Lo ha sido casi todo en política y ahora asume un cargo institucional como presidente del Consejo Consultivo de La Rioja, en el que sustituye a otro expresidente de la Comunidad, Joaquín Espert. Conoce bien los resortes del poder y el mundo del Derecho, como abogado que es. Asumió el pasado día 7 la presidencia del Consejo Consultivo, un órgano no demasiado conocido por la ciudadanía y cuya labor consiste en garantizar la legalidad de las resoluciones y leyes que emanen del Gobierno regional, el Parlamento o los ayuntamientos riojanos, con dictámenes jurídicos previos a la aprobación de las mismas. José Ignacio Pérez (Calahorra, 1951), expresidente de La Rioja y exdelegado del Gobierno, suma este nuevo cometido a una larga carrera en la que ha ocupado escaños por el PSOE en las administraciones local, autonómica y estatal, amén de responsabilidades en instituciones europeas y un papel activo en la construcción del Estado de las autonomías. 

Usted ha dicho que llega al cargo sin intenciones de ruptura con respecto a la larga etapa de Joaquín Espert. Pero es de suponer que alguna impronta personal querrá dejar.
La institución ha sido eficaz. Puede haber algún elemento de modernización que podamos darle, pero lo fundamental, que es la objetividad y la independencia, ha funcionado bien. Es una institución seria, eficiente y hay que mantenerla sin buscar elementos artificiales que la perjudiquen. Si es necesario dotarla de una mejor infraestructura, se hará.

Pero da la sensación de que es una entidad desconocida por los ciudadanos. ¿No convendría abrirla más a la sociedad?
Posiblemente dentro del concepto de modernización haya que trasladar a los ciudadanos por qué es útil la institución. Probablemente se ha seguido un camino silencioso, porque también protege a la institución. No obstante, ha estado abierta. Existe una página web donde están los dictámenes y se puede seguir el trabajo que se realiza. Pero no desecho que podamos contactar de vez en cuando con la sociedad para mostrarle lo que hacemos y lo útil que es esta institución.

¿Qué cambiaría en la sociedad riojana si no existiese el Consejo?
El Parlamento hace sus leyes y el Gobierno sus normas, decretos o resoluciones. Esa normativa se tiene que ajustar siempre al derecho y lo magnífico del Consejo Consultivo es que es preventivo. No solo se dedica fundamentalmente a que todo lo que hace la administración se ajuste a derecho, sino también a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico. Hacerlo de manera preventiva, antes de que esté publicada en el Boletín Oficial, permite corregir posibles efectivos negativos. Quizás el ciudadano no lo ve tan fácil, pero que las leyes sean una garantía, que haya autoridad en el ejercicio del poder sin apartarse de las leyes, es un trabajo magnífico que hacen todos los consejos consultivos sobre las competencias de cada comunidad autónoma, y el Consejo de Estado respecto a todo lo demás. 

¿No es una institución 'florero'?
No, sin duda. No hay ninguna institución florero. 

¿Es posible asegurar al cien por cien la objetividad,  imparcialidad e independencia frente al poder, cuando a ustedes les nombra el Gobierno regional?
Hay cinco consejeros, de los cuales tres los nombra el Parlamento y dos el Gobierno. Al presidente lo nombra el Gobierno. Eso no ha chocado hasta ahora con la objetividad, imparcialidad e independencia y prometí en mi toma de posesión mantener esos criterios y seguro que lo hago. Además hay una cierta incompatibilidad en cuanto a que los consejeros puedan ser cargos de partidos políticos. El anterior presidente del Consejo Consultivo, que también fue presidente de la Comunidad autónoma, ha cumplido perfectamente los criterios de objetividad e independencia; y yo quisiera seguir con esa trayectoria. 
 
O sea, que si en algún momento hay que corregir al Gobierno de La Rioja por algún exceso legal, ¿no le temblará la mano?
En absoluto. Creo que todos los dictámenes del Consejo se aprueban por unanimidad y en cada uno de ellos hay un ponente y se debaten. Y siempre se llega a un acuerdo. Resultaría extrañísimo que se pudiera torcer el criterio de la razón sobre cualquier dictamen. No existe ese peligro, pero si alguien pudiera tener alguna intencionalidad, fracasaría. También hay que explicar que el ciudadano no se dirige al Consejo Consultivo. Hay normas que tienen que pasar por el filtro del Consejo Consultivo en algunos casos, cuando el informe es preceptivo. Y a los dictámenes del Consejo se les puede hacer caso o no, porque no son vinculantes. No obstante, en el caso de que se actúe en contra del Consejo Consultivo, debe justificarse. Y en el Parlamento ocurre lo mismo. Por ejemplo, la Ley de Memoria, que está aún en tramitación, ha venido al Consejo con una petición de urgencia para que podamos estudiarla y hagamos un dictamen sobre ella. Haremos el dictamen y se podrá recoger o no, pero los grupos parlamentarios tendrán nuestro dictamen sobre si esa ley está adecuada o no al ordenamiento jurídico, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía; e intentaremos hacerlo dentro del plazo. 

Hay otra parte del trabajo del Consejo que se centra en dictaminar sobre reclamaciones patrimoniales de los ciudadanos hacia la Administración. ¿Son muy frecuentes?
Son reclamaciones que se hacen a las administraciones sobre servicios muy vinculados con los ciudadanos, como por ejemplo la sanidad, sobre responsabilidad patrimonial y daños y perjuicios, sobre los que se pide dictamen al Consejo Consultivo. Los de responsabilidad patrimonial son posiblemente los dictámenes más abundantes. Por ejemplo, recientemente hubo un caso de una niña que se cayó en el hospital San Pedro y los padres pidieron daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial a la Consejería de Sanidad, sin entrar en el ámbito de la justicia ordinaria. El Gobierno nos pide informe y el Consejo, en virtud también de esa garantía para el ciudadano, lo emite con total objetividad.

Hay un caso muy mediático, el de dos niñas intercambiadas al nacer en el antiguo hospital San Millán, con una reclamación económica de una de las afectadas. ¿Ha dictaminado el Consejo sobre ello?
No está finalizado, pero seguro que en el próximo mes habrá un dictamen sobre ello. 

¿Qué propondrán al respecto?
No puedo decirlo. Aún no está el borrador de dictamen al respecto. Existe esa reclamación, y se trata de una cantidad económica importante. 

Las administraciones pueden no hacer caso a los dictámenes del Consejo Consultivo. ¿Tiene alguna consecuencia para ellas?
Que cuando van a la justicia ordinaria, los dictámenes que salen del Consejo son eficaces para un magistrado. Tienen el peso de que son trabajos bien hechos. A un magistrado al que le llega un estudio sosegado y eficiente, porque el Consejo está constituido por gente muy buena como operadores jurídicos, le da una garantía y una seguridad. O sea, que además de a las administraciones y los administrados, el Consejo también sirve de apoyo a la justicia ordinaria.

¿Y suelen hacerles caso las administraciones o son desobedientes?
Sí, en líneas generales, hacen caso. A mí me tocó crear el Consejo Consultivo. Siempre me ha gustado construir y me sabe mal que haya quien, esté donde esté o venga de donde venga, destruya con facilidad. Hubo un tiempo en el que los consejos consultivos se consideraban innecesarios, porque había un Consejo de Estado. Había una concepción, que aún existe, de que el estado autonómico es hasta cierto punto repetitivo. Creo que solo hay una comunidad, que es Cantabria, que no tiene consejo consultivo. Yo personalmente siempre he defendido que tienen que existir las instituciones, independientemente del tamaño que tengan, aunque, eso sí, tienen que ser proporcionadas y austeras; y el Consejo Consultivo es un ejemplo. Durante todos esos años de existencia, desde 1995, el Consejo ha certificado su utilidad. La mejor manera de certificarlo es que se ha usado y se usa cada vez más. 

La Rioja es una comunidad pequeña, menor que provincias sin tanto entramado oficial. Aquí hay Gobierno y Parlamento regional, Tribunal Superior de Justicia, se acaba de recuperar el Consejo Económico y Social y se prevé hacer lo propio con el Defensor del Pueblo. ¿No hay un exceso de burocracia?
No. En el ámbito europeo está el principio de subsidiariedad, según el cual la administración que está más cercana al ciudadano es la que mejor lo puede hacer. Llevamos 40 años de Comunidad autónoma y creo que habrá muy pocos riojanos que puedan pensar sobre la existencia de la Comunidad de manera negativa. Lo que tiene que haber es una adecuación de cada institución. En la mayoría de comunidades, los miembros de los consejos consultivos tienen dedicación (exclusiva), mientras que aquí cada uno tiene su trabajo aparte y no hay dedicación más que la elaboración de dictámenes, por la que reciben las dietas correspondientes. Eso es proporcionado.

¿No cobran sueldo?
No. Yo aquí sigo siendo un jubilado. Aquí solo cobran sueldo el letrado y tres personas que trabajan en tareas de administración. Los consejeros cobran dietas por dictámenes realizados y se justifican. Creo que es el único caso en España.

La pandemia ha llevado a los gobiernos a tomar medidas restrictivas muy severas. ¿Ha tenido el Consejo Consultivo que intervenir para que no se superasen los límites legales?
No tanto. Ha intervenido directamente el Tribunal Constitucional, que ha considerado que en algunos casos se han quebrado principios constitucionales, aunque hayan sido sentencias discutidas. Pero puede servir de ejemplo del elemento preventivo. Cierto es que había situaciones de emergencia y hay trastornos de la administración, como ocurre con la guerra de Ucrania, que dan una excepcionalidad a las cosas. Hay que tomar decisiones normativas que tal vez se adoptan con cierta carencia de calidad legislativa y con turbulencias legales y tensiones constitucionales. Son elementos de excepcionalidad. 

Aunque a priori sea un asunto de Estado o de política internacional, ¿la guerra de Ucrania tendrá repercusiones en la labor vigilante de la legalidad del Consejo?
No. Si algo tienen que hacer bien los organismos autonómicos es cumplir bien su papel en virtud de sus competencias y no saltarse ningún espacio. Cierto es que algunas regiones históricas han estado muy perspicaces para tener cuidado con respecto a la cesión de competencias del Estado español, pero no ha habido la misma atención a que el Estado haya tenido que ceder competencias a la Unión Europea. Y ahora habrá que reordenar todo. Hay acontecimientos, como alguien dijo, que nos cambian el pasado. Y la guerra de Ucrania es así. De repente, vemos que hay algo que no se ajusta al siglo y que nos hace variar el concepto que teníamos del pasado. Lo que parece claro es que la guerra de Ucrania cambiará muchos conceptos y decisiones que se habían tomado creyendo que había una realidad, el fin de la historia. Y parece que había más historia que contar. Esta situación nos hace pensar sobre el derecho internacional, que no lo tenemos muy al día, y sobre la suficiencia de los estados para resolver conflictos. 

El Gobierno central tuvo que intervenir para corregir la constitucionalidad de una decisión del presidente del Parlamento regional de convertir en fijos a cinco empleados temporales, que finalmente se ha reconducido. ¿Pasó el filtro del Consejo Consultivo aquella resolución?
Creo que no pasó por el Consejo, aunque no estoy seguro porque yo aún no estaba. Pero ese podría ser un ejemplo del trabajo del Consejo. Ahí está nuestro papel. A veces nos consultan y otras no, pero este órgano se justifica enormemente por ese papel preventivo que tiene. 

Tras años de batalla judicial, el Gobierno de La Rioja ha decidido utilizar la vía de la negociación política para reclamar compensaciones por el efecto frontera con País Vasco y Navarra, con el artículo 46 del Estatuto en la mano. ¿En este asunto tiene algo que decir el Consejo?
No, eso podría exceder nuestra competencia. Aquella batalla la comencé yo. Fui ponente en la reforma constitucionalidad de 2011 y del Estatuto de Autonomía. En el año 93, con el País Vasco políticamente había poco que hacer, porque venían aquí consejeros vascos y navarros para reunirse con empresarios para que se fueran al otro lado. Yo era entonces consejero, antes de llegar a ser presidente del Gobierno de La Rioja. Entonces vimos que en el ámbito político teníamos las de perder y decidimos ir a los tribunales. Y esa fue la estrategia. Y Pedro Sanz, ya como presidente, estuvo de acuerdo.    

Imagino que no aspira a un mandato tan largo como el de su predecesor (Joaquín Espert ha estado 20 años). ¿Se ha puesto algún límite?
No, ni he pensado en ello. Estoy muy a gusto con este papel, porque es un reencuentro con el ámbito del Derecho y estar en una institución que has creado y en la que has creído. Estar aquí es cerrar una etapa de tu vida en un ámbito institucional. 

¿No puede verse el Consejo como un retiro dorado para políticos?
No; es un ámbito representativo. En cualquier caso, hay otros retiros más retribuidos en otros sitios. Hay consejos consultivos donde los expresidentes de la Comunidad tienen reservados la presidencia o al menos un puesto.