A pesar de las dificultades que ha supuesto la renovación de esta medida -el acuerdo fue ratificado por la patronal, CEOE y Cepyme, a última hora del lunes, tres días antes de que expirará su validez- el Gobierno dio ayer el visto bueno a la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 28 de febrero, después de llegar a un acuerdo también el lunes con lo sindicatos.

Esta renovación, la sexta, contempla que durante el mes de octubre los ERTE mantendrán las mismas características que los actuales para, a partir de noviembre, introducir una importante novedad: estarán vinculados a la formación, un aspecto que los agentes sociales riojanos coinciden en considerar como muy positivo, a pesar de los temores sindicales.

«Es una demanda que venimos realizando durante toda la pandemia; debemos utilizar esos periodos de regulación de empleo para formar a los trabajadores», afirma Jesús Izquierdo, secretario general de UGT, opinión en la que coincide con su homólogo de Comisiones Obreras, Jorge Ruano, que destaca que los ERTE han servido para, a lo largo de la pandemia, mantener a flote a empresas que, de otra manera, no hubieran podido subsistir.

 «Con este acuerdo se salvan miles de empleos y empresas que estaban en una situación insostenible, fundamentalmente pymes, que son las que más están sufriendo esta situación», afirma Jaime García Calzada, presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), que razona que con la introducción de las acciones formativas, el Gobierno ha querido hacer una «prueba piloto» porque hay 254.000 trabajadores en ERTE en nuestro país. «Me parece muy bien este método porque ya que mientras no trabajan, se pueden formar» razona el presidente de la patronal, aspecto que también resalta el secretario de CCOO.

Este acuerdo, que mantiene el «contador a cero», esto es, los afectados por el ERTE no descuentan este periodo para una hipotética prestación por desempleo futura, garantiza también el 70% del sueldo para los afectados. 

Respecto a la formación, que no es obligatoria ni para empresas ni para trabajadores, garantizará exenciones de la cuota de la Seguridad Social de hasta el 80% para las compañías que la impartan, que se rebajará hasta el 40 o 50%, según el caso, para las que no lo hagan;los trabajadores, en cambio, no sufrirán ninguna penalización.

Serán los 2.124 riojanos que siguen en ERTE [datos de finales de agosto] los que se podrán beneficiar de acciones formativas que los sindicatos aprecian, aunque desconfían de su concreción.

Las dudas. El acuerdo se asienta en cierto «voluntarismo porque es lo que queremos las partes», apunta Izquierdo,  que muestra sus dudas sobre la aplicación en las pequeñas empresas.  «En las grandes, será más fácil poder articular esa formación que necesitan las plantillas para poder adaptarse a los cambios y aumentar la productividad, pero las pymes, sobre todo las de menos de 10 trabajadores, se van a enfrentar con problemas», alerta. 

Jorge Ruano entiende que hubiera sido más oportuno aplicar esta modalidad de ERTE formativo en una situación «normal» que en el marco de la excepcionalidad en el que se insertan porque «se complican mucho más las cosas».

«Es una buena idea planteada en un mal momento», señala el secretario general de Comisiones Obreras porque «va mucho más allá de una prórroga de los expedientes como hemos venido acordando».