scorecardresearch

De Cos insta a una contención de salarios y beneficios

Agencias
-

El gobernador del Banco de España avisa que ni empleados ni empresas podrán mantener sus rentas ante la alta inflación, al tiempo que pide que la política fiscal se centre en los hogares y sectores más afectados

El responsable de la institución supervisora alerta de una posible espiral alcista de costes y sueldos. - Foto: E.P.

Cuando la economía española aún no estaba recuperada del impacto de la COVID-19 llega la invasión de Rusia a Ucrania y acentúa más si cabe la tensión inflacionista. En este escenario, el Banco de España es claro al enviar un mensaje unívoco a patronal, sindicatos y trabajadores: no aumentar la espiral de subida de los precios con un aumento de los salarios o un incremento de los beneficios.

El gobernador del órgano supervisor, Pablo Hernández de Cos, abogó ayer, en su intervención en un desayuno de trabajo con el sector empresarial organizado por Hill & Knowlton, que en el actual contexto de elevada inflación es «particularmente importante» evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso de subida de precios. Por ello, estimó que ese proceso para no incrementar los salarios y los beneficios debe ser parte del pacto de rentas. 

A su juicio, este acuerdo debe suponer un reparto, entre empresas y trabajadores, de la merma de ingresos de la economía nacional frente al resto del mundo que implican los aumentos de costes.

«Ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo en el corto plazo, ni las empresas serán capaces de mantener sus márgenes», advirtió Cos, que añadió que los datos apuntan a que el reparto de importes ya se está produciendo: los empleados están perdiendo poder adquisitivo y las empresas están reduciendo sus márgenes. A este respecto, pidió «compromisos explícitos» de moderación de los márgenes empresariales.

Ademas, para De Cos es imprescindible que el pacto de rentas evite adoptar medidas de carácter general, ya que el impacto no es igual por sectores, por lo que exige cierto grado de flexibilidad; al tiempo que demanda que no se incluyan cláusulas de revisión salarial de acuerdo con el IPC general sino con la inflación subyacente, y que se adquieran compromisos plurianuales.

Para el gobernador, también sería deseable que se eviten fórmulas de indexación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia en los convenios, ya que un incremento o generalización de estos requisitos elevaría significativamente el riesgo de que se materializara una eventual espiral de incrementos salarios-precios.

En este contexto de volatilidad, el supervisor abogó por que la política fiscal actúe «de forma muy granular y focalizada» en hogares, empresas y sectores afectados más vulnerables. Así, consideró que es importante apoyar a los hogares de rentas más bajas, que son los que más sufren el impacto de la inflación, y a las empresas más intensivas en energía. Además, destacó que las medidas sean temporales para no aumentar más el déficit.

Evitar esa espiral de subida de costes y sueldos «no es en absoluto fácil ni gratificante en el corto plazo», destacó el responsable del órgano supervisor español. «Exige acordar un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios en el que todos acabarán ganando en el medio plazo, pero en el que todos han de asumir una pérdida en el corto plazo», remarcó.

 

Pérdidas «significativas»

En cuanto a las proyecciones que maneja el Banco de España, estas apuntan a que el país se arriesga a pérdidas de PIB «significativas» si el conflicto en Ucrania se agrava o se alarga en el tiempo debido a cómo penalizaría la guerra las expectativas de hogares y empresas, afectando al consumo.

En su análisis, De Cos incidió en que además de los efectos en los precios de la energía, los intercambios comerciales y en el plano financiero, la invasión también tiene una «influencia negativa» sobre la economía derivada de cómo perjudica los niveles de confianza.

Concretamente, señaló que los agentes tendrían dificultades «para anticipar los desarrollos económicos futuros, en particular por lo que respecta a la evolución previsible de sus rentas, lo que, a su vez, pesa sobre las decisiones de consumo e inversión de hogares y empresas».