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¿Qué hacemos con un rey inocente?

Carlos Dávila
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La Fiscalía se resiste a adoptar una decisión similar a la suiza para socavar a la Corona, el principal bastión de la Constitución

La Justicia helvética ha dictaminado que no existe la menor prueba de que Don Juan Carlos I se lucrase con las comisiones del AVE en el país de la Meca. / a.f.p.

Lola Delgado, o sea, Pedro Sánchez, o sea, Baltasar Garzón, están aplazando de forma dolosa, incompatible con una instrucción rigurosa e imparcial, las causas contra el Rey Don Juan Carlos I. Ellos consiguieron hace más de año y medio que una Zarzuela débil, agobiada por la campaña contra la Corona, asintiera al destierro del Rey más longevo en el Trono que ha tenido nuestra Historia. Un recuerdo particular: cuando aún se dilucidaba qué hacer con un monarca ciertamente acosado por sus infantiles devaneos con una devoradora de hombres de campeonato como la falsa princesa Corinna, el más alto representante de la Casa del Rey -no confundir con la Casa Real- confesó a un grupo reducido de periodistas veteranos dos cosas premonitorias: la primera, que la solución más adecuada para aquel momento era la expatriación de Don Juan Carlos; la segunda, que todo el proceso judicial abierto a remolque del acoso y derribo contra la Persona al final se quedaría en nada. Ya se ve que estaba en lo cierto: al Rey se le puso de patitas en la calle de Dubai, que ciertamente no es mal sitio, y, como se está comprobando, su horizonte penal está cada día más despejado.

 Así que la Fiscalía suiza de un tal Yves Bertossa, al parecer con fama adquirida de no casarse con nadie, ha dictaminado que no existe la menor prueba de que nuestro Rey anterior, se lucrase con las comisiones del AVE de Arabia Saudita. La cosa era de cajón, ni siquiera había que remitirse a código alguno para entender que aquel embrollo, tan festejado por la izquierda mediática, no había por donde cogerlo. Bertossa ha venido a decir: ¿Cómo se puede acusar al infrascrito de cobrar una comisión tres años antes de que se supiera quién iba a ser el agraciado con la concesión?, y, además, normalmente el que paga este diezmo, en forma más o menos torticera, es el que se lleva el gato al agua y, ¿quién fue éste?, pues la compañía estatal española Renfe; ¿se imaginan a Renfe abonando una pasta supermillonaria en dólares al Jefe del Estado español?

 Lo cierto es que los jefes de Arabia Saudí, llamados siempre por la Corona de nuestra nación «hermanos», sí que le hicieron el regalo a Don Juan Carlos. No fue el primero porque antes habían sido otros, y como en tantas otras ocasiones, significaba un reconocimiento a la influencia internacional de nuestro anterior Monarca para aflojar el descrédito brutal de la dinastía autócrata que gobierna aquel país. Los árabes siempre han sido contribuyentes netos de la nación España. Fíjense en esta curiosidad: engrasaron con sus aportaciones el éxito de nuestra Transición. Aún tengo presente la imagen del primer tesorero de la extinta UCD, Álvaro Alonso Castrillo, marqués de Casa Pizarro, exhibiendo ante dos periodistas, uno de ellos este cronista, el documento que reflejaba la aportación económica multipartidista a todas las formaciones políticas que trataban de asentar nuestra democracia. El dinero de Arabia Saudí lo recibieron desde Suárez y González, hasta Santiago  Carrillo. Esto queda para los restos de la historia, para los cazarecompensas que llevan tratando no ya de avasallar a Don Juan Carlos, sino a un valor superior: nuestro sistema democrático.

 Ahora nos encontramos con que la Fiscalía helvética ha despojado de toda culpa al hombre que más ha hecho en nuestra nación para apoyar la democracia y que, desde luego, más ha hecho también para que nuestras grandes, medianas y pequeñas empresas pudieran, como de hecho han podido, realizar grandes y pingües negocios en el extranjero. Y ahora, en fin, nos encontramos con que la oprobiosa Fiscalía española, mandada como un ejército sumiso por La Moncloa, se resiste a adoptar similar decisión a la suiza, y prorroga bochornosamente la instrucción para conseguir con ello el fin que persigue Sánchez y todos sus corifeos de la peor especie: socavar la institución monárquica, que es tanto como acabar con el principal bastión de apoyo de nuestro régimen que es la Constitución. Estos barreneros solo buscan seguir alimentando juicios paralelos, la famosa pena de telediario que durante años está azotando no ya a los representantes de la Monarquía, sino a la propia Institución misma. Ese el propósito. Lo lógico es que los fiscales Campos, fallecido por sorpresa el miércoles y Luzón, su mansa jefa Lola Delgado, la pobre ministra actual de Justicia, y, desde luego, y en primer lugar, Pedro Sánchez Castejón, a la hora de haberse conocido la postura de Bertossa deberían haber tomado la decisión de archivar la causa española. No lo han hecho; se refugian en una interpretación, desde luego sectaria, de la ley, y siguen postergando su sentencia; todo para continuar depositando basura sobre los protagonistas de nuestra Corona.

Por tanto, ¿qué hacemos ahora con nuestro Monarca inocente? La Casa del Rey y el Gobierno quieren seguir condenándole al destierro? ¿Qué sucedería en la perversa hipótesis de que Don Juan Carlos muriera? ¿No sería más complicado devolverle entonces a su patria que ahora cuando afortunadamente se encuentra todavía vivo? Su silencio, lo sabemos de buena tinta, es mayestático. Nuestro buen Rey actual, Felipe VI, conoce hasta qué punto acumula deudas históricas, nada que ver con la economía, con su padre. 

Lobby poderoso

La izquierda menesterosa de este país que lo mismo utiliza al Papa, que se sirve del prestigio general de nuestra Monarquía, es un lobby poderoso que -ya lo hemos escrito- pretende subvertir nuestro orden constitucional para fundar un fascismo comunista tipo Cuba o Venezuela. Les molesta el Rey; este y su predecesor. En estas condiciones, Felipe VI no puede prestarse a su juego; él es lo que es porque su padre le enseñó, entre otras cosas, a soportar acometidas como la que ahora padece. Algo más finalmente: que nadie, por muy cercano que esté a Felipe VI, abogue por la prosecución del exilio. Ya se hizo esto hace año y medio; sería intolerable que ahora se repitiera la fechoría. Supongo que queda claro lo que este cronista, por su cuenta y con su solo riesgo, ha querido señalar en esta crónica. Este es sobre todo un asunto de familia; de familia directa, de familia de sangre. Los horteras. ¡Una bonita compañía!