Con su propuesta de un permiso retribuido de siete días para cuidar a familiares aún fresca, Ione Belarra (Pamplona 1987, psicóloga) quiere derribar el mito de que la buena gestión económica es territorio exclusivo la derecha. Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Se considera heredera directa del 15M y afirma que este movimiento fue quien demostró a Europa que la austeridad no era el mejor camino para dejar atrás la recesión, lo que ha servido para cambiar la forma de enfrentarse a las consecuencias de la pandemia. «Las crisis económicas no se pueden solucionar dejando a la gente tirada», subraya.

Tras meses de negociaciones han coincidido la aprobación de la Ley de vivienda por parte del Gobierno y de la reforma laboral por parte del Congreso. ¿Qué papel ha jugado Unidas Podemos en ambas?
Con respecto a la Ley de Vivienda, que es la que yo he liderado en las negociaciones, creo que marca un primer paso que es dejar atrás el país de las burbujas, de la especulación y de los pelotazos urbanísticos. Mi generación solo ha vivido burbujas; primero la financiera, luego la inmobiliaria y ahora la del alquiler. Es la primera de la democracia y va a prohibir la venta de viviendas protegidas, va a permitir que las comunidades autónomas regulen el precio del alquiler y va a poner freno a los desahucios, una de las vulneraciones de derechos más graves y por la que Naciones Unidas nos ha tirado ya de las orejas.

Sin embargo, el resultado final se aleja de los postulados que defendían en un principio. La limitación de precios afectará solo a una mínima parte del parque de viviendas en alquiler.
Creo que no hemos sido capaces de explicarnos bien porque en las zonas con mercados tensionados todos los alquileres van a estar limitados, solo que para los pequeños propietarios los precios se van a congelar y van a poder bajarlos en base a incentivos fiscales. Vamos a ponérselo fácil a los pequeños propietarios y a los grandes les vamos a exigir una mayor corresponsabilidad y que bajen los precios a los índices de referencia.

¿Temió que el PSOE aprovechara las objeciones que apuntó el CGPJ para modificar la norma?
Yo quiero poner el foco en que, al final, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, algo que durante la negociación no siempre se vio tan claro. En un Gobierno de coalición cada uno tiene que ceder y ser capaz de llegar a una síntesis entre posiciones diferentes. Piense que el PSOE, en un principio, quería basar solo la reducción de los precios del alquiler en incentivos fiscales, algo que nosotros entendíamos que no era suficientemente útil. Ahora, en el trámite parlamentario, tiene que recibir las aportaciones del resto de los grupos y de la sociedad civil.

¿Han empezado a negociar ya con el resto de grupos para su aprobación?
El contacto con nuestros socios es permanente y ahora, de la mano de la ministra de Transportes, empieza el diálogo. Yo creo que una ley como esta solo la puede sostener una mayoría plurinacional y progresista como la que sostiene al Gobierno. 

España es un país de pequeños propietarios para el que los pisos suponen, en muchas ocasiones, la inversión de su vida. ¿Entiende que puedan tener miedo porque se devalúe tras la entrada en vigor de la ley o que tenga más dificultades para alquilarla si lo necesita?
Esta ley para quien es verdaderamente exigente es para los grandes tenedores. A los pequeños propietarios les va a salir a cuenta bajar el precio de los alquileres gracias a los incentivos fiscales. A quienes hemos protegido con esta ley es a los inquilinos de toda España, como Castilla y León, donde me consta que está subiendo mucho el alquiler. Lo que hace la ley es reequilibrar la balanza en un sector inmobiliario en el que durante mucho tiempo ha imperado la ley de la selva. 

El problema es que con estas medidas pueden salir menos viviendas al mercado del alquiler y si oferta y demanda se desacompasan, el precio va a subir de un modo u otro.
Con los datos en la mano, hay análisis que demuestran que el tipo que regulación que hemos propuesto es buena. La primera, el ejemplo de Cataluña. En un año de aplicación de la regulación hemos visto que el precio de los alquileres baja más en los municipios en los que está en vigor esa regulación que en los que no lo está. El mejor ejemplo lo proporciona el señor García Albioll, que es del PP y en su municipio pidió que se regulara el precio del alquiler. Pero además, entre el año 2015 y 2020, los precios del alquiler subieron un 50% y se construyeron 250.000 viviendas, como en los mejores tiempos del pelotazo. Por tanto, que haya más vivienda no significa que los precios bajen.

Vamos con la reforma laboral ¿no cree que la forma en la que se ha aprobado, con el apoyo de Ciudadanos y por la equivocación de un diputado del PP, puede suponer un giro al centro del Gobierno?
Yo siempre había sido optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo amplio. El de la ley de vivienda, por ejemplo, lo alcanzamos en dos horas tras meses de negociación. Pero lo ocurrido en el Congreso demuestra la necesidad de mirar más hacia la mayoría que propició la investidura.

¿Qué periodo de validez otorga a esta reforma? ¿Intentarán cambiarla si en 2023 vuelven a estar en el Gobierno?
Hay que dejar trabajar a la vicepresidenta y el tiempo nos irá mostrando el camino.

Queda pendiente aún la subida del salario mínimo ¿en cuánto cree que debería situarse?
Ahí queda mucho por hacer. Nosotros, en consonancia con lo que recomendó el comité de expertos, creemos que en este año debe llegar a los 1.000 euros. Hay que dejar trabajar a la mesa de diálogo social y vamos a seguir trabajando, porque la subida del salario mínimo, en contra de lo que decían los agoreros, no ha quebrado la economía española sino que deja más cotizaciones sociales, arrastra al resto de salarios al alza y nos permite corregir la brecha de desigualdad con los salarios de las mujeres, que son quienes ocupan empleos muy precarios de limpieza o de cuidados y que cobran el salario mínimo. También de los más jóvenes.

Pero estamos hablando de una subida del SMI en un contexto de inflación galopante. 
La inflación tiene que ver sobre todo con el precio de la energía  eléctrica, que explicaría el 75% del incremento. Lo que hay que ver es cómo rebajamos los costes eléctricos porque eso está lastrando al conjunto de empresas de nuestro país. Cuánto antes se pongan en marcha las medidas que llevamos al Congreso, antes empezaremos a controlar el precio de la electricidad.

¿Y cuáles son esas medidas?
Por ejemplo, retirar los beneficios inmerecidos que cobran las eléctricas, para destinar ese dinero a bajar el precio de la luz. Y otras que tienen que ver con la reforma fiscal, que nos permitan aumentar el impuesto de sociedades y dedicarlo también a reducir la factura que pagan los ciudadanos y las empresa.

Supongo que también seguirán incrementando el escudo social.
Nunca se habían tomado este tipo de medidas y vamos a seguir, claro. Me gusta enfatizar que la gestión que hemos hecho de esta crisis es más ética a nivel humano, prohibiendo los cortes de luz y los desahucios y favoreciendo los Ertes. Pero es que a nivel económico también es más eficaz. Eso me parece fundamental porque la derecha se da siempre golpes en el pecho diciendo que gestiona mejor y no es verdad. En un año y tres meses hemos recuperado las tasas de empleo que teníamos antes de la Covid y con el Gobierno del PP tardamos 12 años. 

Gracias a la llegada de los Fondos de Resiliencia de Europa...
Pero fíjese, en eso también hemos tenido algo que ver. Porque quienes señalaron que las crisis económicas no se podían solucionar dejando a la gente tirada fue un movimiento ciudadano masivo que fue el 15M que luego dio lugar a mi espacio político. Ese movimiento fue el que señalo que las políticas de austeridad no eran buenas para Europa y menos para España. La Comisión Europea aprendió la lección y ha visto que con políticas expansivas se puede controlar mejor la crisis, lo que venimos defendiendo desde hace años, pese a que decían que estábamos fuera de la realidad. 

El mayor punto de fricción con el PSOE lo estamos viendo en el conflicto de Ucrania. ¿Qué papel debería jugar España a juicio de Unidas Podemos?
Yo creo que la posición ahora es compartida por los dos socios de Gobierno. Creemos que tenemos que apostar por el diálogo y por la desescalada. Es imprescindible dar una solución duradera y de paz para la región. Y ahí estamos trabajando en base a nuestras competencias. Una de mis competencias es la Agenda 2030, que algunos pensaban que era un pin que se ponía en la solapa, pero es mucho más que eso. Es una agenda de paz con la que se ha comprometido España y que nos dice que tenemos que construir sociedades pacíficas y eso nos lo tomamos muy en serio. Planteamos una desescalada militar y proponemos para Ucrania un status de país no alineado que permita garantizar su soberanía al tiempo que adopta una situación neutral. Este conflicto lleva décadas,  no  surge de la nada.

¿No cree que esta divergencia en el seno del Gobierno puede debilitar el peso de España en la esfera internacional? Hay quien ve en ella el motivo por el que Biden excluyó a Sánchez de su ronda telemática
Si no fuera un asunto tan serio, me tendría que cuando no tuvimos ningún peso internacional, como así reconocen todos los expertos en materia internacional, fue durante el mandato de Mariano Rajoy, donde España estuvo desaparecida de la esfera internacional. Las felicitaciones que estamos recibiendo ahora de la Comisión Europea por la gestión de los fondos demuestran nuestro papel de liderazgo.

La Fiscalía investigará los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. ¿Por qué no se actuó desde el Parlamento antes de la vía judicial ante las denuncias de las víctimas?
Uno de los temas en los que más énfasis he puesto ha sido el de luchar contra la violencia infantil. Tengo la satisfacción de que esa fue la primera ley que se aprobó siendo yo ministra. Uno de los aspectos estrella de esa ley fue que se aumentó a 35 años el periodo de prescripción de los delitos sexuales lo que permite que todas las víctimas tengan tiempo para llegar a la edad adulta, reflexionar sobre los que les ha pasado y denunciar. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que se tenía que investigar esos hechos, la clave ahora es saber si la comisión de investigación propuesta tiene mayoría suficiente. Ahí el papel del PSOE va a ser determinante. Yo animo a nuestros socios a que la apoyen porque el dolor de las víctimas se merece justicia y reparación.

La Ley Trans ha dividido al feminismo. ¿No supone tirar piedras sobre su propio tejado dividir a un moviento tan potente?
Creo que la mayor parte del feminismo apoya la ley trans. Cuando ves las encuestas, el respaldo social es mayoritario. Este país lleva como bandera el respeto a los derechos del colectivo LGTBI y estamos muy orgullosas, por ejemplo, de la ley del matrimonio igualitario. El Ministerio de Igualdad, con este liderazgo, ha colocado a España en la vanguardia internacional y creo que la Ley Trans es la mejor noticia para el feminismo y para nuestro país y espero verla aprobada muy pronto.

Vamos a Castilla y León, ¿Cómo se ve a esa comunidad desde el Gobierno?
Pues con mucha preocupación sobre todo por lo que tiene que ver con la depoblación. Ese es sin duda el principal problema de una comunidad autónoma que ha perdido en una década 175.000 habitantes. Con preocupación, por tanto, pero también con interés por dar soluciones a un problema que es estructural y consecuencia del abandono de décadas y décadas de políticas del Partido Popular que han hecho que sea muy difícil vivir en Castilla y León.

Se lo preguntaba porque Mañueco acusa a Sánchez de discriminar a Castilla y León en el reparto de fondos europeos, por ejemplo, y de perseguirla en temas como el del cierre de Navacerrada. 
El señor Mañueco tiene un problema muy gordo y es que no puede defender su gestión y por eso su campaña se basa en bulos, como el que extendió sobre mi compañero Garzón, desinformación y tratar de ocultar con ataques a Sánchez el hecho de que estas son unas elecciones convocadas para evitar encontrarse con un calvario judicial. Adelanta las elecciones porque sabe que tiene muchas papeletas de acabar de corrupción hasta el cuello. A nosotros nos avala la gestión de lo que hacemos, por ejemplo invertir en Castilla y León 150 millones entre los años  2021 y 2023 para que los mayores puedan permanecer el tiempo de deseen viviendo en sus domicilios y contando con la asistencia que precisen. El Gobierno de España cumple, pero esta está siendo una campaña de trampas porque Mañueco no tiene nada que ofrecer a los castellanos y leoneses.

En Castilla y León se ha abierto una comisión de investigación en el Parlamento para esclarecer lo ocurrido en las residencias durante el primer pico de la pandemia. Quieren que declare Pablo Iglesias porque dicen que tenía las competencias. ¿Llegaremos a saber lo que pasó realmente?
Ojala lo sepamos, pero lo que me preocupa es que un presidente autonómico tome por tontos a sus ciudadanos. Todo el mundo sabe que las competencias estuvieron en todo momento en manos de las comunidades autónomas. Incluso la señora Ayuso lo reconoció. Ellos no quieren responder de lo que parece una mala praxis

Al margen de la mala interpretación que se pudiera hacer de las declaraciones del ministro Garzón The Guardian. ¿Entiende el enfado de los productores de carne?
El problema es que creo que no hay un 'al margen de'. Cuando activamente se extiende una mentira como hizo el señor Mañueco no se puede debatir. Eso devalúa la democracia porque ya no se trata de un debate sobre la ganadería o las macrogranjas, sino de un debate sobre la verdad o la mentira.

Decía lo de 'al margen' porque antes de estas declaraciones llamó a consumir menos carne y menos azúcar, lo que en una comunidad autónoma con gran peso de la ganadería y del cultivo de la remolacha causó sarpullido.
No podemos hablar en global del sector ganadero. Hay mucha diferencia entre las macrogranjas y la ganadería extensiva o familiar, que es a la que nosotros apoyamos con todas nuestras fuerzas, porque es un modelo mucho más sostenible y  que crea empleo. Al final si metemos a todos en el mismo paquete se puede estar defendiendo los intereses de unos pocos, que además tienen muchísimo dinero, frente al pequeño ganadero. Quien más golpea a las ganaderías familiares son las macrogranjas.

¿Qué grado de validez otorga a la encuesta del CIS que auguraba buenos resultados para Unidas Podemos, con hasta cinco procuradores y grupo parlamentario?
Yo intento no mirar encuestas. Nosotros nos enfrentamos a estas elecciones con la certeza de que cuanta más fuerza tenga Unidas Podemos, más profundos van a ser los cambios que necesita Castilla y León. Ese es el objetivo. Si no estuviéramos en el Gobierno no se hubiera creado ese escudo social, no se habrían impulsado los Ertes, no tendríamos una ley de vivienda tan ambiciosa o la reforma laboral. Si entráramos en el Gobierno de Castilla y León podríamos llevar allí nuestra apuesta por la Atención Primaria, por la salud mental, la apertura de los consultorios rurales... 

Pablo Iglesias dio a conocer los resultados antes de que el CIS los hiciera públicos ¿Fue un error involuntario o un intento de demostrar que aún sigue en la pomada?
Eso se la tiene que preguntar a él. Todo el mundo sabe que Pablo Iglesias está fuera de la política institucional pero, como bien sabéis los periodistas, tiene también sus fuentes.

Las encuestas auguran un Gobierno del PP con el apoyo de VOX. ¿Votarían la investidura de Mañueco para que la formación de  Abascal no entrara en el Gobierno?
Lo que tienen que saber los castellanos y leoneses y las leonesas y castellanas es que la única garantía de que haya un Gobierno nétamente progresista es votar a Unidas Podemos. 

¿Y si al final tienen que elegir entre susto o muerte?
Es que yo aspiro a un nuevo escenario en el que no haya que elegir entre susto o muerte.

Finalizamos ya con lo que de verdad le importa a la gente ¿qué le parece la polémica sobre la elecciòn del tema que representará a España en Eurovisión?
No quiero dar mi opinión porque seguro que alguien se enfada.

¿Es partidaria de que se investigue en el Congreso, como ha pedido BNG?
Eso lo tienen que decidir los grupos parlamentarios. Como miembro del Gobierno, no me corresponde.