Más del 90% de la treintena de letrados de las sedes judiciales de Logroño, Haro y Calahorra secundó ayer la huelga convocada en el país por todas las organizaciones del sector en protesta por el «flagrante» incumplimiento por parte del Ministerio de Justicia del acuerdo de mejora salarial pactado en abril.
Judit González, delegada en La Rioja de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ, explica que se van a suspender entre ayer y hoy 150 juicios, la práctica totalidad de los que habría que celebrar, y otra serie de comparecencias de «gran importancia», como una exploración de personas incapaces, ofrecimientos de acciones, declaraciones de imputados en causas penales;o 31 actuaciones del registro civil.
González detalla que el grueso de los juicio suspendidos corresponden a la jurisdicción de lo social y añade que no se celebraron cuatro juicios de menores, cuatro lanzamientos hipotecarios, «las bandejas de entrada y salida de las notificaciones online están paralizadas» y no se han practicado tampoco unas 160 notificaciones.
«Los servicios mínimos se reducen a medidas cautelares, actuaciones de guardia y causas con preso», informa la letrada, que destaca que «el perjuicio no solo se reduce a dos días por el número de suspensiones de juicios, comparecencias o vistas», sino también provocará el retraso del resto de tramitaciones que están pendientes. Al respecto, ejemplifica esta demora en el caso de condena con indemnización, que subirá la cuantificación de los intereses.
La representante del colectivo formado por los anteriormente llamados secretarios judiciales señala, además, que la «reacomodación» de los asuntos no judiciales no practicados «conlleva que se retrasen los nuevos asuntos», a los que habrá que fijar fecha.
«Esto está parado, excepto la guardia», informaba González, que insistía en que los perjuicios «trascienden» más allá de los dos días de suspensión de la actividad.
Flagrante incumplimiento. Las movilizaciones de los letrados se iniciaron en enero, aunque se suspendieron en abril tras el acuerdo pactado con el Ministerio, «cuyo flagrante incumplimiento» alcanzado en materia salarial, ha propiciado que retomen las movilizaciones. Entre esos acuerdos figura una cláusula de enganche a las retribuciones de jueces y fiscales, que se ha incluido como enmienda en la tramitación de ley de eficiencia organizativa, actualmente en el Congreso de los Diputados, y que ha sido vetada por el propio Ministerio, por lo que quedará fuera de la ley. «No reivindicamos ninguna negociación ni ningún incremento salarial;eso ya lo conseguimos», asegura González que avisa que si Justicia sigue incumpliendo, en enero «nos veremos abocados a una huelga indefinida en enero».