La amenaza yihadista tiene al mundo en alerta. Todo el planeta está amenazado, a pesar de que a la  primera plana solo lleguen los atentados en Occidente. De hecho, aunque pasen desapercibidos, los ataques son mucho más intensos en otras partes del globo y África se ha convertido ya en el principal escenario de las ofensivas de los islamistas radicales, con siete de los 10 países de mayor riesgo terrorista ubicados en este continente.

De este modo, el Índice de Intensidad del Terrorismo, elaborado por la firma de análisis y previsión de riesgos Verisk Maplecroft y que evalúa trimestralmente el riesgo en 198 naciones en todo el mundo lo encabezan empatados Afganistán, Burkina Faso, Mali, Somalia y Siria. Les siguen de cerca Camerún, Mozambique, Níger y la República Democrática del Congo (RDC), y completa el Top 10 Irak. Nigeria, el país más poblado del continente y su principal economía, aparece en undécima posición.

Además de estos siete Estados que figuran entre los 10 primeros, en otros nueve se ha producido un aumento en la frecuencia y la gravedad de los ataques, lo que «sugiere que el alcance y la efectividad de los grupos terroristas en África está aumentando», resalta el informe.

Así, en el último trimestre de 2020 se produjo un aumento del 13 por ciento en los incidentes terroristas en el continente en comparación con el anterior. Además, cuatro de los cinco países que más han empeorado su situación en el último año se encuentran en África, con Burundi como el que más posiciones cae, seguido por Costa de Marfil y Tanzania. También se ha agravado en el Chad, la República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, Mozambique y Senegal, mientras que ha habido una mejora en Ruanda y la República Centroafricana.

El deterioro se explica por el hecho de que alberga dos de los principales focos de actividad yihadista actuales: el Sahel central, que engloba a Mali, Burkina Faso y el oeste de Níger, y el lago Chad, que afecta principalmente a Nigeria y Camerún, y en menor medida el este de Níger y el Chad.

En el caso del Sahel, en la zona operan las filiales de Al Qaeda y el Estado Islámico -el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)- que además de perpetrar ataques de forma continuada en los últimos meses también han mantenido intensos combates entre sí.

Por lo que se refiere al lago Chad, allí la actividad yihadista ya cumple más de una década, de la mano de Boko Haram, a quienes se sumó en 2016 su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA). Además, los expertos han estado alertando de que las acciones se están extendiendo cada vez más desde el este hacia el oeste de Nigeria, lo que hace temer que ambos escenarios terminen unidos vía Níger.

Así las cosas, los analistas alertan de que «el deterioro de la situación en África Occidental representa una serie de riesgos para los operadores extractivos en la región, no solo para la seguridad física de sus bienes, sino también para sus rutas de personal y distribución».

Aunque por ahora los grupos terroristas «se han contenido de atacar directamente grandes minas de oro y uranio», las empresas mineras que operan en el Sahel son las más expuestas en la actualidad. En este sentido, advierten que las empresas que dependen de rutas logísticas desde los puertos de la región probablemente se enfrentarán a más emboscadas y controles para recabar dinero en Burkina Faso y Níger.

Miedo a una propagación

Además, también anticipan que los grupos que operan en el Sahel intentarán ampliar sus operaciones hacia los países costeros lo que «probablemente tome la forma de crecientes ataques contra posiciones gubernamentales y militares en las fronteras» entre estos países.

Por otra parte, los expertos ponen el acento en que la apuesta de los gobiernos africanos por una acción antiterrorista sustentada sobre todo en la respuesta militar de mano dura «lleva consigo riesgos significativos, ya que las operaciones militares a gran escala a menudo pueden tener como resultado sustanciales violaciones de los Derechos Humanos contra la población civil».

Puesto que en general las empresas extractivas dependen de los gobiernos para que garantice la seguridad de sus bienes, este factor puede plantear «un riesgo reputacional para las firmas estrechamente asociadas con los gobiernos anfitriones». Los expertos ponen como ejemplo el caso de Mozambique, donde las empresas de gas natural están bajo la amenaza de la incipiente del Estado Islámico en África Central (ISCA) y dependen de las fuerzas mozambiqueñas para proteger sus intereses.

En cuanto a las perspectivas para 2021, los analistas considera improbable que los grupos que operan en el África subsahariana reduzcan sus acciones en un contexto de fuerte impacto socioeconómico de la pandemia que ha vaciado las arcas de los estados.