La producción de ruido mediante el uso de cañones de gas butano o propano para ahuyentar a la fauna silvestre de los campos de cultivo genera actualmente un desigual trato legislativo, y por tanto sancionador, en la frontera de Álava y La Rioja. Superado el límite provincial, las Juntas Generales prohíben, aunque con excepcionalidades, la generación de ruido evitable con este fin, mientras que en La Rioja no está regulado aunque se incluirá un apartado similar en la futura Ley de Biodiversidad que desarrolla el Gobierno regional, y previsiblemente, también con sus correspondientes salvedades.
La polémica arrancó hace cinco días cuando en las proximidades de los municipios de Labastida (Álava) y de Briñas (La Rioja), se detonaban unos cañones de gas butano y propano con un estruendo de entre 80 y 120 decibelios cada pocos minutos. Valga como ejemplo en este sentido, que el volumen de la música de un concierto suele superar ligeramente los 120 decibelios, muy cerca de lo que los expertos definen como daño auditivo irreversible, establecido en 130 decibelios. El objetivo no era otro que ahuyentar a la fauna silvestre, fundamentalmente aves, jabalíes y ciervos, de los viñedos y evitar así pérdidas en la producción.
Se trata de un sistema no demasiado habitual utilizado desde hace décadas en zonas de Andalucía, Galicia, el delta del Ebro y también, en el País Vasco y en La Rioja. Según Andrés Illana, portavoz de Ecologistas en Acción de la provincia de Álava, los cañones, cuyo sonido puede regularse en intervalos de 1 a 30 minutos, se localizaron en dos fincas alavesas y en una de La Rioja, todas ellas en las proximidades de los montes Obarenes y en el marco de la Denominación de Origen Calificada Rioja.
Tanto la asociación ecologista alavesa como la riojana, ésta última en palabras de su presidenta, Concha Hernani, reclaman una regulación concreta que prohíba el uso de estos cañones accionados por gas «por las consecuencias que tienen para la fauna». De hecho, Illana asistió el pasado lunes a la Comisión de Medio Ambiente de las Juntas Generales de Álava donde trasladó lo que, a su juicio, constituye, una «evidente necesidad».
Ahora bien, no está regulado el uso de estos artilugios si bien, la legislación medioambiental al otro lado del límite provincial prohíbe ahuyentar o guiar a la fauna mediante sonidos o ruidos, con lo que al agricultor solo le queda la excepcionalidad de cursar una solicitud de autorización especial, en este caso dirigida, y si procede, concedida por los ayuntamientos donde se vaya a instalar el cañón. La voz de alarma lanzada por Illana, más allá de los cañonazos de hace unos días, viene motivada porque en la misma zona entre Álava y La Rioja tienen previsto detonar 518.000 cañonazos durante los tres meses de verano.
La Rioja, a fecha de hoy, tal y como confirma José Luis Rubio, director general de Biodiversidad del Ejecutivo regional, no tiene una regulación al respecto, ni sobre el uso concreto de cañones, ni sobre la generación de ruido para ahuyentar animales. Ahora bien, la futura Ley de Biodiversidad de La Rioja, que continúa en fase de tramitación parlamentaria, recogerá como infracción leve «la producción de ruidos evitables que alteren la tranquilidad de las especies», señala Rubio. Es decir, un marco legislativo similar al vigente en Álava. «Lo cierto es -prosigue el director de Biodiversidad- que actualmente no está regulado». Dicho de otra forma, el o los responsables de la detonación de los cañones de hace cinco días en la localidad de Rioja Alavesa podrían enfrentarse a sanción, mientras que el que se detonó en una parcela riojana, y sospechan los ecologistas que pudiera ser la misma persona, no.
uso condicionado. En el caso de la Comunidad autónoma, la normativa que verá luz próximamente plantea, al igual que en Álava, excepcionalidades para un uso de cañones condicionado en gran medida por la prevención de incendios más que con las consecuencias para la fauna. Es decir, «se prevé que puedan usarse excepcionalmente en zonas alejadas de la vegetación, en suelo mineral y nunca en zonas de utilidad pública o protegidas». El Gobierno regional entiende así que «siempre será mejor espantar a los animales que matarlos», argumenta Rubio.