La resolución aprobada la semana pasada por la Eurocámara  -con el voto en contra de los socialistas españoles- en la que urge a Marruecos a respetar la libertad de expresión y a liberar a periodistas críticos encarcelados ha provocado la ira en el país alauita, donde el Parlamento, los partidos políticos, la patronal y los sindicatos cargaron ayer con dureza contra la institución comunitaria, llegando incluso a anunciar una revisión de las relaciones bilaterales con Bruselas. A juicio de Rabat, esa resolución es «un chantaje», un intento de «tutela» de corte colonialista y una «injerencia» en la soberanía de la nación africana. 

La sede de la Cámara de Representantes marroquí acogió una sesión extraordinaria -en la que, además de los diputados y senadores, participaron representantes de los agentes sociales- convocada ex profeso para tratar la votación europea, que pide también restringir el acceso de representantes alauitas a la Eurocámara mientras se investigue el asunto de corrupción Catargate. Y, tras varias horas de debate, el presidente del Congreso, Rachid Talbi Alami, anunció que el órgano que dirige «decide revisar sus relaciones con el Parlamento Europeo y someterlas a una evaluación integral para tomar decisiones apropiadas y firmes». En esa declaración, además, se calificó la resolución de la Eurocámara de «inaceptable» y se consideró que «destruye la relación de confianza» entre las dos instituciones.

«El Parlamento de Marruecos toma nota con gran asombro e indignación de esta resolución, que destruye la confianza entre las instituciones legislativas marroquíes y europeas y afecta al fondo de los logros que se han producido en varias décadas», agregó Talbi Alami.

Así, la Cámara Baja lamentó la decisión de la Eurocámara por ser «una usurpación inaceptable de la independencia de las instituciones judiciales» del país magrebí y manifestó su «absoluto» rechazo a las «tendencias de tutela de cualquier parte que sea, independientemente del nivel de relaciones que mantiene con Marruecos». 

El organismo insistió, además, en el aferramiento del país a los derechos humanos «tal y como son reconocidos internacionalmente», y recordó su papel como garante de los derechos y las libertades y las formas de ejercerla.

Con el Gobierno español, en cambio, los parlamentarios se mostraron agradecidos, en vista de que los eurodiputados socialistas votaron en contra de la resolución y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, apoyó este gesto. Unos agradecimientos a los que siguieron el aplauso unánime de la sala.