.

Precisamente, el conocido como decreto Ábalos es el punto de partida del conflicto, ya que establecía que en el plazo de cuatro años los titulares de licencias de VTC solo podrían realizar trayectos interurbanos lo que, en la práctica, supone que la mayoría de estos vehículos debían dejar de operar, al realizar actualmente el grueso de sus desplazamientos en núcleos urbanos.

Sin embargo, habilitaba a las comunidades a regular la actividad urbana de los VTC, en aspectos como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.

Para ello, daba a las comunidades cuatro años para que regularan durante un tiempo que serviría a su vez como suerte de indemnización para que los dueños de las licencias pudiesen recuperar la inversión realizada.

Concretamente, el Ministerio recibió y resolvió un total de 16.610 solicitudes de ampliación del gremio que, en su momento, fueron valoradas en tiempo y forma, pero se han tenido que volver a analizar después de que la Justicia determinase que debían ser estudiadas por funcionarios públicos, y no por la consultora Ineco, como sucedió en primera instancia.

La Dirección General de Transporte Terrestre se ha encargado de revisar nuevamente todas las solicitudes atendiendo a dos criterios: el coste de la licencia y el del vehículo, siempre que se adquiriera en una fecha posterior al 30 de septiembre de 2014.

Silencio

La postura oficial de las dos empresas afectadas respecto al conflicto, Uber y Cabify, es no hacer declaraciones. Mientras Uber asegura que hablará cuando se apruebe la legislación en Andalucía, por su parte, Cabify se limita a anunciar que recurrirá las solicitudes de ampliación rechazadas que correspondan a su grupo, aunque no especifica un número.