El sindicato CSIF tiene el convencimiento de que los tribunales van a anular la orden de convivencia del Gobierno regional, por las formas en las que el Ejecutivo la sacó adelante, sin una negociación previa que es preceptiva legalmente, por lo que "el consejero", Pedro Uruñuela "está a tiempo de no dar lugar a esa resolución y retirarla", informa Efe.

Así lo ha explicado el responsable de Educación del sindicato CSIF, Francisco Gallardo, que ha detallado que CSIF presentó una denuncia contra esta orden en el juzgado de lo Contencioso-Admministrativo que ha sido admitida a trámite.

No obstante, ha precisado, ahora mismo en el ámbito judicial está en debate si quien debe ocuparse del asunto es el juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo, o, al tratarse de una cuestión del Ejecutivo riojano, le corresponde fallar al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

En cualquier caso "la orden va a ser anulada, no tenemos dudas" porque "no nos ha quedado otra alternativa que ir a la vía judicial y los jueces van a parar esta orden" porque "se ha impuesto sin la negociación que es preceptiva".

"Dentro de la orden de convivencia hay al menos 20 cosas que condicionan el trabajo en los centros, como la necesidad de nombrar a un coordinador y a un responsable de convivencia" que "son cosas que deben negociarse por imperativo legal", ha insistido.

En cualquier caso, ha afirmado, en la práctica "esta orden no puede aplicarse" porque "se ha hecho sin conocer la realidad del día a día en las aulas" y porque "parte de una realidad edulcorada y no soluciona los problemas que existen de verdad".

"Esta orden conlleva más burocracia para los profesores, pero no aporta más recursos", ha reprochado el responsable de CSIF, que ha insistido en que "estamos ante una norma utópica que ha salido de un despacho y no tiene que ver con la realidad".

El consejero, ha proseguido, "está a tiempo de retirar la orden para sustituirla por una que esté negociada" y "si no lo hace la tumbarán los juzgados".

Si eso no sucede "actuarán los tribunales y probablemente la nueva orden de convivencia la tendrá que sacar adelante otro gobierno" ya que ahora calcula un mínimo de 40 días para que resuelvan los tribunales.