Con el verano a la vuelta de la esquina, el calor acaparando el protagonismo y el sol invitando a doblegarse a su inevitable atractivo que aporte, no solo el tono tostado a nuestra piel, sino también la vitamina D  tan necesaria tras semanas de confinamiento, los que tienen la suerte de tener una urbanización con piscina privada se han frotado las manos al ver que el Gobierno autorizaba el uso de estas instalaciones. Pero la alegría les ha durado poco. Cuando han tenido el Boletín Oficial del Estado en sus manos han visto cómo lo que parecía una bocanada de aire fresco se ha transformado en un mar de dudas. 

Las incógnitas que hay en torno a la Orden del Ministerio de Sanidad publicada el pasado sábado, 16 de mayo, en relación al uso de las piscinas recreativas para la fase II de la desescalada son muchas, y la conclusión a la que ha llegado un gran número de comunidades de propietarios es la misma: la apertura de sus piscinas podría ser un espejismo si no modifican y flexibilizan las condiciones actuales. 

Pero, ¿qué criterios son los que establece el Gobierno? Uno de ellos es el aforo, que se limita al treinta por ciento de la capacidad máxima de la instalación. Pero, si no se puede respetar la distancia de seguridad de dos metros, el acceso se reducirá hasta que se pueda cumplir con esta medida. 

Otro de los requisitos que se ha establecido es que para poder acceder a las instalaciones comunitarias habrá que concertar cita previa, lo que conlleva una organización  horaria por turnos entre los vecinos, de manera que, los vecinos que cuenten con la supuesta autorización no podrán entrar.

Los propietarios que mantengan las instalaciones abiertas tendrán que intensificar su desinfección y limpieza a diario que, en caso de ser superficies de contacto frecuente, deberá realizarse tres veces al día. A ello hay que sumar las labores de control de calidad del agua y mantenimiento de las piscinas, por lo que supondrá un incremento del gasto.

Además, los vecinos que tengan baños o vestuarios en las piscinas, deberán contar con productos desinfectantes y geles hidroalcohólicos, salvo la zona de duchas, que deberán estar cerradas.

La orden ministerial también obliga a establecer en las zonas de estancia «una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios».

Se da la circunstancia de que, la decisión de los vecinos de hacer uso o no de las instalaciones y asumir los posibles sobrecostes tendrán que ratificarse por mayoría en Junta General de Propietarios, cuyas reuniones no están autorizadas. «Todo acuerdo que vaya a privar de un elemento común debe pasar por la Junta de Propietarios y todos deben estar de acuerdo», recuerda el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de LaRioja, Constantino Pascual. 

«Un sinsentido». Tal y como defendió el martes el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, Pascual advierte que la mayor parte de las comunidades de la región no podrá cumplir las medidas del Gobierno, que han generado un «caos tremendo» entre los propietarios y que califica de «sinsentido», por lo que pide se dicten «instrucciones claras y detalladas» y que la normativa sea igual para todo el conjunto del país. 

Se pregunta, en este sentido, cómo se va controlar el aforo de las instalaciones si las comunidades no tienen calculada la capacidad máxima ni la obligación de tener un vigilante, por lo ve «prácticamente imposible» hacer un seguimiento de los accesos, especialmente en urbanizaciones grandes. Entiende que, de mantenerse estos criterios, las comunidades tendrían que asumir la contratación de tres o cuatro personas para poder cumplir con los requisitos de limpieza, desinfección y mantenimiento.

Pascual se lamenta de que es «un problemón» el que tienen y confía en que para San Bernabé, que es cuando suele iniciarse la temporada en la mayor parte de las comunidades de La Rioja, puedan haberse solventado las dudas. De lo contrario, teme que se pueda dar un aumento de la conflictividad vecinal, ya que puede darse un aumento de las denuncias entre vecinos por incumplir la normativa.