La salida de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para terminar su recuperación en un hospital de Argelia abrió ayer un paréntesis de calma tensa entre España y Marruecos, que mantienen sus posiciones respecto de la crisis que les enfrenta y en la que ambos reclaman «respeto» como base para una buena relación de vecindad. En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, reiteró que las relaciones con la nación aluita «tienen que ser buenas», pero deben estar basadas en «la confianza y el respeto».
Desde Pamplona y de madrugada despegó un avión argelino con el Ghali a bordo camino de Argel para proseguir su recuperación tras declarar por videoconferencia ante un juez de la Audiencia Nacional sobre dos causas abiertas por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas. Tras tomarle declaración, el juez Santiago Pedraz rechazó enviarle a prisión provisional o retirarle el pasaporte y optó por dejarle libre y sin medidas cautelares en su contra, aunque acordó que aportase un domicilio y un teléfono para estar a disposición de la Justicia. Es decir, el líder del Polisario no tenía restringida su capacidad de movimiento, por lo que su salida de España se ajusta «perfectamente a la legalidad», según fuentes jurídicas.
Mientras, el Gobierno marroquí no se ha pronunciado todavía sobre los acontecimientos de estas últimas horas salvo por la agencia oficial MAP que dedicó un largo artículo a lo que llamó «una parodia de Justicia» (la española), donde se llega a definir la comparecencia de Ghali ante Pedraz como «una audición expeditiva para cargos dignos del proceso de Nuremberg, sin ninguna atención a las víctimas por parte de la Fiscalía ni del juez de la Audiencia Nacional».
Las Consecuencias
El silencio del país vecino tras la salida de España de su enemigo público número uno sorprende, ya que su hospitalización en Logroño, por motivos «estrictamente humanitarios» según el Gobierno de Pedro Sánchez, desató el enfado del país vecino, que permitió la salida en tromba de unas 10.000 personas que entraron de forma irregular en Ceuta a mediados de mayo. Sin embargo, en los últimos días, el Ministerio de Exteriores alauita cambió su estrategia, desligando la crisis de la acogida del líder del Polisario y relacionándola a la indefinición de España en el conflicto con el Sáhara.
Y es que Marruecos busca que el Ejecutivo de Sánchez siga los pasos de Estados Unidos que, con Donald Trump aún en la Casa Blanca, decidió el pasado diciembre reconocer la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española, algo que la nueva Administración de Joe Biden no parece dispuesta a revocar. Sin embargo, como remarcó ayer Carmen Calvo, la postura de Moncloa con respecto al Sáhara no ha «cambiado en nada», lo que significa que se atiene a la resolución de la ONU del pasado 30 de octubre de 2020 que, aunque no da medios para hacer cumplir los derechos humanos ni organizar un referéndum, sí que reconoce la «libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental»
Seguridad en la frontera
Mientras, la situación en Ceuta, donde los servicios sociales están desbordados, sigue siendo complicada, como comprobó ayer in situ el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán. Y eso que en el espigón fronterizo entre la Ciudad Autónoma y Marruecos se mantiene la calma y no se ha registrado ningún nuevo intento de entrada a nado, pese a lo que las Fuerzas de Seguridad del Estado siguen desplegadas para garantizar el control.