El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple tres años y medio en funciones y su renovación sigue siendo una incógnita. Con el compromiso del PP de reanudar las conversaciones con el PSOE para su relevo tras las elecciones andaluzas del día 19 y con los nombramientos de cuatro magistrados del Constitucional afectados directamente por lo que ocurra con las negociaciones por el Consejo. Más allá de este compromiso, nada ha cambiado en todo este tiempo. No hay avances. PSOE y PP continúan culpándose mutuamente del bloqueo. El Ejecutivo no ve diferencia alguna entre Alberto Núñez Feijóo y su antecesor, Pablo Casado, en su actitud para renovar el Poder Judicial y cumplir con el mandato constitucional.

Y el líder popular admite que todos están incumpliendo la Constitución, al no renovarse en tiempo, aunque precisa que mucho tiene que ver en ello la reforma impulsada por el Gobierno que vacía de competencias al Consejo cuando ha expirado su mandato.

El PSOE dice estar eternamente a la espera y la estrategia del PP pasa por conversar una vez que pase el 19-J y pretende hacerlo «con publicidad», en el Congreso y con un «pacto de regeneración» en el CGPJ que Feijóo no concreta. 

Esto en público. En privado, los socialistas reconocen que no hay conversaciones mientras que los populares acaban de terminar una ronda con las asociaciones judiciales liderada por Esteban González Pons para calibrar la situación y lanzar el mensaje de que se abren a negociar tras las andaluzas.

Más optimista que nadie luce ahora el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que confía en que el Consejo se renueve antes de verano ya que parece, «por lo que se está hablando», que hay intención de «retomar la negociación», pasadas las elecciones. No obstante, fuentes jurídicas recuerdan que nada cambió tras los últimos procesos electorales autonómicos de manera que no miran tanto a las andaluzas como al Constitucional.

OTRA variable a ESCENA. El 12 de junio vence el mandato de cuatro magistrados del Constitucional, incluido su presidente, y la normativa establece que la renovación por tercios implica el nombramiento de dos magistrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ.

Esta semana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, avanzó que el Gabinete puede designar a los dos magistrados que le corresponden aunque se mantenga el bloqueo del Consejo, que no puede hacer sus dos nombramientos mientras esté en funciones. Pero fuentes jurídicas no ven viable los planes del Ejecutivo al recordar que la Constitución es clara cuando establece que la renovación se produce por tercios, de manera que «sino se renueva el Consejo y nombra a los dos magistrados que por cuota le tocan, tampoco podrá entrar en funcionamiento ese tercio, aunque el Gabinete nombre a los dos que le corresponden». Esto es así porque para que los jueces tomen posesión deben ser antes ratificados por el Pleno del Constitucional, y el escenario más probable es que no avalen ningún nombramiento hasta que no esté el tercio al completo. Por ello, la presión que se vuelque hacia la renovación del TC puede condicionar la negociación del Consejo, porque en esta ocasión el tercio a renovar producirá un cambio de mayoría en la composición del tribunal, pasando los progresistas a liderar el Constitucional.

Desconfianza y hastío

Dentro del Consejo la situación agota. El punto muerto en la renovación produce «hastío» y ya nadie se atreve a hacer pronósticos porque los mensajes que llegan desde el exterior no se toman con seriedad entre los vocales, «vengan de donde vengan», de manera que desconfían en que la presión por renovar el tercio del Constitucional cristalice en una negociación real y seria.

Y mucho menos que suceda tras las andaluzas, porque la experiencia les dice que no ocurrió así tras las catalanas, las madrileñas y las castellano leonesas.