El Gobierno de La Rioja establecerá un programa de mediación con las familias vulnerables en riesgo de desahucio para evitar lanzamientos en el ámbito de la vivienda u ofrecerles, en su caso, una alternativa habitacional en viviendas de alquiler público, ante la crisis social provocada por la covid-19.
Los directores generales del Gobierno riojano de Justicia, Jorge Medel; y de Servicios Sociales, Jorge Fraile; el gerente del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI), Francisco Javier Caldito; y el secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Luis Fernando Santos del Valle, han presentado este jueves el programa de mediación.
Fraile ha destacado la importancia de que las familias que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler se pongan en contacto con los trabajadores de los Servicios Sociales para adoptar medidas que les ofrezcan una solución "inmediata".
Ha explicado que se ultima un canal electrónico para establecer sistemas de comunicación que sean "ágiles y fluidos" para llegar cuanto antes a cada familia afectada.
Una vez identificado el problema, los mediadores sociales se pondrán en contacto con los ayuntamientos para establecer una colaboración que permita abonar alguna mensualidad al arrendador o a la entidad financiera con la que se ha contraído la deuda.
"El objetivo es evitar el lanzamiento", ha incidido Fraile, quien ha señalado que también se intentarán mantener negociaciones para condonar algunas "pequeñas deudas" de las familias afectadas.
Medel ha subrayado que el Gobierno regional ha alcanzado un acuerdo con el TSJR para que, en el caso de que los tribunales reciban una demanda de deshaucio, los jueces que instruyan el caso remitan a las familias afectadas toda la información posible para que puedan hacer patente la situación de vulnerabilidad ante los Servicios Sociales.
De esta forma, podrán dirigirse a los mediadores "con mayor anticipación" para establecer un protocolo que valore la emergencia social de los afectados y les de una solución habitacional.
En este sentido, Caldito ha apuntado que, "desde una mirada social", el TSJR podrá suspender un lanzamiento hasta que a los afectados se les ofrezca una vivienda provisional del parque público de alquiler.
"Es importante que desde las instituciones públicas nos coordinemos para hacer frente a la crisis económica y social derivada de la pandemia de la covid; debemos estar al lado de los que nos necesitan desde la cogobernanza", ha agregado.
Ha proseguido que, con este protocolo, se crea "un nuevo paraguas de protección social" a aquellas familias que han perdido su vivienda o que están en riesgo de exclusión y requieren de acompañamiento.
Ha apuntado que el IRVI "no quiere dejar a nadie atrás", lo que se consigue con "un programa de mediación que refuerce los servicios públicos para ayudar a muchos riojanos que lo están pasando mal".
Por su parte, Santos del Valle ha concretado que en 2020 se produjeron en La Rioja unos 400 juicios de desahucio, por lo que "era muy importante que la administración colaborara con la sociedad para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad".