El Partido Riojano ha propuesto al Gobierno de La Rioja adoptar las medidas necesarias para "prohibir el acoso comercial telefónico". Los ciudadanos recibimos multitud de llamadas para ofrecernos determinados servicios, la mayoría de ellas a horas intempestivas. "Muchos usuarios han solicitado a estas empresas ser eliminados de sus listados, pero la expresión de esa voluntad en la mayoría de los casos no frena los abusos de estas llamadas", han señalado los regionalistas.

El estudio de los hábitos de los consumidores ha llevado a que cada vez "sea más frecuente que sean abordados en sus horas de descanso, por lo que se hace necesario regular estas malas prácticas".

Como señalan los regionalistas, el Gobierno "debe velar por los derechos de los consumidores y no alargar el problema hasta el punto de que sean los propios riojanos los que tengan que llegar incluso a litigar para evitar recibir este tipo de prácticas comerciales".

En el Partido Riojano "han recibido quejas de muchos usuarios por esta situación". En este sentido, plantean "¿quién no ha recibido llamadas de este tipo a altas horas, llamadas donde no hay nadie en la línea o incluso llamadas repetitivas de las mismas compañías a pesar de solicitar que les den de baja de sus listados?" Por ello, solicitan al Ejecutivo de Concha Andreu que tome medidas desde la Dirección General de Consumo para proteger a los consumidores frente a estos casos.

La propuesta del PR+ "es que determinadas franjas horarias queden prohibidas en estas llamadas telefónicas para la protección del descanso y la intimidad de los riojanos". Además, piden al Gobierno que se informe a los ciudadanos de sus derechos para defenderlos cuando soliciten no volver a recibir este tipo de llamadas comerciales, que en la mayoría de los casos no tienen ningún interés para el que las recibe.

El presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha afirmado: "Hay que preservar la intimidad de los ciudadanos y el Gobierno de La Rioja debe proteger los derechos de los consumidores".

Antoñanzas ha manifestado que "es necesario establecer un código de conducta para las empresas que ejercen este tipo de llamadas, en muchos casos masivas, y ejercer un control que defienda los derechos de los consumidores, especialmente de los más vulnerables".