El próximo 12 de junio, siete días antes de las elecciones autonómicas andaluzas, caduca el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que fueron elegidos a partes iguales por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. Una vez más un proceso electoral es utilizado como la excusa para que una renovación no se produzca a tiempo, aunque en este caso una de las partes llamadas a ese proceso, el órgano de gobierno de los jueces, tiene limitada la posibilidad de nombramientos porque lo tiene prohibido hasta que se renueve.
Aunque la Constitución establece que la renovación de los magistrados del TC se realizará por tercios, el Gobierno ha lanzado la posibilidad de elegir a los dos que le corresponde y que el CGPJ lo haga cuando recupere la capacidad de realizar nombramientos, un asunto, a la vez, pendiente de que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP y Vox contra la ley que se lo impide al órgano de gobierno de los jueces mientras se encuentre en funciones, situación que se da desde hace tres años y medio. La cuestión es si sería legal que, como ha anunciado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el Gobierno nombrara a sus dos magistrados. Interpretaciones legales las hay para todos los gustos, la de aquellos expertos que afirman que la Constitución es taxativa sobre la renovación conjunta, y la de aquellos que ven resquicios para dar validez a las intenciones del Ejecutivo, que de llevarla a cabo se encontraría con no pocos obstáculos. En primer lugar, por parte del pleno del TC que tendría que validar la idoneidad de los dos nuevos magistrados y que, de hacerlo, se vería con toda seguridad con su decisión recurrida ante el propio TC, de tal manera que el intérprete de la Constitución no podría abordar ese asunto hasta que se produjera una renovación completa de los magistrados del TC, porque se podría pedir la recusación de todos los que hubieran intervenido en la sentencia. En cualquier caso, se avecina un embrollo judicial que vendrá acompañado de nuevas acusaciones al Ejecutivo de su afán por colonizar las instituciones, pese a que en esta ocasión todo lo que ocurre es producto del bloqueo que ha impuesto el PP a la renovación del CGPJ durante la etapa de liderazgo de Pablo Casado.
La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP, con su vitola de moderado, abrió nuevas posibilidades de que se llegara al acuerdo para renovar el CGPJ, que está bastante perfilado a expensas de que el PP se decida a mostrar su voluntad política. El nombramiento del eurodiputado Esteban González Pons como responsable de los asuntos de Justicia parece que puede hacer avanzar el proceso… A no ser que tras elecciones andaluzas se instale en el PP la sensación de cambio de ciclo y se resista a los cambios en el CGPJ y el TC que pasaran a tener mayorías progresistas con las que tendrían que convivir a lo largo de toda su legislatura. Y ellos saben muy bien que supone tener esos órganos a la contra.
La iniciativa del Gobierno es un intento más de forzar a los populares a que den vía libre a las renovaciones. Las declaraciones de González Pons a El Mundo en respuesta a la propuesta de Bolaños dejan un resquicio a la esperanza de que tanto el CGPJ como el TC puedan cambiarse sin tardanza: "yo creo que el CGPJ debe renovarse aplicándose la ley actual", ha dicho.