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"Sin Ley de Cadena Alimentaria, los costes irían al productor"

R. Briongos
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"Sin Ley de Cadena Alimentaria, los costes irían al productor"

Si hubiera que resumir la personalidad del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación con un solo término ese sería el de la prudencia. Luis Planas (Valencia 1952) fue diplomático antes de ministro y eso ha quedado fijado en su carácter. Sacarle un titular jugoso es misión imposible porque huye de las frases explosivas, elude cualquier tipo de enfrentamiento con sus adversarios políticos y no se altera ante las críticas. Aún así defiende con vehemencia la labor que se lleva a cabo en el Ministerio que dirige y tiene muy claro que el futuro del campo pasa por conseguir explotaciones agrarias rentables, pero también comprometidas con la sostenibilidad ambiental. No se moja tampoco con respecto a la prohibición de la caza del lobo, pese a entender la preocupación de los ganaderos, y solo se enciende un poco ante la posibilidad de que Vox intente cambiar en una región como Castilla y León el protocolo sobre la tuberculosis en las vacas para no sacrificar a todos los ejemplares de una granja si se da un caso. «Que no intenten hacer política cortoplacista en materia de sanidad animal cuando lo que están en juego son nuestras posibilidades de puesta en mercado y nuestras exportaciones», subraya.

Estamos a las puertas de una cosecha que los sindicatos prevén mala. Reclaman la reunión de la mesa de la sequía y ayudas al sector. ¿Va a atender sus peticiones?
Estamos en un momento muy singular. Por una parte, las consecuencias de la sequía y por otro la guerra de Ucrania. Sobre la primera, se ha determinado la rebaja de un 20% en el importe de los módulos en la estimación objetiva singular, en lo que se refiere al IRPF. También la cancelación del IBI. Hace 45 días hicimos una perspectiva que la cosecha de cereal podría situarse este año entre  23 y 25 millones de toneladas, posiblemente las altas temperaturas van a disminuir ese rendimiento, pero de ahí a considerar que va a ser catastrófico hay una distancia. Hay que seguir la situación de cerca para, a partir de ahí, ver las medidas que se adoptan. 

Las organizaciones agrarias también son muy críticas con la reforma de la PAC. ¿Le parece suficiente lo conseguido para España en esa negociación?
Esta es la mejor Política Agraria Común que ha tenido España desde 1986 y especialmente desde que se inició el pago de ayudas directas en 1992. Está focalizada a lo que constituye la inmensa clase media de nuestra agricultura y ganadería, que es familiar y profesional. Hemos incrementado sustancialmente las ayudas al sector ganadero. El resultado va a ser muy favorable teniendo en cuenta además que hemos establecido un pago redistributivo y todos los grandes ejes van a estar cubiertos por unas cantidades económicas similares a las del periodo 2014-2020.

"Sin Ley de Cadena Alimentaria, los costes irían al productor"

¿A qué achaca las críticas?
Bueno, cada siete años hay una reforma de la PAC, esta es nueva y eso suscita preocupaciones. Hay inquietud, pero eso se va a solventar a partir de 2023 cuando empiecen a solicitarse y a pagarse las nuevas ayudas. Estoy convencido de que va a ser positiva para los agricultores y ganaderos 

Esta reforma pone especial énfasis en la sostenibilidad. ¿Son los incentivos económicos la única forma de que agricultores y ganaderos tengan una conciencia medioambiental?
No hay sostenibilidad medioambiental si no hay rentabilidad. Las explotaciones tienen que ser rentables, pero la sostenibilidad es absolutamente necesaria, y no solo en un contexto de cambio climático como el que estamos, que se refleja en los episodios de fenómenos extremos cada vez más frecuentes en toda la geografía española. Este es un sector que necesita el apoyo de la PAC, que supone de media el 20% de los ingresos de los agricultores, pero que consigue gracias a su trabajo datos como el de este año que se ha registrado una producción agraria vegetal y animal de 56.400 millones de euros, récord absoluto, y unas exportaciones de toda la cadena del sector agroalimentario de 61.500 millones.

A juicio de los ecologistas, esta apuesta por la agricultura y la ganadería sostenibles casa mal con la apertura de macrogranjas. ¿Piensan endurecer los requisitos para hacer más difícil su implantación?
Las explotaciones ganaderas tienen tres niveles de autorización. Las comunidades autónomas tienen competencias en materia ambiental y también compartidas con los ayuntamientos en ordenación del territorio. Lo que hacemos desde el Ministerio es establecer las condiciones generales, que tenemos ya en el tema del porcino y avícola y estamos trabajando en el vacuno; es decir, el número máximo de cabezas que puede tener una explotación. Somos uno de los países de la UE donde existe un mayor control al respecto y nuestros tamaños medios de explotación no son los mayores.

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¿Cuál será el número máximo de cabezas de vacuno que podrán tener las explotaciones?
Lo hemos situado en una horquilla entre 700 y 800 cabezas. Está en consulta pública y a partir de ahí saldrá la cifra definitiva. Es una materia sujeta a debate. Hay quien considera esa cifra demasiado alta, y quien la ve demasiado baja. 

¿Qué opinión tiene del proyecto de Noviercas, que es el que más polémica está suscitando?
No me corresponde a mi como ministro pronunciarme porque no tengo ninguna competencia sobre el tema. El modelo que nosotros defendemos es el de una ganadería familiar y profesional y esa es la clave del futuro. Lo importante es tener explotaciones que, cuidando el medio ambiente y siendo rentables, creen empleo y estén vinculadas al territorio. El que menciona no me parece un modelo de los que  crean posibilidades para que exista, desde el punto de vista de la diversidad productiva, un número de granjas vinculadas al territorio, pero la competencia para autorizarla es de la Junta de Castilla y León.

En cualquier caso, si estuvieran aprobadas sus directrices en cuanto al número máximo de cabezas, no se podría dar licencia.
El decreto no entra en vigor hasta su aprobación definitiva y su publicación. Si hay anteriormente granjas en regla con una dimensión diferente no están afectadas.

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Vox, que ya gestiona la Consejería de Agricultura y Ganadería en una región como Castilla y León, estudia un nuevo protocolo para el control de la tuberculosis bovina que no suponga el sacrifico de toda la granja si hay un caso. ¿Está de acuerdo?
Como ministro soy tremendamente prudente, en especial en lo referente a sanidad animal. Con eso no se juega. Hay una normativa nacional y una europea muy estrictas. Gracias al esfuerzo del sector ganadero, al de las administraciones públicas y al de los veterinarios tenemos hoy uno de los estándares más elevados de la Unión Europea. No quiero juzgar ningún caso concreto, pero hago una llamada a la responsabilidad: que no se tomen decisiones que al final van a perjudicar a los ganaderos. Que no intenten hacer política cortoplacista cuando lo que están en juego son nuestras posibilidades de puesta en mercado y nuestras exportaciones. Cualquier incidente en materia de sanidad animal produce un efecto de freno a nuestras exportaciones.

¿A qué se enfrenta la reseñada región si incumple el protocolo europeo?
No quiero juzgarlo. En esta materia nos jugamos mucho y no es cuestión de una comunidad autónoma sino del conjunto de toda España. Las consecuencias no son territoriales. Afectan a todo el sector. 

Otros dos problemas que quería atajar la PAC era la escasa incorporación de la mujer al campo y la falta de relevo generacional. ¿Han notado avances en ambos campos?
Hay un buen dato. Hace poco se hacía público el censo agrario de 2022 y en relación al de 2009 el avance ha sido importante. Hace 13 años había un 21% de titulares efectivas de explotaciones y ahora son ya el 28%. El papel de la mujer es clave en el sector agrícola y ganadero y se va a primar con la nueva PAC, que incluye un pago suplementario en relación con la incorporación de jóvenes. También he comentado con los responsables de las cooperativas agrícolas la necesidad de que sus órganos directivos reflejen la composición social de las propias cooperativas.

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Ese mismo censo agrario dice que la superficie cultivada ha bajado. 
Bueno es muy poca la superficie. Apenas el 0,7% y que se debe a un ajuste en la superficie de los pastos. Yo creo que se debe a que el de 2009 era un censo por estimación en buena parte de los datos y el de 2022 tiene mediciones reales. De hecho, los grandes datos de este censo destacan un descenso en el número de explotaciones y un incremento de su tamaño medio. 

Algunos sectores, como la hostelería, tienen dificultades para encontrar mano de obra. ¿Le consta que el campo sufre también este problema?
Hay 109.000 puestos vacantes en diferentes sectores en nuestro país.  Hablo con muchos empresarios agrarios en toda España y me trasladan que tienen dificultades para encontrar trabajadores sobre todo en las épocas de cosecha. Muchos trabajadores del sector primario han pasado a la construcción o al sector servicios. No es un problema únicamente español, lo he constatado con los ministros de Francia, Alemania o Italia.

¿Los problemas vienen por las dificultades del trabajo en el campo o por los sueldos que se pagan?
Es difícil juzgarlo. El trabajo en el campo es duro. Se han incrementado los salarios pero es cierto que nos encontramos con tablas inferiores a los de Alemania, aunque también superiores a otros países como Bulgaria. Toda la regulación de la reforma laboral es un intento de estabilización.

Asaja criticó mucho la reforma laboral al entender que era muy perjudicial para el campo. 
Yo creo que está funcionando bien, tanto desde el punto de vista de la creación de empleo como de la estabilización. Pero la reforma laboral supone un cambio, y siempre que hay cambio hay preocupación.

La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto los problemas globales que puede provocar un conflicto en el granero de Europa. ¿Cree que la UE debería plantearse un cambio de políticas para defender una soberanía alimentaria que evite el desabastecimiento?
En el ámbito agroalimentario, prefiero hablar de autonomía. En el caso de España, somos una gran potencia agroalimentaria, el séptimo exportador del mundo, y tenemos una capacidad y diversidad muy grandes, pero también necesidades en el caso de cereales y leguminosas que tenemos que cubrir con importaciones. 

¿Hay riesgo de desabastecimiento?
No, no hay riesgo de desabastecimiento ni en España ni en ningún país de la Unión Europea. Esta crisis irá, si no lo remediamos, sobre las espaldas de los países que se encuentran en una peor posición económica en el mundo; en África, en Asia o el América Latina, como consecuencia del incremento de precios en los cereales. Creo que estamos respondiendo bien, porque tenemos que equilibrar la sostenibilidad de la producción agroalimentaria para que en 2050, cuando seamos cerca de 10.000 millones de personas en la tierra, tengamos alimentación para todos, teniendo en cuenta que la superficie agraria neta del planeta y el número de cabezas de ganado no pueden aumentar. Yo creo que la PAC puede responder a ello con medidas como la posibilidad de cultivar los barbechos y otros aspectos que tendremos que incluir a partir de septiembre.

¿Y qué otros elementos plantean introducir?
Es pronto para decirlo. Tenemos que discutirlo con la Unión Europea. Estoy en contacto con mis colegas francés y alemán porque trabajamos de forma coordinada. Hay temas relacionados con los barbechos, hay quien se plantea el tema de las rotaciones... propuestas para poder producir más alimentos en una coyuntura como esta.

Hablaba de la carestía y el precio del cereal está ahogando a los ganaderos por la subida de los piensos. ¿Qué va a hacer el Ministerio para paliarlo?
Hemos establecido un paquete de ayudas para el sector del vacuno, ovino y caprino de leche por importe de 159 millones de euros y aprobamos otro paquete que tiene parte de financiación comunitaria que hemos completado con un 200% dirigido a los sectores ganaderos de carne. En estos momentos el problema viene derivado de los costes, y por tanto de reducción del margen empresarial, y es ahí donde estamos actuando.

¿Piensan ampliar esas ayudas?
El consejo de Ministros va a aprobar mañana [la entrevista se realizó el lunes] una segunda parte de 191 millones en relación con los sectores de la carne y de los cítricos. Todo esto sumado a las ayudas de la PAC, a los beneficios fiscales por la sequía y a la bonificación de 20 céntimos en los combustibles que se va a prorrogar hasta octubre

Los agricultores, por su parte, se quejan de que aunque el precio de los cereales les beneficia, el coste de la energía y los insumos se comen ese margen…
Ahí lo fundamental es la Ley de Cadena Alimentaria. El gran salto que supone esta legislatura, además de la reforma de la PAC, es la aprobación de esa Ley. Era una reivindicación histórica del sector y la hemos aprobado y ahora hay que aplicarla. Va a suponer prohibir la venta a pérdidas y que los precios de venta tengan que ser siempre superiores a los costes de producción, Y se están dando ya los primeros aspectos positivos. Estoy convencido de que si no existiera la Ley de Cadena Alimentaria, todos los incrementos en la energía o los insumos hubiera ido a las espaldas del agricultor o del ganadero.

Las organizaciones agrarias se quejan de que esa Ley no incluye unos baremos para determinar cuáles son los costes mínimos de producción en cada cultivo ¿no se podían haber incluido?
No, porque estamos en una economía de mercado y los baremos pueden ser indicativos y son los elaborados en relación con el observatorio de la cadena alimentaria y determinadas cadenas de valor. Se puede avanzar sobre ellos, pero nunca van a tener un carácter obligatorio. Esta no es una economía regulada. Es la oferta y la demanda la que marca los precios y no una decisión administrativa.

¿Y va a haber controles para actuar si se sospecha que los costes de producción reales son más altos de los señalados?
Los hay ya. La Agencia de Información y Control Alimentario se encarga de la mano de las 17 comunidades de hacer los controles de la cadena y denuncia que se produce es objeto de investigación y, llegado el momento, de apertura del expediente correspondiente. A partir de ahora, por encima de mil euros, todo contrato deberá ser escrito y objeto de depósito. Esto permitirá tener un documento de prueba de cara al cumplimiento de la Ley

La ministra Maroto ha anunciado que este mismo mes verán la luz los primeros 400 millones de los 1.800 millones del PERTE de la industria agroalimentaria, pero hay críticas porque los trámites son muy complejos y dejan fuera a muchas pymes ¿van a facilitar los requisitos para evitar esto?
En estos momentos hay ya 17.000 proyectos aprobados en relación a los fondos europeos que corresponden a 12.000 empresas. Realizar críticas anticipadas a la gestión cuando de esos 400 millones que anunció la ministra no se ha publicado aún la convocatoria me parece que no tiene ningún sentido. Lo que esta claro es que hemos ampliado la dotación de este PERTE de los 1.000 millones iniciales hasta los 1.800. Por tanto no hay problemas en la disposición de fondos y en cuanto a la gestión vamos a tener muy en cuenta a las pymes.

Por no abandonar el sector, Siro ha paralizado la producción en todas su plantas ¿Qué va a hacer el Gobierno para encontrar una posible solución al problema?
Me consta que la ministra de Industria, Comercio y Turismo y también la Comunidad Autónoma están inmersas en la búsqueda de una solución de un problema que es preocupante porque afecta a una gran empresa agroalimentaria, que crea mucho empleo y es un pilar de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Todos tenemos que cooperar para buscar una solución de cara al futuro. Estamos en una economía de mercado y lo importante es que los inversores respondan proporcionando los fondos correspondientes para lograr la continuidad de las fábricas. 

La prohibición de la caza del lobo ha puesto en jaque a los ganaderos. ¿Entiende su preocupación?
Es el mismo debate en España que en Francia o en Finlandia: cómo preservar la biodiversidad defendiendo los intereses de los ganaderos. Preocupa no solo por los daños materiales, que antes o después son compensados por las administraciones públicas, sino también desde el punto de vista psicológico del ganadero.

¿Si hubiera dependido solo de usted la hubiera prohibido?
Es un tema que corresponde a la Comisión de Biodiversidad donde están presentes las comunidades autónomas. Yo tengo mis competencias dentro del Gobierno y en lo mío tengo las ideas muy claras. 

¿Cómo se compensa a los ganaderos?
Entiendo muy bien su problema. No es solo la reparación del daño, sino también el temor y la preocupación. Pero sigue existiendo la posibilidad de llevar a cabo acción de control de población si fuera necesario, previa autorización administrativa.

El Plan Hidrológico del Duero puede limitar la extensión del regadío ¿ve positiva esta reducción? 
Un Plan Hidrológico no habla de superficie de regadío, sino de dotación de agua. Lo importante es sacar el mayor producto posible de cada gota de agua y eso se consigue con inversiones públicas que nos permitan avanzar en la sostenibilidad de nuestro regadío y que podamos utilizar mejor el agua y disminuir la factura de energía. En los primeros 20 años de este siglo ha habido una inversión media por año de 133 millones de euros dedicados a la modernización de regadío. En los próximos seis años tendremos 425 millones anuales de inversión. Es un factor muy positivo de cara a aprovechar mejor el agua.

Transmite entonces tranquilidad a los agricultores que habían mostrado su preocupación.
Hay que tener en cuenta el contexto. Como consecuencia de la elevación de las temperaturas se va a producir una reducción de la disponibilidad hídrica. Vamos a tener menos precipitaciones y tenemos que ser capaces de sustituir esto con una mayor productividad. No se trata de reducir el regadío sino de hacerlo más competitivo y más productivo.