La aprobación el pasado viernes de las normas de campaña, que contemplan que se amparará el 95% de los rendimientos para las uvas tintas (6.175 kilos por hectárea) y el 100% para blancas (9.000 kilos), marca el comienzo del último capítulo de un proceso que cerrará la vendimia.
En una situación sanitaria donde el calor puede hacer mella, se abre el debate sobre el precio al que se ha de pagar la uva, una vez que el Gobierno de La Rioja publicó ayer que los costes de producción del kilo de tinta oscilaron entre los 0,67 y 0,68? la pasada campaña, un cuantía que se ha incrementado de manera considerable la presente temporada.
Ígor Fonseca, secretario general de ARAG-Asaja, se muestra cauto y elude fijar una cifra exacta a la que se ha de abonar la uva a la espera de la conclusión de todo el proceso, pero denuncia que la rentabilidad es muy baja y advierte al sector vitivinícola de las operaciones que se hagan esta campaña tras un incremento de costes de producción «que está más que contrastado». Muestra su «preocupación» porque se agudice una situación que ya se constató la pasada vendimia, cuando la mitad de los viticultores vendió las uvas por debajo de los costes de producción. «Nos preocupa que sea horquilla sea más amplia», señala Fonseca, que exige a la Consejería de Agricultura, que tiene la competencia «firmeza, controles y agilidad» en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, una normativa que, a grandes rasgos, prohibe vender a un precio más bajo de lo que ha costado su producción.
De la misma manera, considera que las bodegas «no tienen excusa» para que no mejoren los precios. Al respecto, apunta que si han realizado un «esfuerzo» para afrontar la subida de la denominada materia seca, como corcho, cartón o vidrio, de igual manera deben «compensar» el aumento de los costes a los viticultores.
Asegura que su cálculo -y así lo apunta la Consejería de Agricultura es muy complejo al entrar en la ecuación numerosas variables-, pero es innegable el aumento de los costes energéticos, del riego o la mano de obra, un incremento que no puede equilibrar el descenso de los fitosanitarios, que apenas se han utilizado este año debido a la sequía, que desactiva los hongos.
«Necesariamente deben subir; de lo contrario, se estaría incumpliendo la ley de la cadena», señala Fonseca, afirmación en la que coincide Roberto Salinas, vocal de la Unión de Agricultores en el Consejo Regulador, que también menciona la importante subida de los costes energéticos.
Aunque tampoco se atreve a estimar cuánto debe incrementarse la uva, sí que señala la importante subida de los costes de, al menos un 20%, aunque, insiste, habrá que esperar a la conclusión de la campaña para echar cuentas. Coincide en exigir una mayor implicación de las administraciones para «perseguir» el cumplimiento de la ley de la cadena y apela a una subida del precio de la uva en una campaña en la que al alza de los precios de la producción se añade la bajada de rendimientos.
En términos similares se expresa Néstor Alcolea, secretario general de UPA, que resalta la subida de costes que comenzó a materializarse desde septiembre pasado para ir creciendo a lo largo de toda la campaña. Menciona incrementos de hasta el 100% en abonos, y subidas elevadas en energía, herbicidas, fitosanitarios y mano de obra. «Nos vamos a encontrar con precios de producción mucho más elevados que los 0,68 que calcula para el año pasado la Consejería de Agricultura», señala el responsable de UPA, que, a la espera de la evolución hasta la conclusión de la campaña, estima que la venta del precio de la uva «por debajo de 0,85 o 0,90» implicaría para los viticultores «perder dinero».