PP y Vox alcanzaron ayer un acuerdo de Gobierno en Castilla y León que convierten a esta Comunidad en la primera en la que la formación de Santiago Abascal ostenta poder ejecutivo y preside el parlamento regional. Este pacto, sobre el que nada puede decirse desde el punto de vista de la legitimidad, sí nace con el preocupante antecedente de los postulados que ha venido planteando Vox desde que se convocaron las elecciones y que pasaban por una eliminación de la Ley regional de Violencia de Género y del decreto sobre Memoria Histórica, por citar solo dos de los aspectos que han generado más controversia. Con la firma de este pacto, Vox logra la normalización como actor pleno en las instituciones españolas y tendrá que definir si sus planteamientos grandilocuentes formaban parte de una estrategia para ocupar su espacio en el tablero político o responden realmente al ideario que quieren poner en marcha ahora que empiezan a poder hacerlo. De entrada, eso sí, han querido dejar claro que no se han movido ni un ápice de las exigencias que planteaban para garantizar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco.
La actual coyuntura económica, con una guerra cuyos efectos económicos están dañando ya seriamente al campo y a las empresas, la necesidad de gestionar con rapidez los fondos Next Generation para la recuperación y la irrupción de partidos localistas que buscan sacar réditos de su peso territorial hacían urgente que Castilla y León contara con un Gobierno sólido que afrontara estos asuntos con determinación y solvencia. Esta ha sido, precisamente, la premisa que más ha pesado en Mañueco a la hora de tomar una decisión que sabía comprometida. El documento sobre el que descansa el acuerdo entre ambas formaciones apenas sí incluye algunas generalidades y un conjunto de buenas intenciones sin llegar a concretar las medidas que se adoptarán para pasar de esas musas teóricas al teatro de la política autonómica, por lo que cualquier valoración ahora sería temeraria. Será el paso del tiempo el que determinará cómo se sustancia la entrada de Vox en ese Gobierno. Lo que sí es seguro es que su evolución y sus resultados pueden condicionar el futuro político más próximo de este país, pues si este acuerdo se extiende a otras administraciones va a cambiar el actual equilibrio de fuerzas entre los dos partidos mayoritarios. Y eso, con unas elecciones municipales el año próximo, es algo a tener en cuenta.
Por parte de la oposición existen también dos posturas a la hora de abordar este nuevo escenario que se abre en Castilla y León: recurrir al hecho de que por primera vez un partido que se sitúa a la derecha del PP accede al Gobierno en un territorio español, y no moverse de la amarga queja, o practicar un seguimiento milimétrico de la acción de Gobierno y de las políticas que se intenten poner en marcha para combatir aquellas que puedan suponer un mínimo retroceso de los derechos y libertades adquiridos. Esta segunda opción quizá no sea tan efectiva desde el punto de vista del impacto mediático, pero sin duda es la más conveniente para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones. La política ha cambiado y ha llegado el momento de demostrar que todos los implicados están a la altura.