Salud indemnizará con 90.000 euros a la familia de la bebé de siete días que se precipitó contra el suelo mientras permanecía en brazos de una matrona en el centro de Salud La Guindalera de Logroño. Los hechos ocurrieron en 2017, cuando los padres de una recién nacida acudían a la primera revisión de la pequeña. En una de las salas del centro de salud, una matrona cogía a la niña para iniciar la revisión cuando la pequeña se precipitó contra el suelo. La bebé, nacida una semana antes en perfecto estado de salud, fue trasladada al servicio de Urgencias del hospital San Pedro de Logroño tras una primera exploración en el propio centro de salud. Tras las pruebas de imagen practicadas en el hospital de Logroño, la paciente fue derivada al centro hospitalario de Cruces, donde permaneció siete días ingresada con fractura craneal múltiple y traumatismo craneoencefálico.
Fueron en total 1.162 días los que trascurrieron desde el desafortunado accidente hasta que la pequeña recibió el alta médica, tras más de dos años de fisioterapia y rehabilitación.
Superadas las lesiones en diciembre de 2020, los padres reclamaron a la consejería de Salud 268.000 euros en base a las lesiones producidas, por los gastos familiares por desplazamiento y estancia en Cruces, por el lucro cesante, ya que la madre dejó su trabajo para atender a la menor, y por los daños morales, concepto éste último por el que la familia pedía 180.000 euros.
Ingresos públicos. Salud solicitó entonces un distamen, no vinculante, al Consejo Consultivo, que interviene en casos de indemnizaciones superiores a los 55.000 euros, quien dictaminó la existencia «de responsabilidad patrimonial». Si bien, rebajó la cuantía hasta los 107.436 euros ya que, a su juicio, no se pudo documentar que la madre no percibiera ingresos públicos (desempleo) durante el periodo de cuidado de la pequeña. Por su parte, el órgano que preside josé Ignacio Pérez rebajó la indemnización propuesta por daño psíquico hasta los 70.000 euros. En septiembre, la Consejería que gestiona María Somalo ofreció a la familia 85.495 euros, muy por debajo de sus pretensiones iniciales y contra la que cabía recurso si bien, la familia aceptó finalmente la oferta del Ejecutivo regional. En total, 90.000 euros teniendo en cuenta que a la propuesta de Salud hubo que añadir una cantidad de dinero por unos errores de cálculo subsanados.