Las organizaciones agrarias riojanas aplauden de manera rotunda que se puedan volver a quemar este invierno los residuos vegetales generados en las explotaciones agrarias.Desde el pasado mes de abril, esta práctica está limitada por la Ley de residuos y suelos contaminados del Gobierno central, una regulación que ha sido muy contestada por el sector, que ha venido pidiendo su revisión o incluso aplicar una moratoria ante el impacto económico que iba a generar el tratamiento de los restos agrarios.
Los afectados por esta norma principalmente son los viticultores y fruticultores, que desde este año no pueden recurrir al fuego para deshacerse de los restos de poda o arranque, salvo excepciones por cuestiones fitosanitarias o para prevenir incendios forestales. Además se han visto obligados a retirar los deshechos y a llevarlos a un gestor autorizado para reciclarlos.
Esta regulación será derogada después de que el pasado miércoles el Congreso de los Diputados, en el marco de la tramitación de la Ley de la Política Agraria Común (PAC), se aprobase una enmienda transaccional para acabar con esta prohibición, que no se hará efectiva hasta dentro de un par de meses, plazo en el que se prevé que se apruebe el nuevo texto legal.
Ante esta situación, la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de La Rioja hace un «llamamiento a la calma» y recomienda a los agricultores que aguarden al mes de enero para proceder solicitar los permisos para las quemas de los residuos de sus explotaciones, plazo en el que ya se habrá completado la tramitación parlamentaria de la PAC.
Su titular, José Luis Rubio, indica que en estos momentos hay un «limbo», al estar pendiente de derogación una parte del articulado de la Ley de residuos y la aprobación de la PAC. No obstante, indica que, pese a ello, los agricultores que necesiten quemar los residuos vegetales por plagas o porque están a menos de 400 metros de un entorno silvícola y pueda haber riesgo de incendio al no poder ser retirados para su gestión posterior podrán solicitar autorización, aunque cree que, en este sentido, «no se darán muchos casos».
Desde la Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos (ARAG-ASAJA) valoran de forma «muy positiva» este giro de guion porque «se pone de manifiesto que todavía queda sentido común entre los políticos; el tema era grotesco», afirma su secretario general, Igor Fonseca, quien insiste en que la «prohibición no tenía ni pies ni cabeza».
Además de considerar que la quema de los restos «no supone riesgo ambiental ni de incendios forestales» al hacerse en invierno, Fonseca indica que el tratamiento de estos residuos al que se obliga a los profesionales supone un incremento de los costes, que para el sector es «inasumible», más contaminación y la propagación de plagas si se trituran restos con alguna enfermedad que luego se tienen que esparcir al suelo.
Ante este escenario, el secretario general de esta organización profesional agraria, solicita al Gobierno una reunión para abordar los cambios que plantea esta derogación.
En la misma línea que Fonseca se ha posicionado el secretario técnico de UPA La Rioja, Néstor Alcolea, que ha recibido la noticia con «alivio» y «mucha satisfacción». «Es necesario y fundamental en La Rioja», subraya. En especial, por los restos que se generan en los viñedos y frutales y porque ayuda a combatir infecciones. Es el caso del oidio de la vid, un hongo que hiberna y florece en primavera; del repilo que afecta a las hojas de los olivares o del fuego bacteriano en perales.