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La Rioja desembolsará 9 millones para los efectos de la guerra

Feli Agustín
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El Gobierno diseña un paquete de medidas económico-social, con 2,5 millones para las empresas por la subida de la energía

Reunión extraordinaria de ayer del Diálogo Social. - Foto: Óscar Solorzano

Las consecuencias económicas de la pandemia eran todavía patentes al inicio de 2022, que venía marcado por una fuerte tendencia inflacionista y una desaceleración del crecimiento mundial, que se dejaba sentir también en España y La Rioja. Esta situación que ya era preocupante -la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, volvió a pedir a la UE el 22 de enero «una respuesta temporal y urgente» al alza en el precio de la luz- se ha visto agravada por la invasión rusa de Ucrania que, además de las pérdidas humanas, está provocando graves heridas en el tejido productivo  europeo, principalmente como consecuencia del aumento del precio de la energía. 

En este contexto, el Gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros de esta semana  el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania que, entre otros aspectos, contempla la bajada durante tres meses de 20 céntimos del precio de la gasolina y el diesel.

Precisamente, la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, explicó el contenido de esta plan en un «foro abierto», convocado por el Gobierno de La Rioja en la tarde de ayer para analizar las consecuencias de la situación causada por la invasión de Ucrania, y en el que se dieron cita los miembros del  Consejo Riojano del Diálogo Social -UGT, CCOO y FER-;la Universidad de La Rioja (UR), las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) y el Colegio de Economistas.

«Estamos atravesando momentos críticos», afirmó la presidenta del Gobierno de La Rioja para justificar un encuentro, en el que se rodeó de cinco de sus consejeros -Hacienda, Desarrollo Autonómico, Agricultura, Transición Ecológica y Servicios Sociales- y varios directores generales, en una jornada en la que se conoció que la inflación en marzo se ha disparado hasta el 9,8%, el nivel máximo desde mayo de 1985.  Concha Andreu afirmó que su equipo «no se va a quedar de brazos cruzados» en un escenario en el que el conflicto bélico en Europa ha agudizado la escalda inflacionista, que ya se venía arrastrándose,  y presentó una serie de medidas que ascienden a nueve millones de euros para apoyar al tejido productivo, a los trabajadores y a las familias más vulnerables.

Así, propone destinar 800.000 euros a una nueva convocatoria de ayudas complementarias para los trabajadores afectados por un ERTE y  2,5 millones de euros en ayudas directas para dar respuesta al incremento del precio de los carburantes y energía de las empresas.

Agricultura. El Ejecutivo contempla también ayudas para el campo,  al que destina una partida presupuestaria de 2,5 millones de euros para arbitrar ayudas regionales que complementen las establecidas por el Gobierno de España o para aquellos sectores que no queden recogidos en las ayudas estatales. 

Se contemplan varias medidas en el transporte de viajeros, como reducir un 11% el precio del billete del autobús metropolitano;se anulará el incremento del 3% del interurbano, previsto para el 1 de abril; y se congelará el precio del billete de las líneas rurales.  Los estudiantes pagarán 0,50 euros en todos los trayectos en el interior de la comunidad. Para la protección de los más desfavorecidos, se prevén 1,5 millones de euros para paliar la pobreza energética de familias vulnerables y 1,5 millones más para incrementar los próximos tres meses la renta de ciudadanía y reforzar las ayudas de emergencia social a ayuntamientos, mancomunidades o entidades sociales.

Concha Andreu, que esperaba del encuentro mantenido ayer un trabajo «honesto, ágil, coordinado y consensuado», que deparara ideas y  medidas para afrontar crisis, aprovechó para ponderar el trabajo realizado por el Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez, que logró que la UE  le reconociera «la excepcionalidad ibérica», que permitirá desligar el precio del gas del de la electricidad, una circunstancia que entiende será ventajosa para España, «donde el 45% de la energía» procede de fuentes renovables.

El Ejecutivo seguirá manteniendo reuniones dentro de este foro para definir los detalles de las medidas e introducir, si fuera necesario, nuevas actuaciones.