Una de las batallas más duras que se avecinan entre Gobierno y oposición -y mira que son muchas y casi cruentas- será, imagino, la del indulto a José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta andaluza y del PSOE, condenado a seis años de prisión por el Supremo por su participación en el 'caso ERE', aunque aún falta por conocer el texto de la sentencia del Tribunal. Pienso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acabará concediendo este indulto una vez que se hayan agotado los recursos de los abogados del ex presidente andaluz. Ello provocará, sin duda, un escándalo en la oposición de la derecha mayor aún que los que provocaron los indultos a los independentistas catalanes. Me pronuncié entonces, con todos los reparos, a favor de aquellos indultos. Ahora, con reparos de índole diferente, vuelvo a mostrarme favorable al perdón.
Los indultos a Junqueras y compañía eran sin duda necesarios para intentar una normalización de las relaciones entre la Cataluña independentista, que es la que gobierna en la Comunidad, y el resto de España. Y, de hecho, se ofrezcan las versiones que se quiera acerca de la tercera reunión, este miércoles pasado, de la Mesa negociadora entre el Govern catalán y el Gobierno central, lo cierto es que estas relaciones son hoy mucho menos tensas, menos crispadas, que, cuando en octubre hará cinco años, la Generalitat proclamó la independencia más breve de la historia, con las tristes consecuencias que todos recordamos.
Creo que el significado último del indulto no es el de enfrentarse a las decisiones judiciales ni tratar de corregirlas; pienso que tiene un alcance de ajuste social que hace que lo que en la calle se ve como normal -y normal es la presencia en las calles sevillanas tanto de Chaves como de Griñán- se convierta, de hecho y de derecho, en normal. Todo el mundo sabe que ni los expresidentes andaluces se enriquecieron con el mal uso de los ERE ni cometieron más delito, y ya es bastante, que el de la 'negligencia in vigilando', o sea, no prestar la atención debida a lo que hacían algunos de sus funcionarios corruptos.
No trato de exculpar conductas ni de entrar, por causa de este tema, en una batalla entre derechas e izquierdas. Pero me parece obvio que castigar con seis años de prisión a alguien como Griñán puede ajustarse a la ley, pero no menos cierto es que, 'summa lex, summa iniuria', la justicia ejercida con sumo rigor produce una suma injusticia, como parece que piensan dos de los cinco magistrados de la Sala sentenciadora. Y, obviamente, hay poco riesgo de que tanto Chaves como su sucesor repitan los hechos ahora sancionados. Pienso que el castigo 'público' que ambos han recibido es más que suficiente y que la Justicia, con mayúscula, no está para arruinar vidas que ya son bastante tristes.
Convertir a Griñán o a Chaves en un ejemplo de corrupción me parece algo desenfocado, aunque no lo sean las conductas aberrantes de algunos de sus subordinados. Ninguno de los dos citados representa en puridad, me parece, la corrupción política que, lamentablemente, tanto ha galopado por nuestro secarral político. Hay no pocos motivos para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, como este jueves hizo, con indudable contundencia, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, pasando revista a los numerosos desaciertos del Ejecutivo. Pero, a mi juicio, y ahí discrepo de Feijóo, el indulto a Griñán no sería uno de ellos.