Utilizar el cinturón de seguridad en España se exige desde 1975 para los asientos delanteros y desde 1992 para los traseros;en este medio siglo la Dirección General de Tráfico ha hecho innumerables campañas alertando de la necesidad de llevarlo puesto y de vigilancia al respecto, la última en abril de 2022.

No  usarlo supone una infracción grave penalizada con 200 euros de multa y con la pérdida de 4 puntos en el carné si eres el conductor, según la modificación introducida en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, y casi 50 años después de que entrara en vigor su obligatoriedad, las sanciones por no llevarlo abrochado siguen creciendo. Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), el año pasado se impusieron en La Rioja 1.073 sanciones por infracciones por no llevar puesto el cinturón de seguridad, que acarrearon la pérdida de 1.526 puntos, una cifra que supone un aumento sobre las 866 multas que se impusieron en 2019, último año prepandemia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alertó el lunes pasado, cuando ofreció los datos  del balance provisional de la DGT sobre siniestralidad en las carreteras, que el 25% de las 1.145 víctimas mortales en las vías interurbanas españolas no usaba el cinturón de seguridad, un aspecto del que tampoco de libra La Rioja.  

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, y la jefa provincial de Tráfico, Beatriz Zúñiga, informarán hoy del número de accidentes y fallecidos, aunque ya se conoce que tres de las nueve personas que habían muerto hasta septiembre en las carreteras riojanas iban sin cinturón de seguridad.

«Es inconcebible», afirmó Grande-Marlaska sobre el número de fallecidos por esta causa, una circunstancia que se ha replicado en La Rioja.

Igualmente inconcebibles le parecen a la jefa de Tráfico de La Rioja estas cifras y reitera que varios de los fallecidos que se produjeron el pasado ejercicio en esta comunidad no llevaban puesto el cinturón de seguridad. «Es algo muy preocupante, en lo que trabajamos mucho y en lo que debemos seguir insistiendo», destaca Zúñíga, que apela a los conductores a usarlo. «Muchas veces porque conocemos la carretera, porque es un trayecto corto... te confías y no te lo pones», argumenta la responsable de Tráfico, que razona «que es un elemento que no cuesta nada y puede hacer mucho en caso de un accidente». De hecho, se estima que abrocharse el cinturón de seguridad puede reducir hasta un 80% la probabilidad de muerte en un percance de tráfico.

El móvil. La jefa de Tráfico alerta también sobre el uso del  teléfono móvil, que acarreó la imposición de 605 multas, aunque las sanciones han descendido desde las 749 de 2019. «Estar manejando el móvil mientras conduces restaba hasta marzo del año pasado tres puntos», recuerda Zúñiga, que informa que, desde esa fecha, «utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce», supone una sanción del doble, seis puntos.  

Por lo que respecta a  las multas por superar las tasas de alcoholemia permitidas, el número se ha elevado a 385, una cifra muy inferior al año prepandemia, cuando se impusieron 566.  Al respecto, la  jefa provincial de Tráfico recuerda  que para los ciclistas  las multas son idénticas que para el resto de los conductores, esto es de 500 euros: entre 0,26 mg/l y 0,50 mg/l de aire espirado;o de  1.000 para quien supera dicha tasa.

 «No se te quitan puntos porque no necesitas permiso de conducir, pero se te impone la sanción económica», explica Zúñiga que, al respecto, recuerda que el mismo caso se aplica al uso de auriculares, que supone una sanción de 200 euros para ciclistas y conductores, que pierden además tres puntos.  

En el caso de las drogas, la sanciones superaron las 300, que se han reducido a la mitad desde 2019, cuando fueron 582, con una pérdida superior a 1.800 puntos, al restarse seis si se da positivo. La multa en esta situación es de las más elevadas que se contemplan, de 1.000 euros. Los mismos puntos se detraen por negarse a hacer la prueba de alcohol, que conlleva, igualmente, una sanción de 1.000 euros. El año pasado las denuncias superaron las 500.