El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha exigido este miércoles "responsabilidades políticas" al alcalde Pablo Hermoso de Mendoza y a su Gobierno local, tras el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de La Rioja que confirma la nulidad de hasta 32 facturas relacionadas por el programa 'Calles Abiertas'.
Como ha explicado en rueda de prensa el portavoz 'popular' Conrado Escobar, "se ha dado un novedad muy grave, después de que se declarara la nulidad de esas 32 facturas que no se han podido además pagar a los proveedores correspondientes". Para que ese pago se pudiera hacer "se necesitaba el dictamen del Consejo Consultivo y nos consta que ya está".
Un dictamen, ha desvelado Escobar, que "ratifica los informes previos de la Dirección General de Contratación del Ayuntamiento, de la Intervención municipal y de los Servicios Jurídicos del Consistorio, todos ellos apuntando a la nulidad absoluta de estas facturas". "Ahora, con el dictamen del Consejo, se plantea un reproche político", ha afirmado.
A su juicio, "hay que pedir a Pablo Hermoso de Mendoza que se acelere el expediente para poder pagar de forma rápida a esos proveedores, que son gente de bien que no tienen por qué pagar la mala praxis de este Gobierno local; y también reclamamos que se haga público y se nos facilite el dictamen".
Pero, por encima de todo, desde el PP se plantea "la exigencia de responsabilidades al alcalde y al equipo de Gobierno, que adopten responsabilidades ante una cuestión que no es menor en un trámite adeministrativo, al contrario, la nulidad es la figura más grave que se puede declarar en un procedimiento de este tipo". "Es una chapuza administrativa", ha reseñado Escobar.
Por eso, ha exigido, en primer lugar, "explicaciones de lo que van a hacer, estamos hablando de dinero público, lo mínimo que se puede esperar es que Hermoso de Mendoza dé explicaciones y adopta alguna medida polític, responsabilidades, ellos sabrán cuáles, pero está claro que, una vez que se liquide lo que se debe con las empresas, se tienen que adoptar responsabilidades".
Para Escobar, además, "la cosa va más allá, no recuerdo que nunca se haya dado un caso parecido en el Ayuntamiento, de modo que también estamos hablando de que se está arriesgando la reputación del Consistorio". "Todos los informes dicen que no ha sido un trámite mal hecho, ha sido rematadamente mal hecho, sin seguir procedimiento alguno", ha recalcado.
Ha recordado, en este sentido, que por parte del Grupo Municipal del PP "hemos llevado el caso ante el Defensor del Pueblo, defendiendo derechos fundamentales como la igualdad, la accesibilidad o la movilidad". "Si hay indicios de que están en juego derechos fundamentales y evidencias de que el procedimiento administrativo no se hizo cumpliendo los requisitos, es algo que no puede salir gratis", ha incidido.
Por su parte, la concejala del PP Celia Sanz ha apuntado que "lo que hace el informe del Consejo Consultivo, que es preceptivo, es confirmar la nulidad de los tres informes anteriores del Ayuntamiento, que tenían solvencia y relevancia" y ha recordado que el eran de la Dirección General de Contratación, del 28 de diciembre de 2020; de la Intervención, de un día después; y de los Servicios Jurídicos, de noviembre de 2021.
"En todos ellos -ha señalado Sanz- se decía que 32 facturas se había emitido después de una contratación verbal al margen de cualquier procedimiento establecido, prescindiendo totalmente de procedimiento. Otras facturas sí fueron convalidadas dentro de un procedimiento de emergencia, pero este tipo de procesos deben ser algo excepcional, cumpliendo determinados requisitos".
Precisamente, algunos de estos requisitos necesarios son los que, por parte del Consejo Consultivo, se apuntan como incumplidos. En concreto, la concejala del PP ha citado "que no se ha justificado la situación de emergencia y que no se han ejecutado las intervenciones en el plazo marcado de un mes desde que se dicta la necesidad y la emergencia". "Por eso, han sido realizado al margen del procedimiento", ha dicho Sanz.
Y, con este marco, la edil ha reclamado de nuevo "que se agilicen los expedientes para que las empresas puedan cobrar de inmediato por la prestación que han llevado a cabo; reclamamos también que se faciliten explicaciones y el informe del Consejo Consultivo; y que se adopten las medidas necesarias para depurar las responsabilidades políticas pertinentes".