CSIF ha exigido al consejero de Educación, Luis Cacho, que convoque urgentemente a la Mesa Sectorial para negociar las condiciones laborales del profesorado en su regreso a las aulas previsto para el próximo mes de septiembre. CSIF, en una nota, ha añadido que muchos docentes se sienten "desconcertados y abandonados" por la Administración ante la disparidad de criterios aplicados por los distintos centros educativos y los riesgos psicosociales sufridos durante la crisis sanitaria de la COVID-19.
Ha recordado que las últimas instrucciones de la Consejería de Educación hacen recaer toda la responsabilidad de la apertura de los centros en los directores y en el resto de docentes, quienes, además de no disponer de medios, no son técnicos especialistas en prevención y deben organizar la enseñanza telemática a la vez que la presencial. Este sindicato considera que el curso actual debe terminarse con la adaptación telemática y comenzar la planificación del nuevo con inversión en apoyos y refuerzos.
Esas instrucciones, ha señalado, han creado una gran incertidumbre generalizada en las medidas a tomar en los centros, debido a la heterogeneidad en la manera en que se están adoptando en cada uno de ellos. CSIF ha considerado que, desde el estado de alarma y la instauración del teletrabajo, los docentes acusan una conexión digital permanente, lo que les ha conducido a "una sustancial pérdida de su tiempo libre y conciliación de su vida familiar". También ha censurado el uso profesional de los dispositivos y números de teléfono personales, lo que comporta un menoscabo de la privacidad del profesor frente a toda la comunidad educativa.
Entiende que es preocupante la disponibilidad absoluta que sufren los profesionales en cuanto a las notificaciones de instrucciones por parte de la Consejería de Educación, ya que se producen "en días y horas intempestivas" y "sin la razonable antelación para poderlas llevar a cabo correctamente". CSIF considera imprescindible prever y contar con los medios materiales y técnicos, junto con los efectivos personales suficientes, para asegurar la salud pública y el correcto manejo de la situación actual, teniendo en cuenta las diferentes realidades y su extensión a toda la comunidad educativa con la suficiente antelación, que permita un margen de maniobra.
Ha recordado a la Administración que su obligación es velar por la conciliación de la vida personal y laboral de los docentes, dar flexibilidad y adaptación horaria a la nueva situación, en todos los casos en que sea necesario; y con respecto a la privada de cada profesional.