«Durante 24 años las cosas se han hecho de una manera; ahora se van a hacer de otra». Beatriz Arraiz, directora general de Vivienda desde hace un mes, se ha estrenado en el cargo con la puesta en marcha de un parque de vivienda social, que se nutrirá con el patrimonio de los municipios. De momento, ya cuenta con 28 viviendas que va a ceder el Ayuntamiento de Logroño y mantiene conversaciones con otros consistorios para incrementarlo. «No ha existido en el IRVI una bolsa de alquiler pública dirigida a solucionar situaciones de especial vulnerabilidad», señala Arraiz, que avanza que, acorde con la voluntad del Gobierno central, se marca como objetivo disponer de un «auténtico parque de vivienda pública», tanto para situaciones complejas como para casos más «normalizados», como jóvenes que desean emanciparse.
Arraiz recuerda que el Instituto Riojano de la Vivienda gestiona 35 vivienda cedidas por Bankia en régimen de hipoteca o alquiler para mujeres víctimas de violencia de género, de desahucios o colectivos vulnerables, que están todas ocupadas. Es por ello que no cuenta con ninguna para dar respuesta a situaciones urgentes en espera de las 28 viviendas que cederá el Ayuntamiento de Logroño, que necesitan pequeños arreglos -los cálculos del gerente del IRVI, Javier Caldito, calculan el coste en 109.000 euros-, con lo que la directora de Vivienda espera que el parque esté plenamente operativo en menos de un año.
Para ello, confía en contar con el concurso de otros ayuntamientos de La Rioja, que cederían sus viviendas al IRVI, que se haría cargo de los costes más importantes para su acondicionamiento. Se cumple así otro objetivo: hacer frente al reto demográfico, ya que los pueblos dispondrían de viviendas de alquiler asequible para jóvenes que quieren iniciar su proyecto vital.
Promotor. En este contexto, la responsable regional de Vivienda tiene previsto retomar a lo largo de la legislatura la función promotora que un tiempo desempeñó el Instituto de la Vivienda, pero lo circunscribirá únicamente a la construcción de vivienda de alquiler social. «Es una idea que se encuentra en estado incipiente», informa Arraiz, que asegura que se tratará de un volumen limitado de pisos, al tiempo que reitera que es un proyecto que no tiene carácter inmediato.
Es necesario, eso sí, dar cobertura normativa a este parque de alquiler para especificar a quién va dirigido, en qué condiciones y qué requisitos se exigen para su disfrute, que se recogerán en una orden a publicar antes de fin de año. Según adelanta la directora, los requerimientos son los ya recogidos en la normativa que el Gobierno central puso en marcha con medidas excepcionales ante la situación provocada por la covid, de las que una de sus líneas contempla soluciones habitacionales para víctimas de violencia de género, personas incursas en un proceso de desahucio u otros colectivos vulnerables. Habrá, además, ayudas directas de hasta 900 euros para el pago del alquiler, que incluyen también el abono de suministros, como agua, electricidad o gas para lo que el Gobierno de La Rioja dispone de 700.000 euros provenientes del Estado a través del Plan de Vivienda.
Arraiz no se atreve a pronosticar el posible número de beneficiarios en medio de una pandema que puede hacer crecer las necesidades, como también elude pronosticar la cifra de viviendas de las que dispondrá, aunque estima «que siempre se va a quedar corta». «Lo que quisiera es que cualquier situación de necesidad en esta materia pudiera obtener una respuesta pública», afirma la directora de Vivienda.
El IRVI ejerce también desde este mes las funciones de Oficina Regional de Vivienda, de tal manera que ha asumido los servicios que hasta ahora ofrecía la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento logroñés, tras su cierre por decisión municipal «para no duplicar servicios y optimizar los recursos públicos».