La innegable importancia del sector agrario en La Rioja -supone alrededor de un 7% regional frente a un escaso 3% en el conjunto de España- se ha vuelto a poner de manifiesto en estos dos largos años de pandemia, en los que ha jugado un papel clave en el sustento de la economía regional. Su indiscutible peso estratégico, que destaca la consejera de Agricultura, es consustancial a la esencia de esta tierra, dibujada alrededor de viñas, hortalizas, cereales y la ganadería en la montaña. Sus artífices saldrán hoy a la calle, convocados por las organizaciones de productores ARAG-Asaja, Unión de Agricultores y UPA que, tras protagonizar la primera tractorada en más de una década, serán recibidos por la presidente del Gobierno, Concha Andreu, y la responsable del departamento, Eva Hita.

Consejera, ¿cuál es el estado de salud de un sector cuya preponderancia ha vuelto a poner de manifiesto la crisis sanitaria?

El sector agrario riojano es fundamental para el Gobierno de La Rioja, porque lo es para la economía de esta comunidad. La Rioja es una región eminentemente agraria y así lo traslado siempre que tengo oportunidad. El valor añadido bruto de la actividad agraria sobre el valor total de nuestra economía está muy por encima de la media nacional y nadie puede poner en duda que es un sector estratégico y fundamental y, como tal, cuenta con todo nuestro apoyo y respeto. Lo que nos ocupa continuamente es trabajar en habilitar medidas y soluciones que reviertan en un aumento de la competitividad y rentabilidad del sector, fundamental económica y socialmente.

Las organizaciones agrarias se movilizan hoy en Logroño. ¿Entiende las razones que aducen para ello?

Compartimos absolutamente las preocupaciones del sector, como el empeño que tenemos en garantizar un futuro para la actividad agraria y así lo estamos demostrando. La actitud de este Gobierno ha sido, desde el inicio de la legislatura, de diálogo permanente con el sector, de escucha activa. Nos gusta calzarnos las botas y escuchar sus necesidades y demandas, y habilitar, en la medida de nuestras posibilidades y con los instrumentos que tenemos, tanto jurídicos y económicos, las soluciones a sus demandas. Además, nos gusta compartir con ellos los buenos momentos y trasladarles en primera persona esa cercanía. En este momento, el sector reivindica una serie de cuestiones, que nos son coyunturales, sino estructurales, que se vienen arrastrando desde hace décadas. En cualquier caso, es nuestro sector y nos preocupa, y así lo estamos demostrando con hechos. Desde luego, no se puede permitir que un agricultor y un ganadero no reciban unos precios justos, siempre por encima de los costes de producción; el campo es de quien lo trabaja.

Están trabajando para lograr una Ley de Agricultura y Ganadería. ¿Qué se pretende con ella?

Es una apuesta decidida por resolver un déficit histórico en esta comunidad, en la que nunca había existido una ley de estas características, que es, además, una demanda del sector. Hemos redactado el anteproyecto de ley, a la que concedemos una importancia estratégica para un sector que queremos que sea rentable, competitivo, sostenible, innovador e igualitario. Es una ley pionera y creemos que nos va a permitir ordenar, clarificar y ejercer las competencias autonómicas en materia de agricultura y ganadería. Esta propuesta legislativa está en fase de exposición pública hasta el día 11 de febrero, después de haberla contrastado con las organizaciones profesionales agrarias (OPA) porque nos gusta siempre trabajar así; entendemos que tenemos que trabajar de la mano y del lado del sector.

¿Y qué opinión les merece?

La valoración que hicieron fue muy positiva porque es una ley muy completa y compleja, que aborda asuntos relacionados con la producción, el suelo y las infraestructuras agrarias; los registros públicos; la investigación, la innovación y la formación; la tecnificación; la renta agraria; el asociacionismo y la representatividad; la inspección o las infracciones y sanciones. Es una apuesta legislativa muy potente, que se puede consultar en el Portal de Transparencia y, de hecho, la organizaciones agrarias avanzaron que van a presentar aportaciones, algo que agradecemos y además, entendemos que así tiene que ser.

Uno de los aspectos novedosos es el banco de tierras. ¿Cómo se va articular?

Los principios de la ley se alinean con los de este gobierno, entre los que se encuentran el relevo generacional de un sector envejecido y muy masculinizado. Esta ley apuesta por ello y por romper la brecha de género; por favorecer también la incorporación de las mujeres a la actividad agraria. En este contexto se encuadra la creación de un banco de tierras, que es un instrumento de intermediación para la recuperación de terrenos agrarios que están abandonados, pero con potencial agronómico y que se destinarán, preferentemente, al asentamiento de mujeres y de jóvenes.

Otro de los prismas relevantes de la ley es la aportación de mayor transparencia al mercado agrario y contempla el observatorio de precios.

En esta comunidad fuimos pioneros en la puesta en marcha de esta herramienta en apoyo del sector. Está muy alienado con la Ley de la Cadena Alimentaria y pretende ser una herramienta útil para el análisis de los costes de producción, para que transmita transparencia al mercado y establezca un equilibrio entre todos los agentes de la cadena con el objetivo de que el agricultor perciba unos precios justos por su producto y siempre por encima de los costes de producción.

¿Qué papel jugará?

Los análisis que realicen servirán de base para los controles que van a habilitar para el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Las organizaciones agrarias desconfían de esta ley

El Gobierno de España ha sido responsable con las mejoras que ha introducido en la transposición de la directiva europea, de tal manera que va a ser ejemplo para la implementación de esta normativa en otros estados miembros. Se han introducido aspectos como la prohibición de la venta a pérdidas o la publicidad engañosa. Nuestro compromiso es claro por la puesta en marcha de esta ley, que esperamos que sea una responsabilidad compartida ente todos los eslabones de la cadena alimentaria.

¿Y cómo les van a implicar?

Vamos a impulsar una mesa de trabajo con los integrantes de la cadena, en la que se promulgue la responsabilidad social en el sector agroalimentario. Y así se lo comentaremos en la visita de hoy. De hecho, queremos emplazar a las organizaciones agrarias para que conjuntamente identifiquemos a los eslabones de la cadena, desde productores a consumidores.

La reforma de la PAC, que se estrenará el año próximo, no gusta a las OPA, en contra de su opinión y la del Ministerio.

Esa una buena PAC. No solo se ha mantenido el presupuesto de la anterior programación, sino que ha aumentado, hasta 50.000 millones de 2023 a 2027, si sumamos la aportación de Unión Europea, que supera los 47.000 millones, más la cofinanciación de Estado y comunidades autónomas. Es más justa, social y medioambiental, un aspecto que, además de ser un requisito legal, es una demanda cada vez más clara del consumidor. Es una necesidad y entendemos que, a la vez, puede ser una oportunidad. Ha sido un trabajo muy intenso, liderado por el Ministerio y en el que hemos colaborado de manera muy activa las comunidades, donde hay que tener en cuenta las distintas realidades agronómicas de las diferentes regiones. En este sentido, creemos que ha sido un buen trabajo.

¿Se ha respondido a las exigencias riojanas?

Sí. Nadie puede aspirar a un acuerdo de máximos, pero desde La Rioja nos sentimos satisfechos porque se han atendido algunas de nuestras demandas, como que se prioriza la agricultura familiar y profesional y creemos que se ha conseguido. De hecho, el 86% de los fondos del primer pilar -ayudas directas- se destinan a los agricultores profesionales. Se introduce el pago redistributivo, que perciben las primeras hectáreas de una explotación, lo que beneficia a pequeñas y medianas explotaciones; y se contempla la asignación de nuevos derechos de pago a agricultores activos que hasta la fecha no estaba integrados en el pago básico, lo que permitirá la inclusión de los viticultores. Prevé el relevo generacional y favorece la incorporación de la mujer; suben las primas para los sectores ovino y caprino y se dedica atención a la formación de los profesionales.

Se espera un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) para el sector agroalimentario. ¿Qué pude esperar La Rioja de él?

Es una auténtica oportunidad. Ya han llegado fondos, como un millón para agricultura de precisión y tecnologías 4.0 para el sector. Desde La Rioja estamos muy satisfechos por la atención a los proyectos que hemos presentado a Seiasa ( Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias), que en total van a suponer 35, 6 millones de euros de un montante global de 563 millones para regadíos. De ellos, el lunes ya se firmaron los convenios, por 11 millones para los primeros proyectos en el Najerilla. El sector también está muy satisfecho porque, si con otros instrumentos se financia el 50%, con los fondos europeos se alcanza el 80%. Además, la Consejería va a sufragar parte del 20% restante. Respecto al PERTE agroalimentario, estaremos muy pendientes.

En este marco, ¿qué encaje tiene los proyectos tractores del Gobierno de La Rioja?

Tanto Enorregión como Ciudad del Envase encajan perfectamente dentro de este PERTE agroalimentario.

La sostenibilidad es una de las grandes exigencias de las políticas europeas. ¿Cómo la afrontan?

Nuestro sector está muy implicado en la lucha contra el cambio climático. En este marco, hemos impulsado el Plan de Producción Agraria Sostenible y el primer Plan de Agricultura Ecológica. El primero pretende colocar a La Rioja a la vanguardia de la sostenibilidad con una norma que permita valorar de forma voluntario cinco aspectos, la gestión del agua, el suelo y la biodiversidad, el impacto de la agricultura en la atmósfera y la eficiencia energética. Nos hemos reunido con los agentes del sector para trabara con ellos e incorporar sus propuestas.

¿Y el Plan de Agricultura Ecológica?

En 2030, el 30% de la superficie agraria ha de ser ecológica y en ello estamos trabajando ya. Se está elaborando en colaboración con la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y con el Consejo Regulador de la Producción Agraria de La Rioja. Se basa en pilares como la formación, la investigación, la promoción y la transferencia de conocimiento; se encuentra en fase de diagnóstico con el objetivo de que pueda entrar en vigor al inicio del año 2023, que será también cuando se ponga en marcha la nueva PAC.

Las macrogranjas han suscitado en los últimos tiempos gran polémica.

El modelo de agricultura en La Rioja es muy característico de una tierra como la nuestra. Si a nivel nacional, el 80% de la ganadería es intensiva y el 20% extensiva, aquí se invierten los datos y el 70% es extensiva y el 30% intensiva. Es un sector que entendemos también como prioritario, un sector importantísimo en nuestra economía y así lo hemos manifestado. El apoyo a nuestro sector ganadero en general, y en particular al extensivo, es una apuesta clara de este Gobierno. La ganadería también es un sector prioritario para la PAC. Desde el Gobierno de La Rioja lo hemos apoyado también económicamente con los instrumentos jurídicos y económicos que tenemos a nuestra disposición. Así, en el mes de septiembre habilitamos unas ayudas específicas para el sector ganadero que había podido sufrir problemas de rentabilidad en sus explotaciones, dotadas con más de 600.0000 euros. Nuestro trabajo y apoyo a este sector tan importante se ha mostrado también a través de la mesa de la ganadería extensiva y el lobo.

La gestión con respecto al lobo también provoca descontentos en las OPA.

Entendemos que la ganadería extensiva tiene que existir y el mantenimiento de la biodiversidad también es una responsabilidad que hay que hay que abordar. Lo que hay que hacer es no contraponer la una con otra, lo que hay que hacer es trabajar para habilitar fórmulas de coexistencia entre la una y la otra. Y eso es lo que hemos hecho es del Gobierno de La Rioja de manera pionera,habilitando esta mesa de trabajo, la Mesa social de la ganadería extensiva y el lobo, donde hemos sentado a todos los agentes afectados para que entre todos se puedan poner encima de la mesa propuestas y medidas que están siendo evaluadas por parte de la Administración para ver, si desde el punto de vista jurídico y financiero-económico, tienen encaje para conseguir que esos dos modelos coexistan. Nadie duda de la implicación de la ganadería en el mantenimiento de la diversidad. Ya se están dando algunos pasos, por ejemplo las indemnizaciones por ataques de lobo se restringían solo a las reservas de caza; ahora se han extendido a toda La Rioja. Se estudian otras medidas, también preventivas.

El vino de Rioja ha vuelto a vivir un momento complicado con la pretensión de crear un Consejo Regulador en Álava.

Siempre hemos apostado por una marca que es referencia internacional, un caso de éxito en la producción de vino de calidad en nuestro país, que tiene un reconocimiento indiscutible. Nos alegramos de que este modelo de éxito se haya manteniendo y se sumen fuerzas y no se dividad; estamos satisfechos de que estén los que estamos y que todos rememos en la misma dirección, en la defensa y apoyo de un sector que es seña de identidad de esta región.

Mirando al futuro. ¿Qué apuesta se realiza por la innovación?

La ley de Agricultura apuesta por la innovación, la investigación, la generación y transferencia de conocimientos. Para ello, hemos abordado la creación de una entidad pública de investigación y gestión de medios agrarios para disponer de todos los instrumentos para gestionar de la mejor manera los recursos humanos y técnicos para ser líderes de investigación, particularmente en el marco de la Enorregión, para que se extienda al conjunto del sector agrario. Podremos captar y retener talento y articular una unidad de transferencia que esté en permanente contacto con el sector, para recabar sus necesidades y satisfacerlas. La investigación tiene su interés en el momento en el que se alinea con las necesidades de la industria. Además, como entidad pública de investigación, vamos a poder concurrir a convocatorias nacionales y europeas para la financiación de proyectos, algo que hoy por hoy nos está vedado.