Sí, el 17 de diciembre es la fecha que aparece como más probable y favorable en los círculos monclovitas para celebrar las elecciones generales que marcarán, sea cual sea su resultado, un giro importante en la dirección de la política que hasta ahora se ha venido haciendo (y deshaciendo) en España. Los cálculos de Pedro Sánchez se centran, según cuentan informados viajeros a La Moncloa, en apurar al máximo los efectos 'beneficiosos' del semestre de la presidencia española de la Unión Europea y en buscar un domingo en el que una buena participación, lejos de 'puentes' festivos y ajena aún a las celebraciones navideñas, quede garantizada.
Para entonces, 17 de diciembre, suponiendo que los muchos avatares que nos aguardan no acaben aconsejando una fecha más cercana --prerrogativa solo de Pedro Sánchez es fijar el día de concurrencia a las urnas y lo oficializará cuando quiera, dentro de los límites legales--, el presidente confía en haber consolidado, con sus altibajos, una economía al alza. Y, sobre todo, espera que la frágil memoria nacional haya olvidado trapisondas y abusos como los que han rodeado a la renovación del Tribunal Constitucional --veremos si el Gobierno impone finalmente a su candidato para presidirlo--, y a la apropiación de algunas instituciones, desde la televisión hasta los servicios secretos.
Pasando, claro, porque el sanedrín presidencial confía en que, a finales del año entrante, se haya consolidado por fin una alternativa a la izquierda del PSOE, ajena a las 'pasadas' y 'los desmadres' de la actual Unidas Podemos y cercana, en cambio, a la 'pactable' y homologable Yolanda Díaz, con la que consolidar una mayoría gubernamental en una sesión de investidura. Que recaería, claro, sobre el propio Sánchez, que sigue sin afirmar un 'número dos' digno de tal nombre, ni en el Gobierno ni en el partido: no hay, de momento, sucesión al presidencialismo del 'number one'. Si gana, se queda en La Moncloa, claro; si pierde, le aguarda, dicen, un lustroso puesto en el exterior, no la jefatura de la oposición.
Insisto en que la fecha del 17 de diciembre es ahora la más citada en los cálculos gubernamentales, pero también hay que recalcar que el hecho de que se concrete definitivamente dependerá de muchas cosas, incluyendo la valoración que las encuestas vayan dando al liderazgo de la oposición que recae en Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular aparecía algo desdibujado ante la 'ofensiva de final de año' de Sánchez, con su nuevo plan anticrisis y sus malabares en las instituciones: qué duda cabe de que, para bien y también para mal, el presidente ha copado los titulares estos días. Aunque cierto es que la rueda de prensa de Núñez Feijóo este jueves, en la que, aunque visiblemente cansado de las preguntas de los periodistas, quiso reafirmar el buen momento del PP, ha de contribuir a reanimar algo su labor de oposición. Llena como aún está de expectativas e incertidumbres, la de Feijóo necesariamente es, como no podría ser de otro modo, una de las figuras clave en el desarrollo político del año que comienza.
Los dados están echados para el inicio de una carrera electoral que tendrá un hito importante el 28 de mayo, cuando se celebren elecciones municipales en toda España y autonómicas en doce Comunidades, si no se producen adelantos inesperados, por ejemplo en Valencia, cuyo presidente, Ximo Puig, es hoy objeto de notable acoso desde su derecha.
Qué duda cabe de que lo que ocurra en estas elecciones locales y regionales será valorado como unas primarias acerca de lo que pueda ocurrir en las generales de diciembre. Lo que ocurre es que siempre resulta complicado valorar con exactitud quién gana estas elecciones autonómicas y, sobre todo, locales: no se puede esperar una debacle clara en todo el territorio nacional de ninguno de los dos grandes partidos, mientras que no resulta complicado vaticinar un hundimiento de Unidas Podemos en su configuración actual y, sobre todo, de Ciudadanos, un partido destinado a desaparecer, por errores propios, del mapa político. Y eso tendrá, desde luego, consecuencias en los comicios de diciembre.
Resulta claro que, en 2023, todo será campaña electoral y habrá pocos resquicios para otras cosas, incluyendo la negociación con el Govern catalán o la presencia internacional, más allá de los preparativos para la presidencia europea, que conocerá reuniones sectoriales de la UE en todas las autonomías, con el consiguiente protagonismo gubernamental.
La gran pregunta sigue siendo, más que nunca, si los partidos renunciarán a sus actuales posiciones belicosas o si aceptarán que la concordia 'crítica' es electoralmente más rentable que la confrontación dura con munición de sal gorda. Y esa será la dialéctica hasta dentro de un año menos trece días (o sea, ese probable 17-D). Porque lo que es obvio es que como se ha venido haciendo hasta 2022 ya no se puede seguir.