No es una cuestión menor. Las relaciones con Marruecos inciden directamente en muchos aspecto de la vida social, política y económica española y en su seguridad interna; es la razón de que desde el inicio de la democracia los sucesivos gobiernos han dado un trato preferencial a las relaciones entre los dos países y, tradicionalmente, Marruecos era el primer país que visitaban los presidentes de Gobierno. Excepto Pedro Sánchez. 

Pidió cita con Mohamed VI cuando accedió a la Presidencia a través de la moción de censura de junio de 2018, pero el rey marroquí no le dio fecha hasta meses más tarde alegando problemas de agenda. A principios de 2020, tras iniciar un nuevo mandato después de ganar las elecciones y superar la investidura, ya dejó de lado la programación de una visita a ese país, aunque acudirá el 17 de este mes a la cumbre que se celebra cada dos años entre los dos Estados, una vez en Marruecos y otra en España. Sin embargo, Mohamed VI no ha concretado hasta ahora un encuentro con el presidente español. Palacio alega que la pandemia no aconseja ningún tipo de reunión de Mohamed VI, que desde hace tiempo se encuentra delicado de salud.

A nadie se le escapa que se trata de una excusa, porque además hace tiempo que Marruecos da toda clase de pistas sobre la incomodidad que siente ante decisiones del actual Gobierno español que considera lesivas para los intereses marroquíes. No es casual que en las últimas semanas se haya producido una llegada masiva de cayucos y pateras a la costa canaria, provocando un problema de gravísimas consecuencias humanitarias, sanitarias y económicas. También políticas, con un gobierno regional desbordado por la situación y un gobierno central que recibe críticas generalizadas por su incapacidad de gestionar un problema que se agrava con el tiempo y que ha recibido incluso críticas de organizaciones internacionales que velan por la defensa de los Derechos Humanos. 

Los viajes de los ministros Marlaska y Laya no han servido absolutamente para nada, Marruecos marca distancias con un Ejecutivo que, dicen personas que se mueven por Palacio Real, no pierde ocasión de agredir verbalmente a su país y a su rey. Las últimas declaraciones de Pablo Iglesias, hace apenas unos días, han echado mucha más leña al fuego de la que ya había. Exigía la celebración «sin más demora, de un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental». 

El referéndum tendría que celebrarse en algún momento porque así lo ha decidido la ONU y cuenta con el respaldo de los sucesivos Gobiernos españoles, respetuosos con las resoluciones de ese organismo; pero se aplaza sine die porque ni a España ni a la propia ONU conviene tensar más la cuerda con Marruecos. La excusa para la no celebración ha sido siempre la misma, el censo. España defendía que se utilizara el vigente cuando se firmó el Tratado de Madrid pocos días antes de la muerte de Franco entre España, Marruecos y Mauritania, en el que la antigua colonia española se repartía entre Marruecos y Mauritania. Mauritania renunció posteriormente a ese territorio mientras que Marruecos se lo anexionó como provincia y dedicó grandes inversiones para convertir sus dos principales ciudades, El Aaiún y Villa Cisneros -actual Dajla- en asentamientos masivos de marroquíes, sobre todo en Dajla, con playas vírgenes muy atractivas para el turismo, que encontraron también las condiciones adecuadas para el surf.

El Frente Polisario, que desde antes de la firma del Tratado reivindicaba la independencia del Sahara, se resistió a abandonarlo y emprendió una guerra de guerrillas contra Marruecos y una importante operación diplomática que se prolongó durante años. Marruecos respondió con dureza, mantuvo sus inversiones para atraer a familias marroquíes, construyó un muro de 2.000 kilómetros para proteger el Sahara Occidental con militares vigilando la frontera y dedicó a esa defensa militar el mayor porcentaje de su presupuesto. 

Mediación real

A todas esas dificultades políticas que impregnan las relaciones entre España y Marruecos se suma la proximidad geográfica y que España es para millones de emigrantes la puerta a Europa. Con un problema añadido: la eterna reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla. En los momentos de mayor tensión, los problemas entre los dos Gobiernos se solucionaban, o se apaciguaban, con un telefonazo del Rey Juan Carlos a Hassan II primero o a su hijo Mohamed VI después. Juan Carlos serenó ánimos entre Moncloa y los reyes marroquíes cuando se tensaba excesivamente la cuerda, como ocurrió cuando Suárez y Hassan no ocultaban su profunda animadversión personal.

Todos los Gobiernos, y el Jefe de Estado, han dado prioridad a las relaciones con Marruecos porque nos iba mucho en ello. Y se crearon fórmulas de colaboración muy importantes: bajo dirección española se convirtieron en ciudades turísticas la mayoría de las costeras, con construcción de hoteles y resorts de lujo y formación a marroquíes para que no se vieran obligados a emigrar. Policías españoles no solo formaron a marroquíes, sino que se llegaron a instalar físicamente en comisarías de Marruecos para colaborar en la investigación sobre el terrorismo yihadista y sobre las mafias que se hacían de oro organizando los viajes en pateras de centenares de miles de emigrantes.

Todo ello se ha hecho dedicando mucho tiempo y esfuerzo, limando asperezas y reticencias entre las autoridades de los dos países. Pero el resultado fue importante, la prueba es que en Canarias se cerraron centros de internamiento temporal por falta de emigrantes a los que atender. La pandemia, pero sobre todo la dejación de las políticas del Gobierno español respecto a Marruecos, han provocado las escenas dantescas que se han visto en Canarias en las últimas semanas, porque además se ha deteriorado de forma significativa la colaboración policial. El viaje que hizo el ministro Marlaska hace unos días se tradujo en nada, Marruecos nos pasa factura.

Como ya se ha apuntado, no se trata de una cuestión menor. Para España es fundamental mantener bien engrasadas las relaciones con Marruecos: con su Casa Real, su Gobierno y sus empresarios. Nos va mucho en ello.