El fiscal pide prisión permanente revisable a una mujer como presunta autora del delito de asesinato de su hija de 5 años, que juzgará la Audiencia Provincial de Logroño con un tribunal popular del 31 de enero al 17 de febrero.

Los hechos ocurrieron en la capital riojana en enero de 2020, según detalla el Ministerio Público en su escrito de acusación, quien solicita que se estime la agravante de parentesco y alevosía por daño a persona vulnerable por su edad.

La procesada, nacida en Caracas (Venezuela) y con 35 años en aquel momento, había mantenido una relación sentimental con el padre de la niña, de quien se separó al poco de nacer la menor.

La mujer, que se mudó con la pequeña a casa de su madre en la localidad riojana de Haro, se mostró "muy posesiva y controladora con la menor", de modo que imponía al padre sus "condiciones" para que pudiera ver a la niña.

Tras un "belicoso" procedimiento judicial por la custodia de la niña, un Juzgado de Haro se la atribuyó a la madre, pero después cambió a custodia compartida y, tras ser recurrida, el padre la logró completa, con un régimen de visitas para su expareja.

Sin embargo, según el relato del fiscal, la madre no se mostró conforme con esta decisión judicial e incumplió el régimen de visitas en varias ocasiones y no devolvió a la niña cuando debía, alegando que "el padre no le prestaba los cuidados y atenciones que precisaba, que la menor no quería estar con él, e incluso que le pegaba", lo que motivó denuncias entre las partes.

La acusada estaba "muy unida" a su madre, con quien residía y regentaba una tienda en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, hasta octubre de 2019, cuando la cerraron.

Por esa relación de confianza, la encausada le había comunicado que "sufría por no estar siempre con su hija y tenía pensamientos autolíticos".

A su vez, la abuela, quien había tenido problemas económicos al estimarse estafada en una importante cantidad de dinero, también declaró a su hija su intención de acabar con su propia vida.

La procesada entonces decidió además "causar la muerte de su hija menor, como último acto posesivo, en venganza y resentimiento" hacia el padre de la pequeña, "al no soportar que la niña estuviera con él".

Así, la encausada y su madre, de común acuerdo, idearon un plan para acabar con sus vidas y también con la de la niña, de modo que buscaron en sus teléfonos información para hacerlo durante el fin de semana del 24 al 26 de enero, cuando la madre tenía la guarda de su hija.

La procesada dejó cuatro notas manuscritas en las que se despedía de su padre, su hermano y dos amigos íntimos y también grabó veinte vídeos en su tableta para despedirse de su hermana y otros familiares, que dejó escondidas junto a su teléfono móvil y el de su madre en la parte superior de un armario.

Después, las tres se trasladaron desde Haro a Logroño, donde reservaron una habitación para dos noches en el Hotel "Los Bracos" el día 26 de enero de 2020, cuando la pequeña tenía que regresar con su padre.

La madre y la abuela suministraron a la niña un medicamento para combatir el insomnio en dosis para un adulto, que provocó que la pequeña se durmiera profundamente, y sin ninguna posibilidad de defensa, fue presuntamente asfixiada por su madre y abuela, quienes presionaron la boca y la nariz de la menor, que portaba un chupete en la boca, hasta cortarle la respiración, según el fiscal.

Posteriormente, la encausada con asistencia de su madre, guiada por la intención de acabar con su propia vida, se produjo cortes en ambas muñecas y otras heridas en varios puntos del cuerpo.

Después, la abuela se desplazó hasta el parque de La Ribera de la capital riojana, donde se arrojó al río Ebro, y su cuerpo fue encontrado dos días después, el martes 28 de enero.

El lunes 27, la procesa se asomó varias veces a la ventana de su habitación en el hotel y sacó la cabeza y las piernas por el alfeizar, por lo que un vecino alertó a la Policía Nacional, que se trasladó hasta el lugar y encontró el cuerpo sin vida de la pequeña.

Según el fiscal, en el momento de los hechos, la encausada no presentaba alteraciones psicopatológicas de entidad suficiente que afectaran a sus funciones psíquicas y que implicasen una modificación de la capacidad intelectiva y volitiva en relación con los hechos.

El fiscal ha pedido que la procesada indemnice al padre de la pequeña con 200.000 euros por los daños morales causados.

El juicio comenzará el próximo 31 de enero con la declaración de la única acusada, tras la constitución del jurado popular el 28 de enero.