¿Se imagina tener que pagar peaje para ir de aquí a Pamplona por autovía? ¿O a Soria por carretera? Pues la idea no parece tan lejana. Además del cobro por el uso de las autovías, que el Gobierno de España lleva más de año y medio barajando y que parece que se hará efectivo en 2024, el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría extender esta medida al resto de vías, esto es, carreteras nacionales y autonómicas, de forma progresiva. Así figura en  el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha remitido esta semana a Bruselas, con el que confía captar 70.000 millones de euros y la misma suma en créditos blandos procedentes del programa Next Generation, que pone en marcha la Unión Europea para ayudar a los estados miembros a coser las heridas que está causando la crisis sanitaria.

Esta medida parece sustentarse en los principios de «quien contamina, paga» y «el que usa, paga» y es una de las soluciones que ha encontrado el Ejecutivo central para sufragar los gastos de conservación de los 26.466 kilómetros de vías, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, y que ya arrastran un déficit de 8.000 millones de euros. Parece que cuatro céntimos por kilómetro serían suficientes y el director General de Tráfico, Pere Navarro,  se ha manifestado en el Senado partidario al asentar su argumento en el hecho de que  en todos los países europeos se paga por la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad. «El tren no es gratis;las infraestructuras hay que pagarlas», indicó.

Esa reflexión no es compartida ni por transportistas ni por usuarios, que ya han mostrado su oposición «Estamos diametralmente en contra», afirma Santiago Gutiérrez, presidente de la Asociación de transportistas de La Rioja (Atradis), integrada en la FER, que entiende que se trata de «un nuevo sablazo» al sector. «Ya pagamos suficientes impuestos;pagar de nuevo por utilizar las carreteras es una doble imposición», no me parece  de recibo que tenga que pagar dos veces por lo mismo», critica.

Argumenta que usan una infraestructura porque se trata de un «servicio público» y muestra su incomprensión por el hecho de que el impuesto de hidrocarburos, «que es un auténtica barbaridad» no sirva para el mantenimiento de las carreteras. «El sector ya está harto de ser siempre los mismos los que pagan y no vamos a dar nuestro brazo a torcer», señala Gutiérrez.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) en La Rioja también ha manifestado su profundo rechazo, puesto que considera que no es el camino adecuado para reactivar la economía, « sino que supondría la pérdida de empleos y el final para muchas empresas que, ante la alerta sanitaria, siguen adelante con enormes dificultades».

El argumento que maneja el Gobierno de que se trataría de tarifas «asumibles, escalables y progresivas» tampoco ha logrado el respaldo de las organizaciones de consumidores y Facua manifestó ayer su rechazo. Defiende que el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado e insiste en que la medida terminará «afectando más» a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que, a su entender, «sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública».

«Es una barbaridad y desproporcionado», argumenta el experto en tráfico Miguel Navarro, que duda de que la sum a que se pague vaya para el mantenimiento de carreteras o se desvíe a otros fines.  

Además, desde el punto  de vista de seguridad vial, las carreteras convencionales soportan el 75% de los accidentes de tráfico y «pagar por utilizar una carretera con muy pocos servicios» y «semejante déficit de mantenimiento» no parece muy razonable.

Peaje hasat 2026. Con lo que en La Rioja llevamos esperando para que se liberalice la autopista, y ahora llega esto», decía ayer Miguel Navarro, que verbaliza una larga queja de muchos riojanos y una crítica histórica del PSOE desde que José María Aznar ampliara la concesión de la autopista, que vencía en 2011, hasta 2026. Fue en 2.000 y desde entonces  se han llevado a cabo algunas medidas para aliviar la carga, como la liberalización de algunos tramos -entre Cenicero y Agoncillo-, gratuidad del trayecto riojano en el transcurso de 24 horas, y los 29 kilómetros de la futura ronda sur sin peaje.

Sea como fuere, Avasa mantiene la concesión hasta 2026 de una de las  autopistas más caras del país, que cuesta a un turismo ir de Logroño a Bilbao 16,20 euros y 17,25 a Zaragoza.