La escalada del euribor, de momento imparable, -se situaba ayer en el +2,816%-, ha encarecido los recibos mensuales de las hipotecas hasta unos 250 euros al mes, un crecimiento cuyos daños quieren paliar las medidas aprobadas el martes por el Consejo de Gobierno.  Nadia Calviño calcula que un millón de familias podrán beneficiase de estas medidas pactadas entre el Ministerio de Economía y las patronales bancarias, lo que extrapolado a datos riojanos -unas 40.000 a tipo variable- implica que hasta unas 11.000 familias podrían beneficiarse de esta línea de ayudas que entrarán en vigor el 1 de enero.  

¿En qué consisten? 

En primer lugar, se refuerza el actual Código de Buenas Prácticas suscrito en 2012 para aquellas familias con rentas inferiores a los 25.200 euros al año y un incremento del esfuerzo del 50%, con viviendas de hasta 300.000 euros. En concreto, se reduce el tipo de interés  durante los 5 años de carencia, que pasa desde el euríbor +0,25% actual hasta el euríbor -0,10. Además, se podrá solicitar una reestructuración de la deuda en más de una ocasión y se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago, en caso de no poder afrontar las cuotas ni con la rebaja.

Los hogares vulnerables que no hayan experimentado un aumento del 50% de la carga hipotecaria podrán acogerse también al Código, en este caso con una carencia en el pago del principal de 2 años, un tipo de interés menor durante ese periodo y la posibilidad de alargar el plazo de la hipoteca hasta 7 años.

La protección se extiende a los hogares con renta inferior a 3,5 veces el IPREM -unos 29.400 euros anuales-, a los que el pago de la hipoteca les suponga el 30% de la renta y les ya subido la cuota un 20%. En este caso, podrán congelarla durante un año, una reducción del tipo de interés durante ese mismo periodo y un alargamiento del plazo de devolución del préstamo de siete años.

Este tipo de medidas va dirigido únicamente a las hipotecas de tipo variable -algo que ya ha criticado por los consumidores-, una modalidad en franco retroceso. En La Rioja, en el tercer trimestre de este año, el 73,29 % de las hipotecas que se han suscrito lo han sido a tipo fijo, lo que supone una variación interanual del 27,26%, la mayor, con diferencia de todo el país.

Así, las cosas, ya hay varias entidades financieras que han manifestado su interés en adherirse al  acuerdo alcanzado por el Gobierno y la banca,  entre ellas las de mayor presencia en La Rioja, como es el caso de La Caixa, cuyo Consejo de Administración aprobó ayer aplicar las medidas pactadas y se convierte en la primera entidad en confirmar este compromiso. La entidad destaca que ha sido «la entidad más activa en la concesión de ayudas acogidas al Código de Buenas Prácticas» y ha llevado a cabo el 35 % de las operaciones del conjunto del sector.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, señaló que «somos los principales interesados en apoyar al conjunto de la sociedad y, especialmente, a nuestros clientes en dificultades».

También Ibercaja ha mostrado su interés por comprometerse en este acuerdo,  aunque prevalece la prudencia. Su presidente, Francisco Serrano, manifestó el miércoles que la intención de su banco es sumarse al acuerdo para las hipotecas propuesto por el Gobierno, pero  añadió que se estudiará «en profundidad», tanto las nuevas medidas como los posibles riesgos que conllevan.

«Tenemos que leerlo, hay medidas que ya estaban en el Código [de Buenas Prácticas] anterior y tenemos que ver qué es lo que innova, dónde están las posibilidades de ayuda que tenemos y dónde están los posibles riesgos», afirmó Serrano.

División de opiniones. Y de diferente índole ha sido la reacción de las asociaciones de defensa de consumidores. La valoración más crítica ha sido la de Facua, que  considera «raquíticas» las medidas para los hipotecados acordadas por el Gobierno con la banca. La asociación critica el «ninguneo» de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a las asociaciones de consumidores, ya que no se ha dirigido al órgano consultivo de estas, el Consejo de Consumidores y Usuarios, para que pudiera valorar las medidas y realizar sus aportaciones. Así, Facua advierte de que este acuerdo garantiza que los bancos no ven reducidos sus beneficios, en lugar de apostar de forma clara por beneficiar a las familias.

Por su parte, Adicae otorga un  «suficiente alto», pero «con interrogantes» al acuerdo al que, entre alguna de sus objeciones, señala que las medidas se limitan a los hipotecados con créditos a tipo variable, aunque también aquellos con créditos a tipo fijo pueden caer en sobreendeudamiento.

Igualmente, considera «preocupante» que no haya un adecuado reparto de los costes de las medidas, que aparentemente se descargan exclusivamente en los consumidores, pese a los beneficios que viene declarando la banca en un contexto de crisis como el actual.

Por su parte,  la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), ha advertido de que las medidas de alivio financiero para los hipotecados pueden tener un sobrecoste para el consumidor en cuanto a los intereses pagados. La carencia bonificada con un euríbor -0,1% es una medida «más positiva» para la asociación, ya que representa un «alivio importante» durante cinco años, al hacer descender la cuota de 508 euros a 211 euros. Según sus cálculos, la carencia tendría un sobrecoste final adicional de unos 1.200 euros en términos de tipo de interés.  Ha avisado de que los alargamientos de plazo hasta 7 años podrían encarecer los intereses del préstamo en hasta 16.000 euros.