El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno riojano, Pablo Rubio, ha descartado este jueves que el teléfono móvil de la presidenta autonómica, Concha Andreu, fuera "pinchado" durante el ingreso hospitalario en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

Rubio ha intervenido en el pleno del Parlamento de La Rioja para responder al diputado popular Carlos Cuevas sobre "si conoce el Gobierno regional si, mediante la aplicación Pegasus, pudo ser pinchado el teléfono de la presidenta en el marco de la operación de acogida de Brahim Gali en el Hospital San Pedro", informa Efe.

Este consejero ha reconocido que conoce, sobre este asunto, "la parte que se puede conocer, porque la sabiduría y el conocimiento siempre es limitado".

También ha aludido a la "supuesta" atención hospitalaria de Gali, lo que ha originado las protestas de la bancada popular, y ha recordado que este Parlamento, "de forma reiterada", manifiesta en declaraciones institucionales su apoyo al respeto de los derechos humanos de la población saharaui.

"Si hubiera el caso de una persona que requiere una atención hospitalaria, en la medida de lo posible (trabajaremos para que) pueda ser atendida. Eso nos dignifica como condición humana", ha concluido.

Cuevas ha ironizado que "igual el teléfono de Andreu fue 'hackeado', pero ustedes no lo conocen todavía porque el señor Pedro Sánchez no se lo ha contado".

Ha indicado que "era interés de Marruecos toda aquella operación", en la que los miembros del Gobierno regional fueron "sumisos y subordinados a Sánchez para acoger en La Rioja a Brahim Gali y darle tratamiento en el Hospital San Pedro".

Este diputado popular ha preguntado si es cierto que la estancia hospitalaria en Logroño del líder del Frente Polisario costó 160.000 euros, como han publicado algunos medios de comunicación.

También ha censurado que Andreu manifestase públicamente la semana pasada que no le preocupaba que hubiesen espiado sus conversaciones por la "total transparencia en su gestión".

A su juicio, estas declaraciones contrastan con la actitud que muestra el Gobierno riojano hacia la oposición, ya que "no ha contestado adecuadamente ni a tiempo" el 41 por ciento de sus iniciativas.

En el pleno, la consejera de Salud, María Somalo, también ha respondido a un pregunta del portavoz parlamentario popular, Jesús Ángel Garrido, sobre el pago al exgerente de la Fundación Hospital de Calahorra Fernando India de la matrícula de un programa de desarrollo directivo en el IESE por un valor de 25.560 euros.

Somalo ha replicado que el Gobierno "no solo tiene a los mejores profesionales, quiere tener a los profesionales mejor formados, porque asumen la gestión de un servicio que este Ejecutivo considera esencial".

Ha asegurado que muchos altos cargos y gerentes de instituciones sanitarias de otras comunidades tienen este mismo curso y ha recordado a Garrido que los ejecutivos populares también financiaban esa formación, como hizo a la exgerente del Servicio Riojano de Salud María Luz de los Mártires Almingol.

"Parece que no les parece importante o no ven necesaria esa formación, a nosotros sí, no queremos gerentes mediocres. Esto es puro oportunismo político por denunciar algo habitual que hacen los servicios de salud de todas las comunidades", ha criticado.

Garrido ha considerado "escandaloso" que se pagara "por la cara" un curso de 25.560 euros a India, lo que supuso un "despilfarro de dinero público", porque dimitió antes de acabarlo y no puso al servicio de los riojanos todo lo aprendido, ya que no le pusieron una cláusula de permanencia, "como a los móviles".

"Hay muchas zonas oscuras y huele a decisiones arbitrarias", ha recalcado, ya que la factura de la matrícula de ese curso de formación la pagó la Fundación Rioja Salud.

También le ha preguntado a Somalo qué ha pasado con los dos expedientes de reclamación de devolución de esa matrícula.

En el pleno, la diputada del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha preguntado cuánto dinero proveniente del Gobierno de España se ha tenido que devolver, por falta de ejecución, del importe transferido para exhumaciones y memoria democrática de la conferencia sectorial del 2021.

Moreno ha precisado que se asignaron a La Rioja 57.000 euros para financiar diversos proyectos presentados que se deberían haber ejecutado durante el año pasado.

La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero, ha precisado que solo han quedado 4.509 en remanente, que pasan a la asignación de 2022, y se han realizado diversas intervenciones, como el mapa de fosas, intervención en varias fosas y acciones de divulgación.