La senadora del PP riojano, Ana Lourdes González, ha reclamado este martes a la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, “respuestas urgentes” para las 6.241 familias riojanas que esperan recibir el Ingreso Mínimo Vital.
Este número de familias, que responde a los datos proporcionados por el Gobierno central, "siguen sin obtener las ayudas prometidas un año después", ha subrayado González en un encuentro informativo.
Ha precisado que se habían presentado, hasta el pasado mes de mayo, 8.719 solicitudes, de las que 1.856 hogares riojanos han visto reconocido ese derecho; mientras que 3.735 han sido rechazadas y "el resto está a la espera de respuesta".
"Nos gustaría -ha dicho- que la presidenta explicara qué va a ocurrir con todos los expedientes pendientes de resolución del Ingreso Mínimo Vital y de Renta de ciudadanía", dado que el decreto regional establece un plazo de 2 meses para resolverlos y, una vez superado ese tiempo, se entiende desestimado.
Se ha preguntado "¿dónde está el escudo social del Gobierno que no iba a dejar a nadie atrás?, ¿por qué los gobiernos socialistas no recortan sus estructuras y destinan ese presupuesto a ayudar a estas familias?".
González ha recordado que Andreu, en junio de 2020, señaló que el Ingreso Mínimo Vital beneficiaría a unas 8.000 familias en La Rioja, pero, "un año después, la mayoría de ellas están en igual o peor situación".
Se ha referido a "familias abandonadas y olvidadas por el Gobierno que no iba a dejar a nadie atrás; riojanos que tienen que recibir ayuda de entidades sociales porque su Gobierno se ha olvidado de ellos”.
"Frente al descontrol existente en la gestión, que perjudica al ciudadano”, González ha lamentado que el Gobierno central a los senadores del PP de La Rioja, que, desde el pasado mes de mayo, quieren saber si prevé suscribir un convenio para la gestión de estas ayudas con el Ejecutivo riojano, como aparece en el decreto que regula esta ayuda.
Ha narrado que hay familias de La Rioja que reciben dos cartas: una para informar que, con efectos retroactivos, le corresponde una cantidad de dinero vía Ingreso Mínimo Vital y otra de la Administración autonómica que le reclama la devolución del dinero recibido por ser perceptor de la renta de ciudadanía.
La senadora ha reclamado "al Gobierno más antisocial y opaco de la historia, un compromiso real con los más vulnerables, dedicando más recursos a lo prioritario y agilizando la resolución de los expedientes".
Ha incidido en que "las familias no pueden aguantar un retraso de 10 meses en la concesión o denegación de la prestación", por lo que es necesario "menos propaganda, menos anuncios huecos, menos altos cargos y asesores y más escuchar a los ciudadanos, que son quienes están sufriendo las nefastas consecuencias de las políticas socialistas"