La covid-19 viene a complicar aún más si cabe las complejas campañas agrícolas de recogida, particularmente la vendimia, reto a resolver que ha quedado patente en Lérida. La Mesa de Flujos Migratorios, en la que toman parte las tres administraciones, los sindicatos agrarios, FER, FECOAR, la Asociación de Bodegas Familiares , Cruz Roja y Cáritas, ya se ha reunido un par de veces, con adelanto sobre otras campañas, con el objetivo de ofrecer una respuesta coordinada a la llegada de un importante flujo de población itinerante. Dos son los principales asuntos a resolver: los alojamientos para los temporeros y los test de comprobación de la presencia del virus, sin que se haya encontrado una solución consesuada a ninguno de ellos.
«Los agricultores ya poseen sus alojamientos, pero la administración nos dicen que la mayoría no van a cumplir con la normativa higiénico-sanitaria», redactada en términos, según explica Rocío Agustín, responsable de servicios laborales de la UAGR, «muy abstractos» por lo que la parte empresarial de la Mesa ha pedido aclaraciones sobre las condiciones.
«Una vez que conozcamos los requisitos, ya sabremos con los que podremos y no podremos contar», apunta Agustín para razonar que si los requerimientos impuestos hacen imposible su ejecución «habrá que pasar a un plan b». ¿Y en que consistiría? Pues en la habilitación de una red de albergues, hostales, pensiones u hoteles, cuyo coste asumiría el agriculto, una vez formalizado el contrato de trabajo. «La administración tiene que implicarse», consideran desde la UAGR, que señala que tiene pendiente de elaborar el citado protocolo para que el resto de actores implicados organice el operativo.
Igor Fonseca, técnico de ARAG-Asaja, coincide con estas reflexiones y destaca que a los agricultores de La Rioja se les exige, desde labores de escarda, en mayo, que los alojamientos pasen una evaluación de riesgos para prevenir el contagio de la covid, «con una normativa tan profusa al respecto que ningún hogar de La Rioja, ni tu casa ni la mía, cumplirían los requisitos para alojar temporeros esta campaña». Por ello, «hemos exigido que se elabore un protocolo con una serie de condiciones mínimas que deberían cumplir dichos alojamientos para ser evaluados por los servicios de prevención, cosa que aún no hemos conseguido y estamos ya en faena», critica Fonseca, que lamenta que La Rioja es la única comunidad donde se exige a los alojamientos de los agricultores evaluación de riesgos. «No nos negamos a ello, pero queremos que el Gobierno aclare las cosas, reitera.
El otro asunto a solventar es la realización de los test, que el Gobierno ha propuesto que hagan los agricultores, planteamiento que no comprenden los sindicatos, que se preguntan por qué deben hacer las pruebas a sus trabajadores cuando no son obligatorias. «Si no lo son, no entendemos por qué deben serlo para el sector agrario, y menos a su costa», razona Rocío Agustín, que rechaza la oferta del Gobierno riojano de asumir el 40% del coste. «En Rioja Alavesa, los test a los temporeros, los va a hacer el Gobierno vasco», recuerda la representante de la UAGR, que razona «que si se hace al lado, por qué no se hace aquí, por qué deben ser los agricultores quienes asuman un problema de salud pública».
Fonseca subraya estas palabras y añade que la administración «realice tests masivos, tengan empleadores o no», al tiempo que destaca que las hipotéticas ayudas para las pruebas no están contempladas.