De la construcción de 16 panteones en el cementerio municipal San Lázaro, de Calahorra, que salió a licitación por 75.000 euros,hasta una actuación, por 231.000 euros, en la de modernización del regadío de la acequia San Asensio;de las obras para el acceso peatonal y ciclista al polígono Cantabria en Logroño, que salió por 655.000 euros, a la ejecución de pista deportiva cubierta en Villamediana por 280.000 euros, o el suministro de ropa y calzado para la Dirección General de Salud Pública, por algo menos de 10.000 euros para 24 meses. Todas estas actuaciones quedaron el año pasado desiertas.
El conjunto de las administraciones en nuestro país en las que, según los datos recopilados por la firma tecnológica de soluciones analíticas DoubleTrade, 7.463 concursos quedaron desiertos por 5.300 millones, se enfrentan a una situación sin precedentes debido a la importante subida de materiales, provocada de manera destacada la guerra de Ucrania.
En el caso de La Rioja, alrededor de 110 actuaciones en obras y servicios públicos quedaron el año pasado sin licitantes, lo que bloqueó una inversión de unos 13'5 millones de euros. De ellas, alrededor de una veintena, que suman unos 3,7 millones, corresponden a departamentos de la comunidad que, bien es verdad, sacaron a contratación 768 procedimientos. En particular, destacan el Seris y La Rioja 360;en el caso del primero, quedó desierto el servicio de gestión y eliminación de los residuos sanitarios especiales, que ascendía a 842.000 euros;o el mobiliario del Hospital de La Rioja, que salió a contratación por 436.000. Por lo que respecta al segundo caso, destacan las lanzaderas para unir el aeropuerto de Bilbao con la ciudad de Logroño, que salió a contratación por 975.000 euros;Transición Ecológica, por su parte, sacó a contratación una pasarela peatonal sobre el río en Torrecilla, por 718.000 euros, que hubo que volver a licitar.
Según las estimaciones realizadas por la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), de los 13,5 millones que quedaron en las arcas públicas, alrededor de 5,1 millones correspondieron a obras, y el resto a otro tipo de actuaciones de distinta índole. Su secretario, Juan Ramón Liébana, recuerda que es una cuestión que lleva arrastrándose «mucho tiempo», una situación que se ha acentuado con la guerra de Ucrania, que ha provocado un aumento considerable del precio de las materias primas. Así menciona el encarecimiento del aluminio en un 55% o el acero en un 46%, lo que ha provocado que los costes de ejecución «se desborden», a lo que ha contribuido una subida anual del IPC del 5,8%, «con una inflación subyacente superior al 7%».
Reequilibrio económico. Este contexto convierte en «inasumible» embarcarse en cualquier obra, a la par que constata «una absoluta rigidez» de los contratos públicos, por lo que la CPAR demanda la introducción del «reequilibrio económico» de los mismos.
«No se puede acometer un proyecto, que tiene un plazo de ejecución de seis, siete u ocho meses, cuando no tienes capacidad de realizar ninguna modificación sin tener la certeza sobre el coste de la actuación, que es incontrolable», argumenta el representante de la CPAR, que añade que constituye un problema «muy serio».
Liébana señala que en otras comunidades se han adoptado una serie de medidas para mitigar las consecuencias de las subidas de los precios, un camino que, según entiende, no ha seguido La Rioja. «Nos sumamos tímidamente a un Real Decreto que no ha servido para nada», afirma el representante de los constructores, que contrapone las actuaciones emprendidas por Aragón, Canarias o Extremadura, que «han apostado por la empresa local y han adoptado medidas que ofrecen soluciones», como la introducción de cláusulas de salvaguarda económica.
Menciona la eliminación del coste de la dirección de obra y el aumento de beneficio industrial en Extremadura, «con lo que, de alguna manera, se está compartiendo el riesgo económico al que en el caso de la obra pública en La Rioja se está obligando a hacer frente de manera exclusiva al contratista».
Destaca que son medidas «de reequilibrio económico», que disminuyen las posibilidades de que queden desiertas las obras, servicios o suministros.
Resalta también que esta paralización está retrasando la ejecución de fondos europeos, «que van por contrato público», y que tienen un plazo determinado de concreción. «Se corre el peligro de perder fondos Next Generation [europeos para la recuperación] por falta de ejecución», alerta Liébana, que argumenta que las empresas «no van a entrar a un contrato público a pérdidas; es algo inviable».
Vaticina que, de momento, las cosas no van a cambiar «porque nadie va a acometer una actuación con la incertidumbre, no solo de si va a obtener el beneficio al que tiene derecho, sino sin saber si va a recuperar los costes», concluye.