La Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja va a realizar esta campaña inspecciones para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y el pago de precios justos en 14 bodegas, dos plantas de champiñón y dos congeladoras de judía verde y zanahoria.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, junto a la directora general de Desarrollo Rural, Nuria Bazo, han informado este martes en una rueda informativa sobre las inspecciones previstas en el segundo plan de control de cumplimiento de esta ley, informa Efe.

En las inspecciones se comprobará que se ha formalizado un contrato por escrito en todas las operaciones de compraventa, en los que se detalle el precio del producto y que esta cantidad cubra los costes de producción para el agricultor, ha detallado Bazo.

Durante 2021 se realizaron en La Rioja 9 inspecciones en el primer plan de control, ninguna con sanción, a centrales de fruta de hueso, patata y almazaras.

Hita ha recordado que este mes de septiembre, en el que la vendimia se desarrolla de forma escalonada en la comunidad, es el momento para "hacer un llamamiento a la sensibilidad y concienciación en el pago de unos precios justos para la uva".

En este sentido, ha incidido en la relevancia socioeconómica que la viticultura tiene para esta región.

Para la consejera de Agricultura, el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria es "una prioridad" para el Gobierno riojano, que fue modificada a finales de 2021 por el Ejecutivo central para "cumplir un compromiso histórico con el campo".

"La nueva Ley de la Cadena Alimentaria del Gobierno de España supone un verdadero cambio de cultura en la cadena agroalimentaria en favor del equilibrio, la transparencia y la creación de valor en todos sus eslabones, en especial, y esa es su piedra angular, para el sector primario, el más débil", ha agregado.

La consejera ha insistido en que esta norma prohíbe la venta a pérdidas, establece transparencia en los precios, ya que son fijados por encima de los costes de producción como base de la contratos, y fija la obligatoriedad de presentar los contratos en un registro, que estará operativo en enero de 2023.

La creación del Observatorio de Precios de La Rioja, puesto en marcha en marzo de 2020, ha sido una medida "pionera" para analizar los costes de producción en agricultura y ganadería, ha asegurado.

Por su parte, Bazo ha detallado que personal técnico de Control Alimentario ha comenzado ya con la campaña de inspecciones para comprobar la existencia de la formalización de contratos por escrito antes de la entrega del producto.

Ha detallado que se han previsto sanciones de tipo leve, con multas de 205 a 1.000 euros; grave, penadas entre 1.001 y 100.000 euros; y muy graves, cuya cuantía oscila entre 100.001 y 1 millón de euros, entre las que figura no formalizar los contratos por escrito o no incluir el precio de compra de los productos agrarios.

Las inspecciones se realizarán de oficio, ha precisado, aunque también pueden hacerse tras recibir una denuncia y, en este caso, se adoptarán medidas para proteger la identidad de los denunciantes.