El portavoz parlamentario popular, Jesús Ángel Garrido, ha asegurado este lunes que "el Consejo Escolar de La Rioja no cree en el nuevo decreto de convivencia escolar" del consejero de Educación, Pedro Uruñuela", en el que faltan protocolos concretos, recursos humanos y materiales y se da más responsabilidad a los docentes.

Garrido, en un encuentro informativo, ha analizado esta nueva normativa, sobre el que ha dicho que "nunca" el Consejo Escolar de La Rioja, en su dictamen del pasado 22 de febrero, había sido tan crítico con un decreto de Educación como con este de convivencia, al que plantea 28 enmiendas formales al texto y 14 propuestas de mejora, informa Efe.

"El Consejo Escolar de La Rioja no cree en la utilidad del nuevo decreto de convivencia del consejero Uruñuela. Es tan deficiente que hasta el Consejo Escolar decreta su inutilidad" en ese dictamen, cuyos ponentes fueron representantes de CCOO y UGT, ha insistido.

Para Garrido, "este documento es pura teoría de la mala, ya que parte del desprecio a la disciplina"; y es "un manual de teoría de la convivencia y no un paquete de medidas eficaces, que es lo que se le pide a un Ejecutivo".

"No hay medidas prácticas y reales para resolver conflictos en las aulas. No hay herramientas eficaces para abordar los problemas de disciplina, ni para abordar las conductas disruptivas graves o muy graves", ha apuntado el portavoz popular, para quien este decreto incluye "una visión simplista, buenista y obsoleta de la situación de la convivencia de los centros educativos".

Ello "no responde a la complejidad actual de las relaciones en las aulas", dado que "las soluciones deben pasar por combinar medidas en positivo, pero también coercitivas", ha asegurado.

El texto, que se "olvida" de los departamentos de orientación, es "la gran apuesta personal" de Uruñuela, quien "protagoniza una gira promocional y hasta se ha organizado un congreso nacional de autobombo, pagado por todos los riojanos".

Entre las propuestas del Consejo Escolar, que comparte el PP, ha resaltado la necesidad de incluir y desarrollar los derechos y deberes del alumnado, profesorado y familias; y de desarrollar el apartado de medidas aplicables al incumplimiento de las normas.

El PP es partidario de facilitar a los centros protocolos, medios y formación para afrontar las conductas disruptivas graves y de mejorar la necesaria coordinación con los servicios sociales, policía de menores, fiscalía de menores y servicios de salud infanto-juvenil.

El portavoz popular ha explicado que su partido, "cuando sea posible", recuperará la Ley de Autoridad del Profesorado de La Rioja, que Uruñuela derogó.

Otro de sus propósitos es subsanar las "graves" deficiencias del decreto de convivencia, sobre todo las relacionadas con los derechos y deberes de los alumnos, docentes y familias; desarrollar las medidas comunes a aplicar en caso de incumplimiento; y abordar los casos más complejos de conductas disruptivas graves y que implican a otros servicios.