Es un drama perpetuo, aunque a veces, por tratarse de algo tan cotidiano, parece que pierde su dureza y su crueldad. América Latina es una tierra donde las desapariciones forzadas se han convertido en una tragedia permanente. Y México es uno de los países con una tasa más alta, tras superarse hace apenas unos días la cifra oficial de 105.000 personas cuyo rastro se desconoce -se alcanzaron los 100.000 en mayo, por lo que se han notificado 5.000 nuevas en apenas cuatro meses-. Un dato que llega en medio de la polémica del caso de los estudiantes de Ayotzinapaya -del que está a punto de cumplirse su octavo aniversario- y con un complicado panorama en el que los pocos avances son logrados por los familiares y no por las autoridades, en muchas ocasiones culpables de estos crímenes.

«Lo cierto es que hay una grave crisis de desapariciones en México, que hay una grave crisis forense y que esto tiene mucho que ver con el modelo de seguridad de nuestro país», lamenta Alejandra Elguero, abogada del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La situación es preocupante. Y es que si en mayo se alcanzó la dramática cifra de 100.000 personas desaparecidas, en menos de cuatro meses se ha sumado al balance otras 3.000 víctimas, según el último informe ofrecido a finales de agosto por el Registro Nacional de Desaparecidos.

La crisis forense, con más de 52.000 restos humanos sin nombre, tal y como constatan los datos oficiales, constituye también una de las principales trabas para acceder a la verdad y a la justicia.

Los casos de miles de personas, después de haber sido localizadas sin vida, llegaron a dependencias de las fiscalías y de ahí volvieron a desaparecer.

Así ocurrió con Israel Hernández, secuestrado en 2012. Su hermana Edith y el resto de su familia lo buscaron durante cuatro años hasta que se exigió la exhumación de la fosa común de Tetelcingo, en el céntrico estado de Morelos, donde se encontraron 117 cuerpos que el Estado enterró asegurando que nadie los había reclamado.

«Él era uno de los que el Estado decía que nadie buscaba», lamenta Edith, quien a pesar de haber recuperado el cuerpo de su hermano continúa participando en labores de búsqueda y compartiendo el conocimiento que adquirió en esos años.

Su compañera Tranquilina Hernández, quien busca a su hija Mireya Montiel desde que desapareció en 2014, cuando tenía 18 años, asegura que aceptar que existe una crisis forense no es suficiente si no hay acciones reales de las autoridades. «Que hagan algo para terminar con ello», suplica.

Aunque la identificación la realizan las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República (FGR), según la ley general en materia de desapariciones forzadas que entró en vigor en 2018, debe crear un banco de datos forenses que a la fecha no se ha creado. «La omisión de la FGR ha implicado que hay menos identificaciones», considera Elguero.

Cada vez hay más

Además de la no identificación de restos, las personas siguen desapareciendo en México.

«Esta cifra es acumulada, no es algo que sucedió de pronto, pero la mayoría de los casos son recientes, la gran mayoría de 2006 a la fecha», detalló la experta, quien añadió que, según datos oficiales, el 60 por ciento de las desapariciones en la actualidad son de personas menores de 35 años. Además, cada día se pierde el rastro de seis niñas y mujeres en la nación azteca.

Y esto, opinó Elguero, no va a cambiar si el camino de la seguridad en el país continúa siendo la militarización, que ha ido fortaleciéndose con la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, creó como civil pero que pasará en los próximos meses a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El gran paradigma

Esto a pesar de la vinculación de diferentes cuerpos policiales y militares con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014 en el sureño estado de Guerrero la noche del 26 de septiembre.

Este caso retrata la lacra que se vive en México y, aunque actualmente parece que está tomando, después de ocho años, el camino de la verdad, todavía falta mucho por andar.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa publicó el pasado 18 de agosto un reporte en el que dio por muertos a los 43 estudiantes y determinó que fue «un crimen de Estado». Con esto y otros datos se establecieron avances en las investigaciones, pero hace unos días las familias aseguraron que continuarán buscando a los jóvenes con vida.

«A ellos (las familias) lo que les interesa es tener acceso a la verdad, pero que sea una verdad consistente, que haya pruebas consistentes para que ellos puedan tener la información de lo que ocurrió», explica la experta.

Y como ellos, miles de personas en la nación azteca exigen que las investigaciones sean profundas y que encuentren a sus familiares. Algunas se van quedando por el camino porque los años pasan sin justicia, pero la lucha es incansable.

«No se me hace normal ni natural que las personas estén desapareciendo, que el Estado haga caso omiso y que la sociedad civil sea insensible», espeta Edith, quien sigue trepando cerros y reclamando a funcionarios que hagan su trabajo.

«A las mamás, hay que decirles que no están solas. Vale llorar pero también vale limpiarse los mocos y seguir adelante, porque si no lo hacemos nosotras nadie lo va a hacer. No están solas», zanja, por su lado, Tranquilina.