La entrevista concedida por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a la publicación británica The Guardian que se conoció la semana pasada ha provocado un terremoto en el mundo agrario que también ha tenido sus repercusiones en el circo político en el que está convertida España desde hace algún tiempo. Después de varios días con las redes sociales echando humo y declaraciones por doquier, incluso algunas desde el mismo Gobierno desautorizando al propio ministro y tildando sus declaraciones como algo hecho «a título personal», lo único que parece claro es que Garzón va a seguir en su cargo a pesar de las demandas por parte del sector ganadero y la oposición política para que fuera destituido.

El ministro (con el apoyo de Unidas Podemos, único partido que no le ha afeado sus palabras) se escuda en que lo único que quiso fue defender el modelo extensivo frente a las instalaciones intensivas, cosa con la que cualquiera con dos dedos de frente debería estar de acuerdo. Pero la realidad es que para apuntalar su posición dejó caer que en España se instalan grandes explotaciones intensivas en cualquier parte y de cualquier manera, explotaciones que «contaminan los suelos, maltratan a los animales y producen carne de mala calidad» que luego vendemos a otros países; y en eso nadie con dos dedos de frente puede estar de acuerdo porque sencillamente no es verdad. Desde el partido morado se han empeñado en calificar de bulo las críticas recibidas de todas direcciones por unas palabras que, mal que les pese, están negro sobre blanco, y nunca mejor dicho, en la publicación inglesa.

El hecho es que todas las organizaciones agrarias se le han echado encima, la oposición ha solicitado su dimisión e incluso su propio Gobierno ha declarado, a través de varios ministros, no estar de acuerdo con su opinión. También presidentes autonómicos de variado signo político le han criticado y hasta el propio presidente del Ejecutivo, aunque tarde y con tibieza, ha lamentado «la polémica».

La verdad sobre la mentira - Foto: Alberto RodrigoLuis Planas, ministro de Agricultura, que hasta ahora había guardado un inexplicable silencio y que no se caracteriza por su vehemencia a la hora de defender al sector frente a otros ministerios (véanse el caso de la protección del lobo o anteriores declaraciones de Garzón sobre la carne), se ha mostrado bastante tajante en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero. Ante la pregunta sobre la idoneidad de Garzón para ser ministro, Planas ha decidido no hacer «ningún comentario» y ha comentado que «esta polémica es lamentable porque pone en tela de juicio la actividad de gente honrada por la que vengo trabajando desde 2018. Los ganaderos merecen respeto, reconocimiento y apoyo. Es un sector clave para España y los alimentos de España están reconocidos por los mercados internacionales».

Para conocer más de cerca cuál es la realidad de la ganadería intensiva en España, Cultum ha contactado con quien la vive más de cerca: los ganaderos. Miguel Ángel Higuera es presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), que representa al 80% de la producción porcina de España; y Matilde Moro es gerente de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC), que cuenta con más de 3.000 asociados y aglutina al 70% de la producción nacional.

Tanto Higuera como Moro han coincidido en el rechazo a las declaraciones de Garzón. Higuera ha manifestado que han sido un error. En primer lugar porque «lo que dice es falso»; y en segundo porque decir lo que ha dicho sobre las exportaciones a un medio extranjero no parece de recibo, sobre todo cuando en ataques anteriores al sector ganadero ya se le había explicado que está equivocado. «El Gobierno tiene que evaluar la imagen que transmite. En una empresa privada Garzón estaría en la calle».

La verdad sobre la mentira - Foto: Alberto RodrigoMoro ha explicado que desde ASOPROVAC no se han manifestado anteriormente acerca de las palabras de Garzón porque preferían que no se tildaran sus declaraciones de interesadas, dado que son parte afectada. Pero a las preguntas de Cultum ha contestado que están dolidos y Moro achaca lo dicho a The Guardian «a la falta de conocimiento, porque prefiero no ver ninguna intencionalidad».

De hecho, respecto a las macrogranjas, un concepto que no está recogido en ningún documento oficial, la gerente de ASOPROVAC explica que el número medio de animales en las explotaciones de vacas nodrizas en España es de 25; y que en el caso de los cebaderos la media son 100 reses. Unas cifras que quedan bastante lejos de esos 5.000 o 10.000 animales que citaba Garzón. Moro ha añadido que las granjas de gran tamaño son algo anecdótico en nuestro país y que la nueva regulación sobre la ordenación de granjas de vacuno de carne y de leche que está próxima a aprobarse no va a cambiar mucho la realidad en este sentido porque parece ser que permitirá 850 unidades de ganado mayor (UGM), que equivalen a aproximadamente 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo, y son muy escasas las explotaciones en España que superen esas cantidades.

El presidente de ANPROGAPOR ha explicado que desde 2000 ya hay normativa en el sector porcino, impulsada además por los propios ganaderos, y la nueva norma aprobada en 2020 no cambió nada en ese aspecto, las cifras siguen siendo las mismas. Actualmente se permiten 720 UGM, que se pueden ampliar en un 20% si la comunidad autónoma en cuestión lo permite. Con esa hipotética ampliación, en cada granja habría un máximo de 750 madres en ciclo cerrado o de 7.200 plazas de cebo, una cantidad 100 veces menor que la instalación que se va levantar en China y que acogerá a 84.000 madres en ciclo cerrado. Higuera se pregunta que, si la finalidad de Garzón es acabar con la ganadería intensiva en España, «¿qué nos va a quedar luego? ¿Comprar la carne a esas explotaciones que además tienen una calidad de producto inferior?» Porque cambiar a extensivo todo lo que hoy se produce en intensivo es una utopía y la carne seguiría siendo necesaria, llegara de donde llegara.

Contaminación y bienestar.

Respecto a la posible contaminación, Higuera ha explicado a Cultum que, para poder instalar una granja, primero se ha de contar con lo que ha denominado «la base tierra», es decir, cultivos suficientes para poder usar todos los purines que salgan de la granja como abono. Y dado que no se puede aplicar a la tierra todo el purín que se quiera, cada ganadería tiene que justificar que cuenta con las hectáreas suficientes para el número de cerdos que va a criar, ya sean propias o contratadas con agricultores. Esto, además de evitar contaminación, es un excelente fertilizante para la tierra porque, además de nitrógeno, aporta materia orgánica, algo que los productos químicos no hacen. En el caso de las explotaciones de vacuno «los requisitos son similares», ha detallado Moro, y es una excelente muestra de lo que ahora se ha dado en llamar economía circular.

Además, Moro se lamenta de que Garzón se empeñe en poner el foco en la ganadería como principal problema de emisiones de gases de efecto invernadero cuando, según explica, «solo genera el 7% de las emisiones de nuestro país. No confundamos a la población. Es una irresponsabilidad culpar a la ganadería de esa manera».

En cuanto a los «animales maltratados» de Garzón, tanto Moro como Higuera coinciden en que la regulación europea es tremendamente estricta en cuanto a temperaturas, luz, agua, alimentación, espacio... Eso hace que los animales se críen en las mejores condiciones del mundo, por lo que los productos que se obtienen de ellos son de una altísima calidad. Si esto no fuera así, sería difícilmente explicable que más de 150 países compraran carne a España todos los años. De hecho, algunos de estos países exigen a los ganaderos requisitos incluso mayores que los que ya impone la legislación de la UE. Moro ha detallado cómo «naciones como Libia requieren a los ganaderos españoles prácticas más estrictas que las que exige la UE y que ellos ni siquiera cumplen ni cumplirán en años».

Higuera ha explicado también las exigencias de China en ese sentido. Son obligatorias pruebas documentales que se certifican con auditorías de las propias autoridades asiáticas. Y esto no es exclusivo de China o Libia. Que la carne exportada por España haya sido criada en mejores condiciones (bienestar animal, sanidad alimentaria, contaminantes...) que la que se produce en los propios países de destino es lo habitual. Moro explica que «la Unión Europea no compite en precio, sino en calidad». Los países importadores no compran carne española porque sea barata, sino porque saben que es una excelente carne obtenida con los estándares de producción más altos del mundo. Se trata de un modelo muy exigente y costoso y los resultados se aprecian en el extranjero.

Además existen garantías de sobra de que ese sistema tan exigente se cumple. En primer lugar, son los ganaderos los propios interesados en adecuarse a las normas. Incluso muchos, ha apuntillado Moro, van unos pasos por delante, como en el caso de la nueva norma de ordenación para el vacuno, que algunos ya cumplen antes de entrar en vigor. Aparte de esto, existen rigurosos controles por parte de la administración que pueden acarrear sanciones nada despreciables si encuentran alguna irregularidad. Higuera habla de «prácticamente un 100% de inspecciones exitosas, y hay 86.000 granjas de porcino en España. Son los propios ganaderos los que quieren esas inspecciones aleatorias porque eso garantiza que todos compiten en igualdad de condiciones».

Lo que no se cuenta sobre la emisión de gases.

Cuando se habla de la ganadería, se pone el foco principalmente en las emisiones de metano, ya que la ganadería aviar y porcina intensiva es la responsable del 38% del total emitido en España (por detrás de los vertederos con un 56%) mientras que es responsable del 24% del óxido nitroso producido (detrás del sector energético, con el 34% del total). Sin embargo, nadie cuenta que el metano representa el 0,29% del total de las emisiones y el N2O el 0,003%, frente al dióxido de carbono, en el que la ganadería no tiene un papel relevante y que acapara el 99,7% del total, según los datos aportados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en 2020.