El Grupo Municipal del PP de Logroño ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la presunta vulneración de derechos constitucionales en el programa "Calles Abiertas", implantado por el equipo de Gobierno (PSOE, UP y PR+) y le ha solicitado una investigación al respecto.
El portavoz municipal popular, Conrado Escobar, en una rueda informativa, ha presentado los detalles de esta queja, junto a los concejales Antonio Ruiz y Celia Sanz.
En la queja, presentada el pasado día 22, el Grupo Popular argumenta que en este programa, que ha sido "impuesto", hay una presunta vulneración del derecho de los ciudadanos a la libre circulación por el territorio nacional en condiciones de igualdad y accesibilidad y con garantía de su integridad física, ha dicho Escobar.
Este programa implantado en algunas calles de Logroño, como Duquesa de la Victoria o Fundición, incluye una señalización en la calzada que, en muchos casos, no está avalada por informes técnicos, en otros es desfavorable y en otros no viene amparada por la normativa de movilidad, ha añadido.
El Grupo Popular, como garante de los derechos constitucionales de los artículos 14,15 y 19 de la Constitución y otros colaterales, ha agregado, quiere que el Defensor del Pueblo investigue la situación y adopte las medidas oportunas para que se respeten esos derechos.
Escobar ha precisado que la inmensa mayoría de la ciudadanía no entiende las señales y sus colores pintados en la calzada de en las calles incluidas en este programa, lo que genera "gran incertidumbre y desconocimiento".
Además, según los datos del Grupo Popular, técnicos municipales han argumentado que estas señales de colores pueden inducir a error y su significado, además de generar riesgos para la circulación.
Entre algunos ejemplos del "desconcierto" que genera esta señalización "impuesta" han citado la accesibilidad de las ambulancias, furgonetas del servicio de ayuda a domicilio que no pueden parar en el domicilio de las personas o reparto del comercio "muy castigado".
También hay quejas de la ciudadanía que desconoce la señalización a la hora de circular con sus vehículos o los problemas generados en la vía a la hora de bajar del coche con niños o ancianos, ha indicado.
El Grupo Popular considera que el pasado mes mayo terminó el estado de alarma por la covid-19 y la provisionalidad en las medidas adoptadas durante la pandemia -en este caso en el ámbito de la movilidad- deben también retrotraerse por el Ayuntamiento para garantizar los derechos de los vecinos.